Opinión
Traicionar al Presidente
Por Oscar López Reyes
El presidente de la República representa la hacienda sacrosanta (sagrada y santa) del Estado o la sociedad, y para asegurar su regencia con pulcritud y en la cohesión social ha de actuar con rectitud y solemnidad, sin ser menguado por la afectividad proveniente del compañerismo partidista, el viejo compadrazgo o la familiaridad, que han de poner a volar como las hojas del viento huracanado, especialmente en un conglomerado en el cual pululan los rufianes de toda laya, que se visten con el traje de la honestidad para traicionar al mandatario con la melodía del engaño más cruel.
La autoridad suprema de cualquier Estado ha de contar con colaboradores con lealtad e integridad (difícil de conseguir en esta ladronera), que cumplan sus funciones con capacidad de trabajo para ayudarle en los cambios, pero no amiguetes ni compinches a los que profesen aprecio y respeto, en el mando de los sentimientos más sublimes. El presidente Luis Rodolfo Abinader ha sido reiterativo en que no tiene cómplices.
En la heterogeneidad socio-política y corporativa, societaria y grupal, los presidentes de una nación podemos segmentarlos en tres longitudes, conforme la naturaleza socio-política del régimen: 1) El autócrata/implacable, 2) el permisivo/cómplice, y 3) el democrático/denunciativo. Estos tres tipos de liderazgo estatal son espejos en los cuales se refleja la vida contemporánea.
El autócrata/implacable presenta como un modelo válido a Fidel Castro Ruz (13 de agosto de 1926- Birán, Cuba-25 de noviembre de 2016 (La Habana), partidario del socialismo puro -que se inspira en la dictadura del proletariado- y durante su gobernanza de casi 50 años fulguró como un exportador de revoluciones a países del Tercer Mundo. No dispensó indulgencia a quien le acompañó en Sierra Maestra, que culminó con la toma del poder; en Bahía de Cochino y en Playa de Girón, durante la crisis de los misiles: el general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Arnaldo Ochoa, declarado héroe de la República de Cuba.
El general Ochoa, el coronel Antonio (Tony) de la Guardia, el mayor Amado Padrón Trujillo y el capitán Jorge Martínez Valdés junto a otros diez cubanos fueron acusados judicialmente de graves hechos de corrupción, manejo deshonesto de recursos económicos, tráfico de drogas y alta traición a la patria y a la revolución. Un tribunal los halló culpables el 30 de junio de 1989 durante un juicio que fue transmitido por la televisión cubana, y condenó a pena de muerte a Ochoa, De la Guardia, Padrón Trujillo y Martínez Valdés.
En el otro extremo se sitúa el permisivo/cómplice: Por la seducción mediante la afectividad, Danilo Medina Sánchez, presidente de una organización (Partido de la Liberación Dominicana -PLD-) autodenominada progresista y popular, se ha revelado corrosivo en la impertinencia del cinismo. Ha presenciado la sentencia, por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a siete años de prisión de Alexis Medina, por su culpabilidad en la comisión de actos de corrupción durante el Gobierno de su “supuesto” hermano; su cuñado Maxy Montilla devolverá más de 3 mil millones de pesos al Estado tras un acuerdo con el Ministerio Público en la Operación Antipulpo, extraídos de fraudes en contrataciones públicas, y su jefe de seguridad, el mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, y otros fueron arrestados por conformar una red de corrupción, según Ministerio Público, en la llamada Operación Coral.
El democrático/denunciativo: Luis Rodolfo Abinader, social demócrata e impulsor del modelo político-social del Estado Bienestar (empleo, educación, salud, pensiones, mejoría en la igualdad de oportunidades, derechos sociales y redistribución de la renta), ha empinado como estandarte principal la ofensiva contra la corrupción. Ha destituido y solicitado la renuncia a más de 50 altos funcionarios, incluido ministros y directores generales que ocuparon sitiales de primera línea en su campaña electoral, y últimamente se han logrado numerosas condenas por dolo en un sistema judicial muy vulnerable, y recuperado 6 mil 500 millones del patrimonio público.
Hace unos días, Abinader convocó al Palacio Nacional a los miembros del Consejo de Ministros, a los cuales formuló una velada advertencia con el señalamiento de las aumentadas sanciones estipuladas en el nuevo Código Penal (Ley No.74-25) y la nueva Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25). Le reforzaron con explicaciones la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
El último escándalo de corrupción destapado, muy lacerante, ha sido en el Sistema Nacional de Salud (Senasa) y el gobernante dispuso la entrega del informe con irregularidades a la Procuraduría General de la República, para que amplíe la investigación y proceda de conformidad con la Constitución y las leyes. Viene a ser un buen mensaje en su lineamiento de Tolerancia Cero con el hurto a las propiedades del erario.
Al presidente Abinader le ha tocado gobernar en un ciclo en que, a todas luces, la psicopatología política, con sus rasgos de cleptomanía potencializada, mitomanía envuelta en discursos altisonantes, amabilidad afectiva mercadológica, como cultura se ha estado arraigando en los pasillos de la burocracia y figuras públicas con mentalidad corrupta y antecedentes penales se han estado apoderado de las estructuras del Estado, desde los partidos políticos, los poderes Legislativo y Judicial, y las altas cortes. ¿Increíble no?
A veces nos parece que el presidente Abinader navega como un Quijote en sus esfuerzos contra la impunidad, por la transparencia y la institucionalidad para proteger los bienes comunes y preservar el legado de su familia. La psiquiatría punitiva como herencia social no detiene los comportamientos deshonestos de personas que ostentan cargos públicos, que trasgreden los compromisos contraídos ante el jefe de Estado y la sociedad, haciendo mal uso o sustrayendo los bienes que administran, en complicidad con gerentes financieros, encargados de compras, abogados, militares y empresarios.
En cuatrienios gubernamentales anteriores, los actos defraudatorios no cesaron, ni se castigaron ante las miradas complacientes de mandatarios, como ilustran los esquemas de riqueza ilícita de la claque de Danilo Medina, el presidente permisivo/cómplice, comprobado judicialmente.
Con los logros citados, el presidente democrático/denunciativo, Luis Abinader, demuestra no ser un Quijote. Para robustecerlos, tendrá que rodearse de ciudadanos comprobadamente probos, con más canas y más estoicos, y apretar la muñeca en la cruzada de estos últimos tres años de su mandato, que son los más tentadores y arriesgados, en la ruta hacia la despedida, en el linaje de una cantera de buscadores de oportunidades, que se pintan como santos corderitos. Algunos lamentarán que no se emule al histórico presidente autócrata/implacable, Fidel Castro, pero recordemos que en la República Dominicana nos regimos por un sistema político-jurídico diferenciado, donde no existe la pena de muerte, aunque sí leyes libertadoras de corruptos y jueces penales.
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El autor: Periodista, escritor, catedrático, gremialista
y miembro de varias academias.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026