Nacionales
Torres Robiou utilizaba fondos del Cestur para costear gastos personales.
Santo Domingo, RD. Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea Dominicana y ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), distraía fondos de esa entidad para costearse ropa de marca, pagar tarjetas de crédito e incluso, la matrícula de sus hijos, entre otros, según el Ministerio Público.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la noche del viernes 19, empleados del departamento financiero del Cestur debían realizar pagos fijos de índole personal que correspondían al entonces director de la institución.
El mantenimiento de un apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo; depósitos fijos en un banco nacional bajo el concepto de “Arroyo Naranjo”refiriéndose a varias propiedades que posee el imputado en Jarabacoa; además de las matrículas del colegio de los hijos, entre otros, son algunos de los pagos fijos que detalla el expediente, señalando además que eran realizados por un empleado de apellido Abreu Padilla, siguiendo instrucciones de Robiou.
A la lista se agregan pagos de tarjetas de crédito de la pareja de servidores públicos, así como también compras de ropa, zapatos y accesorios en costosas tiendas que, aunque se pueden entender como gastos de representación, las autoridades especifican quese realizaban distrayendo fondos de la seguridad turística, “sin obviar los fondos en efectivos que recibía”.
El general de brigada, piloto Juan Carlos Torre Robiou, fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace 7 años, el 18 de agosto de 2014. El general, arrestado el pasado miércoles, asumió su función tras la emisión del decreto presidencial núm. 302-14, firmado por el ex presidente Danilo Medina Sánchez.
Estilo de vida inexplicable
Torres Robiou, casado con la exfuncionaria Greybby Maria Cuello Coste, tenía un estilo de vida que, aún con los ingresos de su esposa, es considerado por los fiscales como injustificable.
Por sus funciones en la FARD y el Cestur, según certificaciones solicitadas entre mayo y julio por el Ministerio Público a ambas instituciones, desde el año 2014 hasta el 2021 el imputado percibió unos RD $16,500,009.73 que abarcan salarios, bonificaciones del Cestur y 72 incentivos de la FARD.
A eso se suman los ingresos de Greybby María Cuello Coste, esposa de Robiou, quien también era funcionaria pública y devengó un salario “más cuantioso” durante los cuatro meses que fungió como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), entre abril y agosto de 2020.
Pero los 270,000 pesos mensuales, más gastos por transporte y de representación que cobró Cuello Coste tampoco fue monto suficiente para que exista, según los fiscales e investigadores, correlación entre sus ganancias y las propiedades que poseen, entre ellas un apartamento valorado en medio millón de dólares.
Asimismo, poseen en comunidad de bienes al menos 9 vehículos de marcas BMW, Lexus y Jeep, entre otros, la mayoría de años recientes a excepción de una camioneta Nissan Frontier, año 2022, y un automóvil de la firma alemana, año 2006.
Una razón más por la que la Pepca considera que la pareja Robiou-Cuello no tiene cómo justificar el costoso estilo de vida que poseen con tales ingresos son las elevadas cuotas e, incluso, pagos anticipados de diversos préstamos adquiridos entre 2014 y 2020.
Esta es una actitud sospechosa para quienes hacen la acusación, puesto que una tipología criminal frecuente es la solicitud recurrente de préstamos con el fin de jusitificar la adquisición de bienes producto de actividades ilícitas.
«Los bienes adquiridos se pagan con los préstamos y los préstamos se pagan con el dinero ilícito adquirido», explican los fiscales en el documento que depositaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Declaración dispar
Llamó la atención de las autoridades la exponencial disparidad que existe entre la declaración de bienes de Robiou y su esposa en el año 2020.
Siendo una pareja de esposos en comunidad de bienes, cada uno declaró cantidades diferentes que resultaron en una millonaria diferencia de RD $4,437,500.
La actualización que hizo Torres Robiou a su declaración jurada cuando fue confirmado en septiembre de 2020 como director del Cestur a la salida del último mandato del expresidente Danilo Medina, fue de RD $1,723,000.
Por el contrario, la declaración jurada de su esposa Greybby Maria Cuello Coste cuando fue nombrada como presidenta ejecutiva del Conani en abril de 2020 presenta RD $6,160,500.
Coral 5G
“Coral 5G”, así ha sido denominada la más reciente investigación de la Pepca que involucra, además del general Torres Robiou, a otros tres generales y más miembros de altos rangos activos en las filas castrenses, acusados de pertenecer a un entramado que movió al menos RD $4,500 millones en propiedades y productos financieros.
Junto al exdirector del Cestur se encuentran apresados hace dos días el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y la cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez , así como también Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Hasta el momento las autoridades han incautado unas 125 propiedades a los involucrados en el caso, luego de realizar al menos 49 allanamientos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, La Vega y Santiago la noche del pasado miércoles.
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que Las intensas lluvias que afectan el país han dejado en las últimas 24 horas 23 comunidades incomunicadas y 880 personas desplazadas.
El organismo también reporta tres viviendas destruidas, 59 afectadas parcialmente y 176 con daños, como consecuencia de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.
El COE detalla que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares como medida de prevención ante el avance de las lluvias.
Tal es el caso de la provincia de Elías Piña, donde se registró un deslizamiento de tierra, que afectó parcialmente dos viviendas, lo que obligó al desplazamiento de unas diez personas hacia casas de familiares y amigos.En Sánchez Ramírez, las condiciones climáticas provocaron la caída de cinco postes del tendido eléctrico en el distrito municipal de Angelina, específicamente en el sector Barrio Lindo.
Asimismo, en Cotuí, varios árboles cayeron sobre la carretera Cotuí-Platanal debido a los fuertes vientos, lo que obligó a brigadas a realizar labores de despeje, mientras en el sector Vista del Valle también reportó afectaciones.
El desbordamiento del río Majagual ha dejado incomunicadas a las comunidades de Blanco de Jima Abajo con Fantino, en la provincia de La Vega, dificultando el tránsito y el acceso a servicios básicos.
En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua, se registraron inundaciones urbanas en los sectores Cumajón y Guayo.
En San Juan, las lluvias provocaron anegaciones en la comunidad de Pedro Corto, aunque sin daños a viviendas, así como en el kilómetro 5 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán.
Uno de los casos más críticos ocurrió en Samaná, donde el desbordamiento del río El Limón destruyó una vivienda y anegó otra, causando la pérdida de ajuares. Las familias afectadas fueron trasladadas a casas de allegados.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que siete acueductos se encuentran fuera de servicio debido a las lluvias, afectando a unos 86,500 usuarios en distintas localidades.
Ante este panorama, el COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Nacionales
Gente que no entiende por qué no se ha convocado al CNM para evaluar jueces de la Suprema.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Abinader fue emplazado por la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar «de manera inmediata» a ese órgano para iniciar la evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional venció el pasado 4 de abril.
La organización recordó que once magistrados se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.
Advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.
La ROI subrayó que, aunque la Constitución no fija un plazo específico para realizar la convocatoria del CNM, sí establece que el proceso debe llevarse a cabo una vez cumplido el período de siete años desde la designación de los jueces.
El colectivo también alertó sobre la necesidad de evitar las controversias que marcaron el proceso de evaluación de 2025, el cual —según indicó— estuvo rodeado de cuestionamientos por falta de transparencia, escasa motivación en las decisiones y la aplicación de criterios no contemplados en la normativa.
Asimismo, expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos jueces opten por no someterse a la evaluación, como reacción a experiencias previas consideradas injustas o lesivas a la independencia judicial. Citó como ejemplo los casos de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez.
«Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en juego es la legitimidad de la justicia«, advirtió la entidad.
En ese sentido, la ROI insistió en que la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ y de otras altas cortes debe basarse en criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados con total transparencia, garantizando el debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.
La organización informó que puso en circulación un informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025, en el que recoge las principales incidencias del proceso anterior y formula recomendaciones para fortalecer futuros procedimientos.
La ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano, segun Luis Abinader, trabaja diariamente para estabilizar precios en los principales productos de la canasta basica familiar, en medio de la guerra en Oriente Próximo, cuyas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas.
Amortiguar los precios de los alimentos básicos ha sido uno de los principales objetivos del gobierno.
El lunes, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, aseguró que ningún producto ha subido de precio y agregó que el abastecimiento del país “no ha tenido problemas”.
“El gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis”, explicó Lovaton.
República Dominicana ha sufrido los efectos del conflicto en Medio Oriente, principalmente con los precios de los combustibles, que ya han subido en tres ocasiones. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el plan para enfrentar la crisis internacional “consiste en la aplicación de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y los fertilizantes”.
Al menos 25 de un total de 60 vehículos recibió el Inespre para mejorar la cadena de distribución de alimentos a precios asequibles, según explicó Abinader.
El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, beneficiando a dos actores de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.
“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana”, dijo el funcionario.