Santo Domingo, RD.- Para evadir el compromiso de pago de unos cargamentos de cocaína, César Emilio Peralta (el Abusador) se ocultó en varias ocasiones de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y de su hijo Jeifry del Rosario Gautier. Nacionales
César el Abusdor enganó aToño Leña y su hijo, según reportaje del Listín Diario
Santo Domingo, RD.- Para evadir el compromiso de pago de unos cargamentos de cocaína, César Emilio Peralta (el Abusador) se ocultó en varias ocasiones de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) y de su hijo Jeifry del Rosario Gautier. Otro de los conflictos que hubo entre César el Abusador y Toño Leña y su hijo era el precio de la venta de los narcóticos, que el Abusador les vendía el kilogramo a 8,000 y 7,800 dólares, aun cuando el precio del mercado, según dicen los afectados, era 7,200 dólares, segun un reportaje del periodico Listin Diario.
El diario ha tenido acceso al documento de solicitud de extradición en contra de César Emilio Peralta Adamez, en donde se confirma que Toño Leña y el Abusador tenían una relación de compra y venta de narcóticos, pero también personal debido a que en una ocasión Toño le preguntó si podía hacer una fiesta en unos de sus clubes nocturnos. Sin embargo, luego ese vínculo se disipó.
Problemas con una deuda por kilogramos de cocaína hicieron que Toño Leña dijera “que iba a irse contra Peralta agresivamente” y que “iba a tener que perseguir a Peralta para que pagara el dinero”, según consta en los chats de comunicaciones a los que tuvieron acceso los investigadores estadounidenses.
En ese momento el intermediario entre ambos era José Jesús Tapia Pérez, uno de los presuntos cabecillas de la red de narcotráfico liderada por César Emilio Peralta, quien fue “designado” por Toño Leña como el responsable de ayudarlo a cobrar la deuda del capo.
En mayo de 2017 César le pagó 200,000 dólares a Del Rosario Puente, pero aún faltaba saldar la deuda de 180,000 dólares, debido a que la suma total era de 380,000 dólares.
En un reportaje publicado hace dos semanas en exclusiva por LISTÍN DIARIO se señala que César Peralta le dio esa cantidad por adelantado para que le suministrara 50 kilogramos de cocaína, que sería vendido a 7,600 de dólares cada kilo.
Para el 18 de mayo de 2017, Del Rosario Puente le dijo a Tapia Pérez que “la fuente de abastecimiento” le estaba cobrando el dinero que Peralta le debía, para lo que Tapia le dio el BBPIN de el Abusador para que se pudieran comunicar directamente.
Pero luego César se desapareció. “Los registros telefónicos muestran varias comunicaciones salientes de Tapia Pérez con Peralta sin mensajes de respuesta durante este periodo de tiempo, lo cual confirmó que Tapia Pérez trató, pero no se pudo comunicar con Peralta”, revela el documento.
El 25 de mayo, Del Rosario Puente le escribió a César que si “le pagaba la deuda podría obtener otros 100 kilos”.
Al otro día, el día 26, Toño Leña le dijo a Tapia Pérez que César le pagaría, pero más tarde le informó a que estaba con los dueños de la cocaína, que Peralta no contestaba ni las llamadas ni los mensajes en BBM, y “que él iba a tener que perseguir a Peralta para que pagara el dinero”.
Esa misma noche, Toño Leña le dijo a Tapia Pérez que él había conseguido más cocaína de la fuente de abastecimiento, pero dijo que se la había dado a otra persona porque Peralta no le había pagado la deuda pendiente.
A finales de mayo las autoridades dominicanas arrestaron a Darys José Báez Melo, quien era cómplice en la red de narcotráfico, y le incautaron 20 kilos de drogas. Esta persona era más cercana a Toño Leña y por esta razón este culpó a el Abusador del decomiso de droga, insinuando que los había delatado ante las autoridades de República Dominicana. “Y lo acusó de engañarlos para cancelar la deuda, indicando que los veinte kilogramos habían sido suministrados por Peralta”, dice el pliego acusatorio.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.