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Torres Robiou utilizaba fondos del Cestur para costear gastos personales.
Santo Domingo, RD. Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea Dominicana y ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), distraía fondos de esa entidad para costearse ropa de marca, pagar tarjetas de crédito e incluso, la matrícula de sus hijos, entre otros, según el Ministerio Público.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la noche del viernes 19, empleados del departamento financiero del Cestur debían realizar pagos fijos de índole personal que correspondían al entonces director de la institución.
El mantenimiento de un apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo; depósitos fijos en un banco nacional bajo el concepto de “Arroyo Naranjo”refiriéndose a varias propiedades que posee el imputado en Jarabacoa; además de las matrículas del colegio de los hijos, entre otros, son algunos de los pagos fijos que detalla el expediente, señalando además que eran realizados por un empleado de apellido Abreu Padilla, siguiendo instrucciones de Robiou.
A la lista se agregan pagos de tarjetas de crédito de la pareja de servidores públicos, así como también compras de ropa, zapatos y accesorios en costosas tiendas que, aunque se pueden entender como gastos de representación, las autoridades especifican quese realizaban distrayendo fondos de la seguridad turística, “sin obviar los fondos en efectivos que recibía”.
El general de brigada, piloto Juan Carlos Torre Robiou, fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace 7 años, el 18 de agosto de 2014. El general, arrestado el pasado miércoles, asumió su función tras la emisión del decreto presidencial núm. 302-14, firmado por el ex presidente Danilo Medina Sánchez.
Estilo de vida inexplicable
Torres Robiou, casado con la exfuncionaria Greybby Maria Cuello Coste, tenía un estilo de vida que, aún con los ingresos de su esposa, es considerado por los fiscales como injustificable.
Por sus funciones en la FARD y el Cestur, según certificaciones solicitadas entre mayo y julio por el Ministerio Público a ambas instituciones, desde el año 2014 hasta el 2021 el imputado percibió unos RD $16,500,009.73 que abarcan salarios, bonificaciones del Cestur y 72 incentivos de la FARD.
A eso se suman los ingresos de Greybby María Cuello Coste, esposa de Robiou, quien también era funcionaria pública y devengó un salario “más cuantioso” durante los cuatro meses que fungió como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), entre abril y agosto de 2020.
Pero los 270,000 pesos mensuales, más gastos por transporte y de representación que cobró Cuello Coste tampoco fue monto suficiente para que exista, según los fiscales e investigadores, correlación entre sus ganancias y las propiedades que poseen, entre ellas un apartamento valorado en medio millón de dólares.
Asimismo, poseen en comunidad de bienes al menos 9 vehículos de marcas BMW, Lexus y Jeep, entre otros, la mayoría de años recientes a excepción de una camioneta Nissan Frontier, año 2022, y un automóvil de la firma alemana, año 2006.
Una razón más por la que la Pepca considera que la pareja Robiou-Cuello no tiene cómo justificar el costoso estilo de vida que poseen con tales ingresos son las elevadas cuotas e, incluso, pagos anticipados de diversos préstamos adquiridos entre 2014 y 2020.
Esta es una actitud sospechosa para quienes hacen la acusación, puesto que una tipología criminal frecuente es la solicitud recurrente de préstamos con el fin de jusitificar la adquisición de bienes producto de actividades ilícitas.
«Los bienes adquiridos se pagan con los préstamos y los préstamos se pagan con el dinero ilícito adquirido», explican los fiscales en el documento que depositaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Declaración dispar
Llamó la atención de las autoridades la exponencial disparidad que existe entre la declaración de bienes de Robiou y su esposa en el año 2020.
Siendo una pareja de esposos en comunidad de bienes, cada uno declaró cantidades diferentes que resultaron en una millonaria diferencia de RD $4,437,500.
La actualización que hizo Torres Robiou a su declaración jurada cuando fue confirmado en septiembre de 2020 como director del Cestur a la salida del último mandato del expresidente Danilo Medina, fue de RD $1,723,000.
Por el contrario, la declaración jurada de su esposa Greybby Maria Cuello Coste cuando fue nombrada como presidenta ejecutiva del Conani en abril de 2020 presenta RD $6,160,500.
Coral 5G
“Coral 5G”, así ha sido denominada la más reciente investigación de la Pepca que involucra, además del general Torres Robiou, a otros tres generales y más miembros de altos rangos activos en las filas castrenses, acusados de pertenecer a un entramado que movió al menos RD $4,500 millones en propiedades y productos financieros.
Junto al exdirector del Cestur se encuentran apresados hace dos días el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y la cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez , así como también Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Hasta el momento las autoridades han incautado unas 125 propiedades a los involucrados en el caso, luego de realizar al menos 49 allanamientos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, La Vega y Santiago la noche del pasado miércoles.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.