Los agentes emprenden el viaje por el Darién hacia Estados Unidos decepcionados de los bajos salarios, la politización y la inestabilidad laboral

Caracas.-Los cuerpos policiales en Venezuela se están vaciando. Renuncias, solicitudes de bajas y deserciones se multiplican en los últimos meses. La crisis económica se agrava, luego de una difusa recuperación durante 2022, y los policías se están yendo uno tras otro, de las instituciones y del país sudamericano, quizás con mejores condiciones físicas para cruzar la peligrosa selva del Darién entre los cientos de miles migrantes que lo han intentado este año. Así lo hizo el oficial jefe Omar Rincón, funcionario de una policía local de Caracas, que empezó la travesía a mediados de julio y hace una semana llegó a Estados Unidos vía Arizona. “Esperé más de un mes a que me dieran mi baja, vendí mi moto, agarré unos pocos ahorros y me vine”.

Rincón llevó enlatados, galletas y mudas de ropa. Tomó lanchas, piraguas y buses; caminó por trochas de noche, esquivó las migraciones en los países más complicados en el trayecto hacia el norte y llegó a Ciudad de México donde hizo la cita para la solicitud de ingreso a través de la aplicación CBT One que implementó este año el Gobierno de Estados Unidos para intentar encausar el enorme flujo de migrantes que se acumula en la frontera sur. El dinero que llevó lo fue dejando cada parada para pagar transportes, coyotes y guías. Caracas, Cúcuta, Medellín, Necoclí, la selva del Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, “otro país que se llama Guatemala”, Tapachula, Ciudad de México, Hermosillo, Nogales, Arizona, Nueva York, y pronto viajará a Atlanta donde ha conseguido un trabajo. “En el camino me encontré a seis compañeros de la policía esperando sus citas, algunos de ellos tomaron la bestia (tren de carga que recorre México y al que se suben de forma irregular los migrantes para llegar a la frontera). Hasta ahora, de mi grupo, soy el único que ya entró a Estados Unidos. Creo que he tenido suerte”.

Este grupo de migrantes venezolanos no solo comparten su pasado de uniformados, sino también las motivaciones para irse. “Tenía 15 años de servicio y todo iba en picada. Me fui por mí, por mí hija”, dice Rincón por teléfono. “La injerencia de la política en la policía ha complicado las cosas. La remuneración salarial, las condiciones, no cuentas con la logística para ejercer la profesión como un funcionario digno”. La dotación de uniformes y botas, a veces incluso hasta las municiones dentro de un mercado informal, corren por cuenta del funcionario en muchas instituciones, cuyos salarios rondan los 20 dólares al mes en promedio.

El grupo de los 618 “cursos”

Durante uno de los tantos operativos emprendidos contra la peligrosa banda del Koki en el barrio Cota 905, en el oeste de Caracas, las esquirlas de una granada impactaron a otro policía, que prefiere no identificarse. La institución para la trabajaba no tenía activo el seguro médico por falta de pago, por lo que tuvo costearse la atención de las heridas con los 14 dólares mensuales que percibía entonces. Hace un año y dos meses que está en Estados Unidos, tras 11 años de servicio en varios cuerpos policiales de Venezuela y después de haber cruzado el Darién en una de las temporadas más duras, cuando todavía no se habían instalado los campamentos de agencias humanitarias y el trayecto se hacía en más de una semana caminando. “En el camino vi como 12 muertos y le salvamos la vida a una cubana que estaba descompensada con las herramientas de primeros auxilios que yo sé como policía”, recuerda por teléfono desde New Jersey, donde hace delivery en su propio coche.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha hecho una enorme inversión en dinero y recursos para las policías del país, sobre todo para la Policía Nacional Bolivariana, fundada en 2009 junto con la universidad, fundamentado en el principio de la “unión cívico-militar- policial” como fuente de poder y control social del chavismo. El pie de la PNB está en unos 40.000 funcionarios. Las policías estatales y regionales, que alguna vez fueron poderosas y autónomas, están regidas ahora al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Salvo excepciones, se han ido debilitando en recursos y personal en estos años, particularmente si son gobernadas por políticos opositores, puesto que el Gobierno central les niega los recursos que les corresponden. Tienen menos atribuciones y armamento para enfrentar al hampa que la PNB, aunque la precariedad salarial los iguala.

El abogado y criminólogo Luis Izquiel apunta que los salarios de la policía venezolana son los más bajos de Sudamérica. Y son más bajos aún en las policías regionales. “Un policía gana un salario que ronda entre los 100 y los 20 dólares mensuales si está comenzando. Hay primas, beneficios, seguros, pero son modestos. Sin embargo hay filas, muchos voluntarios que quieren entrar a la PNB”. En esto coincide Javier Gorriño, experimentado comisario, criminólogo y profesor universitario, que dirige el área de seguridad ciudadana de la Alcaldía de El Hatillo, una zona de clase media-alta en el este de Caracas. “A los muchachos les gusta mucho el trabajo, pero con los sueldos no se puede tener una familia, pues el principal dolor de cabeza aquí es la comida diaria”, reconoce.

“Hay que considerar el espíritu de aventura de todo policía, su vocación implica todo eso. Por eso hay unos que toman caminos como el Darién, muy de moda entre los policías, pero hay otros que lamentablemente toman el camino de la izquierda, que es el de la corrupción, el llamado matraqueo (cobro de coimas en dinero, favores o servicios a comerciantes y particulares), para redondearse los ingresos y hasta para paliar las propias deficiencias de las instituciones, lo que lleva a una confusión de valores”.

Esta semana, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la segunda ciudad del país, ubicada en Zulia, estado fronterizo con Colombia, también reconocía el éxodo con preocupación. “Nuestros funcionarios policiales son los primeros en sentirse en condición física de irse por el Darién. La semana pasada se habían ido al menos 22 funcionarios, piden la baja y cruzan por el Darién”, dijo en una rueda de prensa en la que agregó que el número de agentes era insuficiente para resguardar la ciudad y que con los policías activos cubrían apenas 10% del territorio.

Desprofesionalización y letalidad

“Es difícil tener data del número de policías o agentes de seguridad que han emigrado, porque el Gobierno no publica esa información desde 2012″, afirma Rocío San Miguel, abogado y directora de la ONG Control Ciudadano. “Pero es muy evidente que aumenta el número de oficiales que pide baja, de policías que emigran por zonas fronterizas, sobre todo regionales”. Control Ciudadano distingue como causas, tanto para policías como para militares, “salarios insuficientes, estabilidad laboral, participación política y desprofesionalización”. El oficial jefe Rincón, recién llegado a Nueva York, dice que las generaciones que se están formando ahora no tienen expectativas y que no hay posibilidades reales de un ascenso. “No están recibiendo el entrenamiento y la disciplina que recibimos otros”.

Esta desprofesionalización y politización también tiene su correlato en otras cifras alarmantes que describen a las instituciones policiales venezolanas como las más letales en la región: 1 de cada 3 homicidios en Venezuela son cometidos por agentes de seguridad del Estado, según un informe del Monitor del Uso de Fuerza Letal en Venezuela presentado el año pasado. A esto se suma el expediente de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Misión de Determinación de los Hechos ordenada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, desde donde se exhortó a la supresión del cuerpo élite de la PNB, las Fuerzas de Actuaciones Especiales (FAES).

Oficiales de policía durante un operativo de seguridad en Caracas, en 2018.FERNANDO LLANO (AP)

El propio Maduro ha declarado que quiere llevar a 100.000 funcionarios la PNB, una institución con filtros “muy amplios” para graduar funcionarios, que reciben formación doctrinaria chavista. “En la Democracia había un diseño policial más débil, pero con más dinero, los policías hacían carrera, tenían seguros fuertes, compraban apartamentos”, afirma Izquiel. “Ahora, el cuerpo crece, pero muchos funcionarios abandonan la carrera con rapidez o emigran buscando opciones”. Maduro ha militarizado completamente todas las funciones policiales en el país, recuerda Izquiel. Esto ha tenido consecuencias en el funcionamiento y recelos entre el personal de carrera policial, con una preparación distinta. “Un policía dura años estudiando para ser director y vienen y le ponen un militar encima”, comenta el ex policía reinventado como repartidor en New Jersey.

Un funcionario activo de una policía municipal en Caracas dice que la decepción es generalizada. Ha decidido tomar sus vacaciones para poder rebuscarse en otros oficios como la mecánica, pero no tiene ninguna motivación para volver a su comando. Han perdido las bonificaciones por procedimientos extraordinarios, las primas por hijos o estudios, las dotaciones y otros beneficios establecidos en los contratos, manuales y normas laborales, que la administración pública en Venezuela ha dejado de cumplir. Otros policías también trabajan como repartidores, mototaxistas o escoltas, sacando provecho del horario de 24 horas de servicio por 48 horas libres que se ha estandarizado en varias instituciones para aligerar la carga y administrar el déficit. En algunos cuerpos policiales han empezado a retrasar el otorgamiento de bajas, para frenar el éxodo. Pero ante el avance de la crisis, cada vez hay más policías que simplemente desertan.

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El presidente Gustavo Petro despide a dos de sus colaboradores más cercanos por su implicación en un caso de escuchas ilegales y filtraciones a la prensa

Bogotá.- Esta es la historia de una mujer joven que no sabía qué hacer con su vida y de un hombre que hacía demasiadas cosas. El destino los juntó en una aventura de esas que solo pasan una vez. Una historia de jerarquías, de poder y de ambición que ha puesto a temblar al mismísimo Gobierno de Colombia. Este es el cuento breve de Armando Benedetti y Laura Sarabia, un binomio que se ganó el corazón de Gustavo Petro en la campaña y que ahora le ha provocado un incendio en Palacio.

Hace ocho años, Sarabia está desempleada. Tiene 21, no sabe bien qué rumbo tomar en la vida. La incertidumbre la ha sumido en un pozo oscuro. Venía de ser una de esas alumnas brillantes que de golpe se encuentra con que ahí fuera a nadie le importan tus matrículas de honor. Laura ha suspendido las pruebas de ingreso de las fuerzas armadas y no le han querido renovar su pasantía como administrativa en el ministerio de Defensa. Casi pierde la fe. Pero no deja de leer la Biblia ni de asistir a la Iglesia cristiana. En el culto, una amiga le recomienda que vaya en busca de trabajo al partido de la U, el del pulcro Juan Manuel Santos, entonces el presidente.

Benedetti había militado en el uribismo, el santismo y ahora está dispuesto a agarrar la siguiente ola que lo lleve hasta la orilla. En un momento de clarividencia, deja todo atrás y se une al líder de la izquierda Gustavo Petro. Es noviembre de 2020. Está seguro de que ese hombre con pinta de despistado va a ser el próximo presidente de Colombia y no quiere quedarse fuera. Petro había fracasado en sus dos intentos anteriores, pero algo le dice a Benedetti que su tiempo ha llegado. Con él, por supuesto, se lleva a Sarabia. Benedetti guía a Petro por todo el país en busca de votos, Laura les organiza los viajes, la agenda, el almuerzo, el hotel, los aviones. Es buen momento para mencionar que, en medio de la frenética campaña, a los hijos de Benedetti los cuida Marelbys Meza, una persona que entrará en escena más adelante.

Un día, mientras cruzan Colombia a bordo del Super King Air 300, Benedetti mira a Petro, recostado a su derecha en un asiento de cuero beige:

—La única forma de evitar que este man sea presidente de Colombia —entona con tono dramático— es tirando este avión.

Ella se queda embarazada en mitad de la campaña, pero eso no cambia nada. Sigue haciendo todo por teléfono. Sarabia trabaja para Benedetti, pero poco a poco va ocupándose cada vez más de Petro. Si el candidato duerme una siesta, ella es quien lo llama para se levante, se lave los dientes y vaya al próximo mitin.

Laura Sarabia, 29 años, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, durante una entrevista en el Palacio de Nariño, en Bogotá, Colombia, el 12 de mayo de 2023.SANTIAGO MESA

Cuando Petro gana las elecciones, el trío que habían conformado parece destinado a resquebrajarse. Empieza el tiempo de las decenas de asesores, los ministros, los escoltas, la vida truculenta en Palacio. Benedetti quiere un puesto cercano al presidente, uno que le permita continuar guiando a Petro en los vericuetos del poder. Sin embargo, arrastra varios procesos judiciales que hacen dudar al presidente. Lo estima mucho, pero cree un riesgo tenerlo en primera línea. Así que decide ponerlo en un cargo relevante, el de embajador en Venezuela. De esa decisión participa también la primera dama, Verónica Alcocer.

Se trata de una forma de tenerlo cerca, pero lejos. Ni con él ni sin él. Una decisión salomónica. Benedetti se lo toma como un exilio, pero lo acata. Ahora se encargará de restablecer las relaciones con el chavismo y de departir con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. No es poca cosa. Sarabia está convencida de que va a seguir a Benedetti hasta Caracas, pero Petro la llama para que ocupe el cargo más cercano posible, el de secretaria personal. Benedetti, lejos; Laura, cerca, en el despacho de al lado, a diez pasos uno del otro. La pupila ha superado al mentor. Su tarea viene a ser una extensión de lo que había hecho en campaña. Levantar de la cama a un hombre que no madruga, conducir a las citas a un señor que no tiene noción del tiempo y después resumirle la actualidad mientras él está enfrascado en alguna discusión en Twitter.

A Benedetti nunca llega a gustarle su lugar en el Gobierno que ayudó a crear. Él, que quería ser ministro, se siente desterrado en Caracas. Sarabia, en cambio, amplía su hueco en el centro del poder. Su nombre empieza a sonar a todas horas, su cuerpo menudo aparece en todas las fotos del presidente como si fuera su sombra. Esa mujer tan joven y sin pasado político empieza a llamar la atención de algunos ministros. Mientras a ellos los obligan a dejar sus teléfonos fuera de los Consejos, Sarabia teclea en su celular durante las reuniones. Solo ella tiene esa bula. Se convierte así en la persona más cercana al presidente.

El Gobierno parecer rodar solo durante los primeros meses. La novedad entusiasma a buena parte del país. Pero con el tiempo llegan las primeras crisis. Benedetti, que conoce bien el Congreso, donde se le atascan las reformas a Petro, cree saber lo que necesita el presidente para conseguir votos y lealtades en otros partidos. Llama asiduamente a Sarabia, con quien tiene una gran confianza. Le dice que las cosas se están haciendo mal. Eso lleva también a que las discusiones sean más fuertes y suban de decibelios.

Una de las primeras grietas entre ellos surge por el canciller, Álvaro Leyva, un hombre de 80 años que quiere controlar con celo su espacio. No parece muy feliz de que Benedetti se encargue de las relaciones con Venezuela. Desconfía de él. La cancillería empieza a mirar con lupa los viajes del embajador, que va asiduamente a Colombia. Empieza una guerra sorda que ha durado hasta el final. Sarabia le pide a Benedetti que no se ausente tanto de Caracas y este se lo toma mal, como si ella hubiera tomado partido. Con las semanas no se arreglan las cosas. Petro visita por sorpresa Caracas para verse con Maduro, pero Benedetti es de los últimos en enterarse. Le informan terceros. Se lo toma de forma personal, le parece un insulto. Considera que Sarabia, que ha trabajado siete años con él, le debe algo de lealtad.

En paralelo, se atascan las reformas en el Congreso. Benedetti, una de esas personas que siempre tienen contactos en todas partes, llama a Sarabia y discuten sobre la manera en la que se está gobernando. Las conversaciones son agrias, aunque suelen acabar en reconciliación. Un día se gritan, otro se hablan de forma amorosa. El día de la madre, Benedetti le manda flores.

Pero eso no frena nada, muy al contrario. El embajador se siente cada vez más amenazado por Laura, de la que cree que se ha aliado con la magistrada Cristina Lombana, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para reabrirle uno de sus casos. Eso le llega por terceros, y Benedetti le da credibilidad. Al teléfono, se muestra paranoico. Jura que Sarabia le ha interceptado las comunicaciones -no hay ninguna prueba que demuestre que es así-. Cada vez que ella le hace ver que sabe más de lo que él piensa, Benedetti se dice a sí mismo: “Me ha chuzado”.

Con el paso de los meses, la impaciencia va a más. Considera que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en Venezuela, al menos todo lo que puede darle brillo. Las relaciones bilaterales se han restablecido y Petro y Maduro se han reunido varias veces. Quiere volver a Bogotá como ministro. Petro trata de buscarle un hueco y le ofrece ser súper ministro, una figura que actualmente no existe pero que ya se había usado en otros gobiernos. A Benedetti le encanta la idea. Los detalles los hablaría con Sarabia. Algunas versiones contrastan en este punto. Hay quien dice que Sarabia no quiere que Benedetti regrese porque teme que ocupe su rol; otros que Sarabia está de acuerdo, pero que el presidente lo frena.

El gran escándalo

Colombia vive esos días pendiente de otra historia de intriga. Cuatro niños indígenas han sobrevivido a un accidente de avioneta y están perdidos en la selva. El país espera -todavía no han aparecido- un rescate con final feliz. Los desencuentros entre las dos personas más cercanas al presidente aún son material doméstico. Pero algo empieza a torcerse en Palacio. Como todo relato de suspense, este comienza a cuentagotas. La revista Semana, acostumbrada a captar la atención de los sábados con sus portadas, lleva a su primera página a Marelbys Meza, la niñera que cuidaba en campaña de los hijos del embajador. El titular dice: “Me sentí secuestrada”.

Meza trabajaba entonces cuidando al primer hijo de Sarabia. De casa de los Benedetti había salido acusada de un robo, señalada por un poligrafista privado. La Mary, como la llaman ellos, fue despedida. Sarabia conoce estos hechos, pero aún así la contrata y la historia vuelve a repetirse. Del apartamento de la alta funcionaria desaparece un dinero en efectivo en el mes de enero. Sarabia denuncia ante la Fiscalía el robo de 7.000 dólares, pero su equipo de seguridad decide someter a su entorno a un polígrafo en el Palacio de Nariño. Meza tropieza en la misma prueba, aunque hay que recordar que la fiabilidad de esas máquinas es dudosa. Ahí es donde dice que se sintió secuestrada y maltratada.

El país se pasa cuatro días hablando de Meza, Sarabia y el polígrafo. Benedetti está al margen hasta que el periodista Daniel Coronell lo mete de lleno en la trama. Antes de ser portada de la revista, La Mary hizo un viaje asombroso. Despedida ya de casa de Sarabia, Benedetti volvió a confiarle el cuidado de sus hijos y se la llevó a Caracas en un vuelo privado para pasar una semana. Solo ellos pueden saber de qué hablaron en ese tiempo. El día que los dos regresan a Colombia, la niñera se pone delante de las cámaras de Semana en los alrededores del Palacio presidencial. Colérico por las nuevas informaciones que lo involucran, Benedetti niega haber tenido nada que ver en ese asunto, dice que Meza lo hizo por iniciativa propia. Entonces suelta la bomba que acabará con la salida de ambos del Gobierno.

El miércoles pasado, el político publica un hilo de Twitter incendiario. En él asegura que Sarabia le pidió ayuda para frenar la publicación de la entrevista y dice que la funcionaria temía que se conociera que en su casa había dinero en efectivo. También desliza que ella habría intervenido el teléfono de la niñera. Del polígrafo se pasa a las escuchas ilegales.

El presidente Gustavo Petro, junto a su jefe de gabinete, Laura Sarabia, en la reunión con la delegación de congresistas estadounidenses que lidera el demócrata Bob Méndez, el martes en Bogotá. GOBIERNO DE COLOMBIA

La denuncia velada llega como un ángel caído del cielo a una Fiscalía siempre al acecho del presidente. El fiscal Francisco Barbosa, propuesto por la administración anterior, siempre parece dispuesto a dar los últimos coletazos en su puesto a lo grande. Su oposición a Petro es total y entra en este caso como si acabara de descubrir el Watergate.

El día después de los tuits del embajador hay un silencio incómodo en el Gobierno. Petro, recién llegado de Brasil, debía reunirse con Sarabia y Benedetti para tratar de frenar el caos, pero pasan las horas y nadie sabe nada del presidente. El vacío lo llena Barbosa, con una rueda de prensa en la que dice cosas como que el haber intervenido el teléfono de la niñera es el peor caso contra los derechos humanos que se produce en Colombia en años. Por momentos, hasta se le escapa la risa. Promete ir hasta el final en su investigación y llamar a declarar a Sarabia y Benedetti. La situación es insostenible para el presidente. Esa noche del jueves se reúnen los tres, como tantas otras veces habían hecho, pero ahora la tensión se corta. En esas horas se escuchan lágrimas y gritos.

Petro aparece públicamente el viernes en un acto militar, posiblemente los ascensos del ejército con más audiencia de la historia. Pasa un rato hablando de lo propio cuando suelta el veredicto: “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno”. El triángulo de poder se rompe. Petro le dedica palabras de cariño a Laura; a Armando ni lo menciona. Los dos se van a su casa y el presidente se queda solo. Los que han estado cerca dicen que a diferencia de otros gobiernos, en el de Petro casi nunca se ve ni escucha a nadie por los pasillos de Palacio. El presidente ha perdido mucho en estos seis días. De entrada busca a alguien que sepa organizarle la vida.

El Ministerio de Ambiente dio unas cifras preliminares que serán confirmadas en junio. En la Amazonia, la tala de árboles bajó entre un 15% y un 25% entre 2021 y 2022

Bogotá: La deforestación en Colombia es uno de los temas que más preocupa a ciudadanos y ambientalistas del país. Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, la cifra llegó a un pico máximo en 2016, cuando se borraron 178.597 hectáreas de bosque en el país, aumentando un 44% en comparación a 2015. Pero la tendencia parece empezar a cambiar. Según cifras estimadas y preliminares anunciadas en la mañana del 16 de mayo por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la deforestación disminuyó en Colombia en un rango que está entre el 5 y -10% en 2022, si se compara con lo que ocurrió en 2021.

“La cifra exacta va a estar en junio de este año, cuando se terminen de procesar todas las imágenes satelitales”, aseguró la ministra. “Y nos llevaría a una cifra similar a lo que se tenía antes del Acuerdo de Paz”. Aunque las mayores mejorías se dieron en la Amazonia, región que venía sufriendo de una deforestación implacable, no fue así para toda Colombia. En alerta aún está Putumayo, Catatumbo, Norte del Pacifico y la Serranía de San Lucas.

“El programa de contención de deforestación, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, incluye 28 núcleos de deforestación de Colombia, y 22 de los 28 están en la Amazonia”, señaló Muhamad.

Un ojo de cíclope en la Amazonia

Históricamente, uno de los puntos más alarmantes de deforestación, es lo que se conoce como el Arco Amazónico, zona que incluye los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Y allí, precisamente, es donde parece que el escenario comenzó a mejorar. Muhamad explicó que la deforestación ha caído en Guaviare (-35%), Caquetá (-31%) y Meta (-25%). “La deforestación en esta región, suele darse en el último trimestre y el primer trimestre de cada año, por eso era muy importante trabajar en el último trimestre del año 2022 para tratar de mitigar la deforestación”, dijo la ministra.

Sin embargo, las buenas noticias no fueron las mismas para Putumayo, donde la deforestación igualmente aumentó un 26%. Según la ministra, mientras en los otros tres departamentos el principal motor de la pérdida forestal es el acaparamiento de tierras y a donde se llegó con acuerdos de conservación ambiental y con la estrategia de la paz total, en el Putumayo no se ha llegado con una política sólida. “Tampoco hay conversación respecto a la ‘paz total’, por ser otros grupos los que dominan allí el territorio”.

Si se suman los datos de todo el Arco Amazónico, eso indicaría que en esa zona la deforestación cayó entre un 15% y un 25% entre el año 2021 y 2022, según los datos preliminares del Gobierno.

Muhamad también explicó que las buenas cifras en el Amazonas se deben a un cambio en la política, en especial en Parques Nacionales Naturales (PNN). Antes, y durante el Gobierno Iván Duque, el eje de la política de deforestación era la Campaña Artemisa, durante la cual se judicializó a varios campesinos por ese delito, pero se creó conflicto en el territorio. Actualmente, el enfoque pasó a ser de acuerdos de conservación con las comunidades, sin tener que sacarlas del territorio, lo cual, según la ministra, está dando buenos frutos. “Obviamente estamos buscando la diferencia de los grandes acaparadores de tierra y de los campesinos arraigados”, afirmó.

Durante el primer trimestre de 2022, por ejemplo, en los doce parques nacionales que están en la Amazonia se llegaron a deforestar 9.260 hectáreas de bosque, mientras que, para el mismo periodo de tiempo del 2023 la cifra apenas llegó a 393 hectáreas. En algunos PNN clave víctimas de la deforestación, las cifras también son mejores: en Tinigua se disminuyó en 5.209 hectáreas, en la Macarena fue de 2.496 hectáreas menos, mientras que en Chibiriquete y en Picachos cayó en 671 y 296 hectáreas, respectivamente. En total, sumando los 12 parques, se trata de una reducción 8.869 hectáreas.

“Sin embargo es un trabajo permanente, y esto no es un canto de victoria porque las tendencias pueden revertirse, y hay que seguir trabajando”, concluyó Muhamad.

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