Santo Domingo, RD.- Para evadir el compromiso de pago de unos cargamentos de cocaína, César Emilio Peralta (el Abusador) se ocultó en varias ocasiones de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y de su hijo Jeifry del Rosario Gautier. Nacionales
César el Abusdor enganó aToño Leña y su hijo, según reportaje del Listín Diario
Santo Domingo, RD.- Para evadir el compromiso de pago de unos cargamentos de cocaína, César Emilio Peralta (el Abusador) se ocultó en varias ocasiones de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y de su hijo Jeifry del Rosario Gautier. Otro de los conflictos que hubo entre César el Abusador y Toño Leña y su hijo era el precio de la venta de los narcóticos, que el Abusador les vendía el kilogramo a 8,000 y 7,800 dólares, aun cuando el precio del mercado, según dicen los afectados, era 7,200 dólares, segun un reportaje del periodico Listin Diario.
El diario ha tenido acceso al documento de solicitud de extradición en contra de César Emilio Peralta Adamez, en donde se confirma que Toño Leña y el Abusador tenían una relación de compra y venta de narcóticos, pero también personal debido a que en una ocasión Toño le preguntó si podía hacer una fiesta en unos de sus clubes nocturnos. Sin embargo, luego ese vínculo se disipó.
Problemas con una deuda por kilogramos de cocaína hicieron que Toño Leña dijera “que iba a irse contra Peralta agresivamente” y que “iba a tener que perseguir a Peralta para que pagara el dinero”, según consta en los chats de comunicaciones a los que tuvieron acceso los investigadores estadounidenses.
En ese momento el intermediario entre ambos era José Jesús Tapia Pérez, uno de los presuntos cabecillas de la red de narcotráfico liderada por César Emilio Peralta, quien fue “designado” por Toño Leña como el responsable de ayudarlo a cobrar la deuda del capo.
En mayo de 2017 César le pagó 200,000 dólares a Del Rosario Puente, pero aún faltaba saldar la deuda de 180,000 dólares, debido a que la suma total era de 380,000 dólares.
En un reportaje publicado hace dos semanas en exclusiva por LISTÍN DIARIO se señala que César Peralta le dio esa cantidad por adelantado para que le suministrara 50 kilogramos de cocaína, que sería vendido a 7,600 de dólares cada kilo.
Para el 18 de mayo de 2017, Del Rosario Puente le dijo a Tapia Pérez que “la fuente de abastecimiento” le estaba cobrando el dinero que Peralta le debía, para lo que Tapia le dio el BBPIN de el Abusador para que se pudieran comunicar directamente.
Pero luego César se desapareció. “Los registros telefónicos muestran varias comunicaciones salientes de Tapia Pérez con Peralta sin mensajes de respuesta durante este periodo de tiempo, lo cual confirmó que Tapia Pérez trató, pero no se pudo comunicar con Peralta”, revela el documento.
El 25 de mayo, Del Rosario Puente le escribió a César que si “le pagaba la deuda podría obtener otros 100 kilos”.
Al otro día, el día 26, Toño Leña le dijo a Tapia Pérez que César le pagaría, pero más tarde le informó a que estaba con los dueños de la cocaína, que Peralta no contestaba ni las llamadas ni los mensajes en BBM, y “que él iba a tener que perseguir a Peralta para que pagara el dinero”.
Esa misma noche, Toño Leña le dijo a Tapia Pérez que él había conseguido más cocaína de la fuente de abastecimiento, pero dijo que se la había dado a otra persona porque Peralta no le había pagado la deuda pendiente.
A finales de mayo las autoridades dominicanas arrestaron a Darys José Báez Melo, quien era cómplice en la red de narcotráfico, y le incautaron 20 kilos de drogas. Esta persona era más cercana a Toño Leña y por esta razón este culpó a el Abusador del decomiso de droga, insinuando que los había delatado ante las autoridades de República Dominicana. “Y lo acusó de engañarlos para cancelar la deuda, indicando que los veinte kilogramos habían sido suministrados por Peralta”, dice el pliego acusatorio.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.