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Impacta la Semana Santa tragedia en la discoteca Jet Set.
Por EFE
Santo Domingo, 18 abr.- Los dominicanos celebraron este Viernes Santo entre la reflexión y la consternación en el que se ha sumergido el país tras la tragedia el 8 de abril en la popular discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que ha dejado 232 muertos, después de que se desplomara el techo del centro de diversión.
Las víctimas fueron recordadas por fieles cristianos en misas celebradas con motivo del Viernes Santo, entre ellas en la Catedral Primada de América, donde el sacerdote Juan María Durán, al participar en la lectura del Sermón de las Siete Palabras, recordó «con mucho pesar» la tragedia en el centro de diversión, que dejó más de 180 heridos y llevó al presidente del país, Luis Abinader, a decretar seis días de duelo nacional.
La catástrofe, como le calificó, «nos ha llenado de luto, dolor y angustia», dijo al leer la cuarta palabra del sermón: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», una de las frase dichas por Jesús en la cruz.
Situación como la ocurrida «es donde Cristo nos hace reconocer su propio sufrimiento», añadió el religioso en su mensaje en la Catedral, donde ya el Jueves Santo el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, dijo que «todo el pueblo de Dios, los sacerdotes, estuvimos compungidos con el hecho de la tragedia del Jet Set».
El accidente ocurrió la madrugada del pasado 8 de abril cuando cientos de personas disfrutaban de la presentación del popular merenguero dominicano Rubby Pérez, quien también murió. Fallecieron 221 personas, según las autoridades dominicanas de forma instantánea, mientras que otras once murieron en los hospitales a los que fueron trasladados.
En los hospitales públicos siguen ingresados cinco sobrevivientes, uno de ellos con pronóstico reservado, de acuerdo con informaciones del Servicio Nacional de Salud.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto una investigación sobre la tragedia, mientras proliferan las voces entre la población que hablan de negligencia y piden justicia por lo ocurrido.
Además, a fin de determinar las causas del accidente, el Gobierno anunció la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales porque, a partir de ahora, en palabras del presidente Abinader, debe darse respuesta a «qué pasó, por qué pasó y cómo pasó» la tragedia en la discoteca.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) dominicana espera que en unos tres meses se tengan resultados.
Según informó la entidad, en la investigación trabajan dos equipos de ingenieros, uno de los cuales encargado de los levantamientos de restos y otro con las piezas «para luego reproducir el edificio como estaba, hacer un modelo igual, para posteriormente ponerle toda la carga que tenía en el techo, entre otras cosas», de acuerdo con el director general de la Onesvie, Leonardo Reyes Madera.
El propietario de la discoteca, el empresario Antonio Espaillat, envió a principios de esta semana una carta al Ministerio Público, en la que expresó su disposición de colaborar con las investigaciones en torno al siniestro, en el que murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas Otavio Dotel; la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelsy Cruz; el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
También se ha informado de la muerte de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, un italiano, un keniano y una costarricense.
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Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.