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Tráfico de drogas escala en aeropuertos dominicanos
Santo Domingo, R.D.-Las incautaciones de drogas en aeropuertos de la República Dominicana aumentaron en 2025 en comparación con el año anterior, al pasar de 891.22 a 931.43 kilogramos, según estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El repunte está vinculado principalmente al crecimiento de la marihuana, que desplazó a la cocaína como la sustancia de mayor volumen.
En 2024, la mayor proporción correspondía a cocaína, con más de 629 kilogramos ocupados, que fueron concentrados en interdicciones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana —con más de 501 kilos— y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que superó los 108.
Para 2025, los decomisos de esa sustancia se redujeron a unos 250 kilogramos, mientras que la marihuana se elevó por encima de los 678 kilos, con mayor presencia en los aeropuertos de La Romana, Las Américas y Punta Cana.
Evolución
El comportamiento en los últimos cuatro años muestra cambios tanto en los volúmenes como en los tipos de droga detectados.
En 2021 se produjo el primer repunte, con 155.68 kilogramos de cocaína, con mayor incidencia en Las Américas y Punta Cana, además de la aparición de sustancias como heroína y éxtasis.
El salto más marcado ocurrió en 2022, cuando las autoridades ocuparon más de 334 kilogramos de cocaína en Punta Cana y más de 233.32 en Las Américas, evidenciando una mayor escala del tráfico aéreo.
kilogramos de narcóticos fueron incautados en 2025, según estadísticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas
Aunque Punta Cana concentra grandes cargamentos en momentos puntuales, el Aeropuerto Internacional de Las Américas se mantiene como el principal punto de actividad constante.
En paralelo, terminales como La Romana y el Cibao han ganado peso, lo que refleja una ampliación de las rutas utilizadas.
Para 2023, la marihuana siguió ganando más terreno, especialmente en Las Américas, con 202.85 kilogramos, marcando un cambio en la dinámica del tráfico.
Minorías
Para los últimos cuatro años otras sustancias como el hachís y el opio también reflejan los cambios en la dinámica del tráfico por los aeropuertos.
Desde 2021, el hachís muestra un comportamiento hacia la baja.
Esta droga pasó de 2.84 kilogramos a 8 en 2022, desaparece en 2023 de las estadísticas, y vuelve con apenas 0.47 en el 2024 y con 0.17 en el 2025.
El opio, por su parte, registró volúmenes bajos al inicio, alcanzando su punto más alto en 2023 con 12.84 kilogramos y desciende progresivamente hasta poco más de medio kilogramo en 2025.
Estas variaciones evidencian ajustes en las sustancias movilizadas, en un escenario donde la marihuana gana protagonismo y la cocaína pierde peso relativo.
El número de detenidos por narcotráfico ha crecido de manera sostenida. En el 2021 fueron al menos 41 personas las capturadas, entre ellas 25 hombres y 16 mujeres. Para 2022 la tendencia continuó, alcanzando los 81 casos.
En 2023 se registraron 48 personas retenidas.
Durante el 2024, la cifra volvió a incrementarse hasta 67 implicados (50 hombres y 17 mujeres).
En 2025, en cambio se ubicó en 47 personas arrestadas, de las cuales 29 eran hombres y 18 mujeres.
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.