Opinión
Traicionar al Presidente
Por Oscar López Reyes
El presidente de la República representa la hacienda sacrosanta (sagrada y santa) del Estado o la sociedad, y para asegurar su regencia con pulcritud y en la cohesión social ha de actuar con rectitud y solemnidad, sin ser menguado por la afectividad proveniente del compañerismo partidista, el viejo compadrazgo o la familiaridad, que han de poner a volar como las hojas del viento huracanado, especialmente en un conglomerado en el cual pululan los rufianes de toda laya, que se visten con el traje de la honestidad para traicionar al mandatario con la melodía del engaño más cruel.
La autoridad suprema de cualquier Estado ha de contar con colaboradores con lealtad e integridad (difícil de conseguir en esta ladronera), que cumplan sus funciones con capacidad de trabajo para ayudarle en los cambios, pero no amiguetes ni compinches a los que profesen aprecio y respeto, en el mando de los sentimientos más sublimes. El presidente Luis Rodolfo Abinader ha sido reiterativo en que no tiene cómplices.
En la heterogeneidad socio-política y corporativa, societaria y grupal, los presidentes de una nación podemos segmentarlos en tres longitudes, conforme la naturaleza socio-política del régimen: 1) El autócrata/implacable, 2) el permisivo/cómplice, y 3) el democrático/denunciativo. Estos tres tipos de liderazgo estatal son espejos en los cuales se refleja la vida contemporánea.
El autócrata/implacable presenta como un modelo válido a Fidel Castro Ruz (13 de agosto de 1926- Birán, Cuba-25 de noviembre de 2016 (La Habana), partidario del socialismo puro -que se inspira en la dictadura del proletariado- y durante su gobernanza de casi 50 años fulguró como un exportador de revoluciones a países del Tercer Mundo. No dispensó indulgencia a quien le acompañó en Sierra Maestra, que culminó con la toma del poder; en Bahía de Cochino y en Playa de Girón, durante la crisis de los misiles: el general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Arnaldo Ochoa, declarado héroe de la República de Cuba.
El general Ochoa, el coronel Antonio (Tony) de la Guardia, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés junto a otros diez cubanos fueron acusados judicialmente de graves hechos de corrupción, manejo deshonesto de recursos económicos, tráfico de drogas y alta traición a la patria y a la revolución. Un tribunal los halló culpables el 30 de junio de 1989 durante un juicio que fue transmitido por la televisión cubana, y condenó a pena de muerte a Ochoa, De la Guardia, Padrón Trujillo y Martínez Valdés.
En el otro extremo se sitúa el permisivo/cómplice: Por la seducción mediante la afectividad, Danilo Medina Sánchez, presidente de una organización (Partido de la Liberación Dominicana -PLD-) autodenominada progresista y popular, se ha revelado corrosivo en la impertinencia del cinismo. Ha presenciado la sentencia, por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a siete años de prisión de Alexis Medina, por su culpabilidad en la comisión de actos de corrupción durante el Gobierno de su “supuesto” hermano; su cuñado Maxy Montilla devolverá más de 3 mil millones de pesos al Estado tras un acuerdo con el Ministerio Público en la Operación Antipulpo, extraídos de fraudes en contrataciones públicas, y su jefe de seguridad, el mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, y otros fueron arrestados por conformar una red de corrupción, según Ministerio Público, en la llamada Operación Coral.
El democrático/denunciativo: Luis Rodolfo Abinader, social demócrata e impulsor del modelo político-social del Estado Bienestar (empleo, educación, salud, pensiones, mejoría en la igualdad de oportunidades, derechos sociales y redistribución de la renta), ha empinado como estandarte principal la ofensiva contra la corrupción. Ha destituido y solicitado la renuncia a más de 50 altos funcionarios, incluido ministros y directores generales que ocuparon sitiales de primera línea en su campaña electoral, y últimamente se han logrado numerosas condenas por dolo en un sistema judicial muy vulnerable, y recuperado 6 mil 500 millones del patrimonio público.
Hace unos días, Abinader convocó al Palacio Nacional a los miembros del Consejo de Ministros, a los cuales formuló una velada advertencia con el señalamiento de las aumentadas sanciones estipuladas en el nuevo Código Penal (Ley No.74-25) y la nueva Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25). Le reforzaron con explicaciones la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
El último escándalo de corrupción destapado, muy lacerante, ha sido en el Sistema Nacional de Salud (Senasa) y el gobernante dispuso la entrega del informe con irregularidades a la Procuraduría General de la República, para que amplíe la investigación y proceda de conformidad con la Constitución y las leyes. Viene a ser un buen mensaje en su lineamiento de Tolerancia Cero con el hurto a las propiedades del erario.
Al presidente Abinader le ha tocado gobernar en un ciclo en que, a todas luces, la psicopatología política, con sus rasgos de cleptomanía potencializada, mitomanía envuelta en discursos altisonantes, amabilidad afectiva mercadológica, como cultura se ha estado arraigando en los pasillos de la burocracia y figuras públicas con mentalidad corrupta y antecedentes penales se han estado apoderado de las estructuras del Estado, desde los partidos políticos, los poderes Legislativo y Judicial, y las altas cortes. ¿Increíble no?
A veces nos parece que el presidente Abinader navega como un Quijote en sus esfuerzos contra la impunidad, por la transparencia y la institucionalidad para proteger los bienes comunes y preservar el legado de su familia. La psiquiatría punitiva como herencia social no detiene los comportamientos deshonestos de personas que ostentan cargos públicos, que trasgreden los compromisos contraídos ante el jefe de Estado y la sociedad, haciendo mal uso o sustrayendo los bienes que administran, en complicidad con gerentes financieros, encargados de compras, abogados, militares y empresarios.
En cuatrienios gubernamentales anteriores, los actos defraudatorios no cesaron, ni se castigaron ante las miradas complacientes de mandatarios, como ilustran los esquemas de riqueza ilícita de la claque de Danilo Medina, el presidente permisivo/cómplice, comprobado judicialmente.
Con los logros citados, el presidente democrático/denunciativo, Luis Abinader, demuestra no ser un Quijote. Para robustecerlos, tendrá que rodearse de ciudadanos comprobadamente probos, con más canas y más estoicos, y apretar la muñeca en la cruzada de estos últimos tres años de su mandato, que son los más tentadores y arriesgados, en la ruta hacia la despedida, en el linaje de una cantera de buscadores de oportunidades, que se pintan como santos corderitos. Algunos lamentarán que no se emule al histórico presidente autócrata/implacable, Fidel Castro, pero recordemos que en la República Dominicana nos regimos por un sistema político-jurídico diferenciado, donde no existe la pena de muerte, aunque sí leyes libertadoras de corruptos y jueces penales.
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El autor: Periodista, escritor, catedrático, gremialista
y miembro de varias academias.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.