Nacionales
Trama de desaparición de “Quirinito” es dolor de cabeza para Ministerio Público
Oncólogo Ángel Garabot dice que la persona que atendió, dos veces, era más delgada y poco colaborador
SANTO DOMINGO. La trama que envuelve el diagnóstico de cáncer y posterior desaparición de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, es tan compleja, que resolverlo tomaría más tiempo de lo esperado.
Para los involucrados en la investigación, esta “es una trama bien compleja y hay que trabajar bastante para probar la mala fe, ya que la misma es una cadena que comienza con un médico que jura y jura que tiene cáncer”.
Lo complejo radica, no sólo en capturar al condenado a 20 años de prisión, sino también en determinar a quiénes engañaron y quiénes sabían lo que se estaba armando por lo que los arrestos, según el Ministerio Público, ocurrirán cuando se tengan las evidencias de dolo.
Ayer, el doctor Ángel Garabot Polanco aclaró que no diagnosticó, ni confirmó el cáncer de Paniagua, sino que lo trató y emitió un informe, por primera vez el 22 de mayo del 2017, en base a la orden judicial sustentado con un diagnóstico de un patólogo de la Unión Médica de Santiago, para que recibiera quimioterapia.
Explicó que el 5 de junio hizo un segundo informe, sólo para agregar que el condenado debía recibir tratamiento de radioterapia, ya que el oncólogo César Augusto Núñez le había certificado que le había dado dos sesiones de quimioterapia.
“Ese informe se emitió el día 5 de junio, pero se emite el informe con fines de agregar la radioterapia al manejo que ya se había propuesto”, dijo al destacar que la persona que atendió en su consultorio del Instituto Oncológico de San Francisco, es más delgada que la que la mostrada en la foto por las autoridades.
“A quien yo atendí es una persona delgada, de pómulos prominentes, no una persona robusta, como se ha estado divulgando en la redes. Yo no atendí una persona ‘papiá’, fornida. Yo atendí a una persona que eventualmente sí se veía enferma. Una persona que en la foto tiene cabello y el que yo vi, no”, expresó Garabot Polanco.
“Fue un paciente muy poco cooperador, un paciente que si acaso habló dos veces, que quien más hablaba era su pareja (Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo), un paciente que mantuvo una toalla en la cabeza que se la quitó en dos ocasiones, una porque se lo pidió una doctora que estaba ahí conmigo y otro momento que fue cuando se secó la sialorrea porque era un paciente que estaba salivando mucho”, agregó.
Garabot Núñez, quien fue interrogado por la Inspectoría del Ministerio Público, informó que dimitió del Oncológico por varias razones, una de ellas ha sido “por unos malos tratos que ha recibido de sus superiores inmediatos a raíz de esa situación que ha venido atravesando”.
Este martes fue interrogada la abogada Ivanna Rodríguez Hernández, quien había estado en la defensa de “Quirinito”, y se tenía previsto entrevistar otra vez al doctor Núñez,así como a Ysmael Paniagua, coordinador del Nuevo Modelo Penitenciario.
El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), tiene agentes desplegados dentro y fuera del país, con el fin de dar con el paradero de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), personaje que se ha convertido en el más buscado por las autoridades dominicanas.
La información la ofreció el director del organismo de inteligencia almirante ® Sigfrido Pared Pérez quien alegó que esa entidad actúa de acuerdo a los requerimientos que en ese sentido hace la Procuraduría General de la República. Subrayó que tiene agentes fuera de país integrados a la búsqueda, sin embargo, no especificó la cantidad alegando asuntos de seguridad y agregó que el número es importante y que el DNI tiene agentes que viven en naciones donde el país tiene relaciones diplomáticas que también trabajan en la búsqueda. Entrevistado en el Palacio Nacional, tras salir de la acostumbrada reunión con el presidente Danilo Medina, Pared Pérez explicó que este es un caso judicial que tiene que ver con el Sistema Penitenciario.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.