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Torres Robiou utilizaba fondos del Cestur para costear gastos personales.
Santo Domingo, RD. Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea Dominicana y ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), distraía fondos de esa entidad para costearse ropa de marca, pagar tarjetas de crédito e incluso, la matrícula de sus hijos, entre otros, según el Ministerio Público.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la noche del viernes 19, empleados del departamento financiero del Cestur debían realizar pagos fijos de índole personal que correspondían al entonces director de la institución.
El mantenimiento de un apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo; depósitos fijos en un banco nacional bajo el concepto de “Arroyo Naranjo”refiriéndose a varias propiedades que posee el imputado en Jarabacoa; además de las matrículas del colegio de los hijos, entre otros, son algunos de los pagos fijos que detalla el expediente, señalando además que eran realizados por un empleado de apellido Abreu Padilla, siguiendo instrucciones de Robiou.
A la lista se agregan pagos de tarjetas de crédito de la pareja de servidores públicos, así como también compras de ropa, zapatos y accesorios en costosas tiendas que, aunque se pueden entender como gastos de representación, las autoridades especifican quese realizaban distrayendo fondos de la seguridad turística, “sin obviar los fondos en efectivos que recibía”.
El general de brigada, piloto Juan Carlos Torre Robiou, fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace 7 años, el 18 de agosto de 2014. El general, arrestado el pasado miércoles, asumió su función tras la emisión del decreto presidencial núm. 302-14, firmado por el ex presidente Danilo Medina Sánchez.
Estilo de vida inexplicable
Torres Robiou, casado con la exfuncionaria Greybby Maria Cuello Coste, tenía un estilo de vida que, aún con los ingresos de su esposa, es considerado por los fiscales como injustificable.
Por sus funciones en la FARD y el Cestur, según certificaciones solicitadas entre mayo y julio por el Ministerio Público a ambas instituciones, desde el año 2014 hasta el 2021 el imputado percibió unos RD $16,500,009.73 que abarcan salarios, bonificaciones del Cestur y 72 incentivos de la FARD.
A eso se suman los ingresos de Greybby María Cuello Coste, esposa de Robiou, quien también era funcionaria pública y devengó un salario “más cuantioso” durante los cuatro meses que fungió como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), entre abril y agosto de 2020.
Pero los 270,000 pesos mensuales, más gastos por transporte y de representación que cobró Cuello Coste tampoco fue monto suficiente para que exista, según los fiscales e investigadores, correlación entre sus ganancias y las propiedades que poseen, entre ellas un apartamento valorado en medio millón de dólares.
Asimismo, poseen en comunidad de bienes al menos 9 vehículos de marcas BMW, Lexus y Jeep, entre otros, la mayoría de años recientes a excepción de una camioneta Nissan Frontier, año 2022, y un automóvil de la firma alemana, año 2006.
Una razón más por la que la Pepca considera que la pareja Robiou-Cuello no tiene cómo justificar el costoso estilo de vida que poseen con tales ingresos son las elevadas cuotas e, incluso, pagos anticipados de diversos préstamos adquiridos entre 2014 y 2020.
Esta es una actitud sospechosa para quienes hacen la acusación, puesto que una tipología criminal frecuente es la solicitud recurrente de préstamos con el fin de jusitificar la adquisición de bienes producto de actividades ilícitas.
«Los bienes adquiridos se pagan con los préstamos y los préstamos se pagan con el dinero ilícito adquirido», explican los fiscales en el documento que depositaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Declaración dispar
Llamó la atención de las autoridades la exponencial disparidad que existe entre la declaración de bienes de Robiou y su esposa en el año 2020.
Siendo una pareja de esposos en comunidad de bienes, cada uno declaró cantidades diferentes que resultaron en una millonaria diferencia de RD $4,437,500.
La actualización que hizo Torres Robiou a su declaración jurada cuando fue confirmado en septiembre de 2020 como director del Cestur a la salida del último mandato del expresidente Danilo Medina, fue de RD $1,723,000.
Por el contrario, la declaración jurada de su esposa Greybby Maria Cuello Coste cuando fue nombrada como presidenta ejecutiva del Conani en abril de 2020 presenta RD $6,160,500.
Coral 5G
“Coral 5G”, así ha sido denominada la más reciente investigación de la Pepca que involucra, además del general Torres Robiou, a otros tres generales y más miembros de altos rangos activos en las filas castrenses, acusados de pertenecer a un entramado que movió al menos RD $4,500 millones en propiedades y productos financieros.
Junto al exdirector del Cestur se encuentran apresados hace dos días el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y la cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez , así como también Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Hasta el momento las autoridades han incautado unas 125 propiedades a los involucrados en el caso, luego de realizar al menos 49 allanamientos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, La Vega y Santiago la noche del pasado miércoles.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.