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Torres Robiou utilizaba fondos del Cestur para costear gastos personales.
Santo Domingo, RD. Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea Dominicana y ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), distraía fondos de esa entidad para costearse ropa de marca, pagar tarjetas de crédito e incluso, la matrícula de sus hijos, entre otros, según el Ministerio Público.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, depositada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la noche del viernes 19, empleados del departamento financiero del Cestur debían realizar pagos fijos de índole personal que correspondían al entonces director de la institución.
El mantenimiento de un apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo; depósitos fijos en un banco nacional bajo el concepto de “Arroyo Naranjo”refiriéndose a varias propiedades que posee el imputado en Jarabacoa; además de las matrículas del colegio de los hijos, entre otros, son algunos de los pagos fijos que detalla el expediente, señalando además que eran realizados por un empleado de apellido Abreu Padilla, siguiendo instrucciones de Robiou.
A la lista se agregan pagos de tarjetas de crédito de la pareja de servidores públicos, así como también compras de ropa, zapatos y accesorios en costosas tiendas que, aunque se pueden entender como gastos de representación, las autoridades especifican quese realizaban distrayendo fondos de la seguridad turística, “sin obviar los fondos en efectivos que recibía”.
El general de brigada, piloto Juan Carlos Torre Robiou, fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace 7 años, el 18 de agosto de 2014. El general, arrestado el pasado miércoles, asumió su función tras la emisión del decreto presidencial núm. 302-14, firmado por el ex presidente Danilo Medina Sánchez.
Estilo de vida inexplicable
Torres Robiou, casado con la exfuncionaria Greybby Maria Cuello Coste, tenía un estilo de vida que, aún con los ingresos de su esposa, es considerado por los fiscales como injustificable.
Por sus funciones en la FARD y el Cestur, según certificaciones solicitadas entre mayo y julio por el Ministerio Público a ambas instituciones, desde el año 2014 hasta el 2021 el imputado percibió unos RD $16,500,009.73 que abarcan salarios, bonificaciones del Cestur y 72 incentivos de la FARD.
A eso se suman los ingresos de Greybby María Cuello Coste, esposa de Robiou, quien también era funcionaria pública y devengó un salario “más cuantioso” durante los cuatro meses que fungió como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez (Conani), entre abril y agosto de 2020.
Pero los 270,000 pesos mensuales, más gastos por transporte y de representación que cobró Cuello Coste tampoco fue monto suficiente para que exista, según los fiscales e investigadores, correlación entre sus ganancias y las propiedades que poseen, entre ellas un apartamento valorado en medio millón de dólares.
Asimismo, poseen en comunidad de bienes al menos 9 vehículos de marcas BMW, Lexus y Jeep, entre otros, la mayoría de años recientes a excepción de una camioneta Nissan Frontier, año 2022, y un automóvil de la firma alemana, año 2006.
Una razón más por la que la Pepca considera que la pareja Robiou-Cuello no tiene cómo justificar el costoso estilo de vida que poseen con tales ingresos son las elevadas cuotas e, incluso, pagos anticipados de diversos préstamos adquiridos entre 2014 y 2020.
Esta es una actitud sospechosa para quienes hacen la acusación, puesto que una tipología criminal frecuente es la solicitud recurrente de préstamos con el fin de jusitificar la adquisición de bienes producto de actividades ilícitas.
«Los bienes adquiridos se pagan con los préstamos y los préstamos se pagan con el dinero ilícito adquirido», explican los fiscales en el documento que depositaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Declaración dispar
Llamó la atención de las autoridades la exponencial disparidad que existe entre la declaración de bienes de Robiou y su esposa en el año 2020.
Siendo una pareja de esposos en comunidad de bienes, cada uno declaró cantidades diferentes que resultaron en una millonaria diferencia de RD $4,437,500.
La actualización que hizo Torres Robiou a su declaración jurada cuando fue confirmado en septiembre de 2020 como director del Cestur a la salida del último mandato del expresidente Danilo Medina, fue de RD $1,723,000.
Por el contrario, la declaración jurada de su esposa Greybby Maria Cuello Coste cuando fue nombrada como presidenta ejecutiva del Conani en abril de 2020 presenta RD $6,160,500.
Coral 5G
“Coral 5G”, así ha sido denominada la más reciente investigación de la Pepca que involucra, además del general Torres Robiou, a otros tres generales y más miembros de altos rangos activos en las filas castrenses, acusados de pertenecer a un entramado que movió al menos RD $4,500 millones en propiedades y productos financieros.
Junto al exdirector del Cestur se encuentran apresados hace dos días el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
Asimismo, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y la cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez , así como también Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Hasta el momento las autoridades han incautado unas 125 propiedades a los involucrados en el caso, luego de realizar al menos 49 allanamientos en el Distrito Nacional, y las provincias Santo Domingo, La Vega y Santiago la noche del pasado miércoles.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.