Santo Domingo, RD.- Para evadir el compromiso de pago de unos cargamentos de cocaína, César Emilio Peralta (el Abusador) se ocultó en varias ocasiones de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y de su hijo Jeifry del Rosario Gautier. Nacionales
César el Abusdor enganó aToño Leña y su hijo, según reportaje del Listín Diario
Santo Domingo, RD.- Para evadir el compromiso de pago de unos cargamentos de cocaína, César Emilio Peralta (el Abusador) se ocultó en varias ocasiones de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y de su hijo Jeifry del Rosario Gautier. Otro de los conflictos que hubo entre César el Abusador y Toño Leña y su hijo era el precio de la venta de los narcóticos, que el Abusador les vendía el kilogramo a 8,000 y 7,800 dólares, aun cuando el precio del mercado, según dicen los afectados, era 7,200 dólares, segun un reportaje del periodico Listin Diario.
El diario ha tenido acceso al documento de solicitud de extradición en contra de César Emilio Peralta Adamez, en donde se confirma que Toño Leña y el Abusador tenían una relación de compra y venta de narcóticos, pero también personal debido a que en una ocasión Toño le preguntó si podía hacer una fiesta en unos de sus clubes nocturnos. Sin embargo, luego ese vínculo se disipó.
Problemas con una deuda por kilogramos de cocaína hicieron que Toño Leña dijera “que iba a irse contra Peralta agresivamente” y que “iba a tener que perseguir a Peralta para que pagara el dinero”, según consta en los chats de comunicaciones a los que tuvieron acceso los investigadores estadounidenses.
En ese momento el intermediario entre ambos era José Jesús Tapia Pérez, uno de los presuntos cabecillas de la red de narcotráfico liderada por César Emilio Peralta, quien fue “designado” por Toño Leña como el responsable de ayudarlo a cobrar la deuda del capo.
En mayo de 2017 César le pagó 200,000 dólares a Del Rosario Puente, pero aún faltaba saldar la deuda de 180,000 dólares, debido a que la suma total era de 380,000 dólares.
En un reportaje publicado hace dos semanas en exclusiva por LISTÍN DIARIO se señala que César Peralta le dio esa cantidad por adelantado para que le suministrara 50 kilogramos de cocaína, que sería vendido a 7,600 de dólares cada kilo.
Para el 18 de mayo de 2017, Del Rosario Puente le dijo a Tapia Pérez que “la fuente de abastecimiento” le estaba cobrando el dinero que Peralta le debía, para lo que Tapia le dio el BBPIN de el Abusador para que se pudieran comunicar directamente.
Pero luego César se desapareció. “Los registros telefónicos muestran varias comunicaciones salientes de Tapia Pérez con Peralta sin mensajes de respuesta durante este periodo de tiempo, lo cual confirmó que Tapia Pérez trató, pero no se pudo comunicar con Peralta”, revela el documento.
El 25 de mayo, Del Rosario Puente le escribió a César que si “le pagaba la deuda podría obtener otros 100 kilos”.
Al otro día, el día 26, Toño Leña le dijo a Tapia Pérez que César le pagaría, pero más tarde le informó a que estaba con los dueños de la cocaína, que Peralta no contestaba ni las llamadas ni los mensajes en BBM, y “que él iba a tener que perseguir a Peralta para que pagara el dinero”.
Esa misma noche, Toño Leña le dijo a Tapia Pérez que él había conseguido más cocaína de la fuente de abastecimiento, pero dijo que se la había dado a otra persona porque Peralta no le había pagado la deuda pendiente.
A finales de mayo las autoridades dominicanas arrestaron a Darys José Báez Melo, quien era cómplice en la red de narcotráfico, y le incautaron 20 kilos de drogas. Esta persona era más cercana a Toño Leña y por esta razón este culpó a el Abusador del decomiso de droga, insinuando que los había delatado ante las autoridades de República Dominicana. “Y lo acusó de engañarlos para cancelar la deuda, indicando que los veinte kilogramos habían sido suministrados por Peralta”, dice el pliego acusatorio.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.