Internacionales
Tranquilidad en Perú un día después de la disolución del Congreso
Efe
Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.
La tranquilidad reina en Perú un día después de la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.
Solo el tránsito por las cercanías al Palacio Legislativo fue restringido por la Policía que, según constató Efe, permitió el paso de vecinos y trabajadores del Congreso vinculados con la Comisión Permanente, que debe mantener sus funciones hasta la elección del nuevo Legislativo, que Vizcarra convocó para el próximo 26 de enero.
Aunque se señala que un grupo de parlamentarios opositores en rebeldía pasó la noche en el interior del edificio, la mayoría de los congresistas lo abandonaron durante esta madrugada.
Tal como adelantaron los sondeos de opinión, entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que ha sido un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción.
Esto le permitió a Vizcarra afrontar un escenario favorable al anunciar su decisión del lunes, basado en la prerrogativa que le otorga la Constitución de disolver la Cámara si esta deniega la confianza a dos gabinetes ministeriales.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso eligiera un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que el primer ministro Salvador del Solar había presentado un pedido de confianza para variar ese proceso, muy cuestionado por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.
Vizcarra recibió luego el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que reconocieron la constitucionalidad de su Gobierno y le expresaron su subordinación.
Policías custodian las inmediaciones del Congreso peruano este martes, en Lima (Perú). La tranquilidad reina en Perú un día después de la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
El principal pronunciamiento en contra lo ofreció la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), la principal patronal del país, que expresó su “enérgico rechazo” a la decisión del gobernante y aseguró que la disolución del Congreso ha sido una violación de la Constitución.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Miguel Cabrejos, pidió “un profunda reflexión” ante la situación y dijo que se debe mostrar “madurez política y social”.
“A pesar de esta crisis política creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña a todos los niveles”, enfatizó Cabrejos antes de invocar “el respeto al bien común”.
La prensa local remarcó, a su turno, que el país afronta una crisis constitucional, ya que existen interpretaciones divergentes sobre la validez jurídica de la decisión de Vizcarra.
Un grupo numeroso de constitucionalistas señala que el gobernante no debió dar por negado el pedido de confianza que hizo Del Solar porque a pesar de que el Congreso mantuvo la elección del TC luego aceptó el pedido del Ejecutivo.
Otros constitucionalistas opinaron que Vizcarra sí estuvo motivado por una negación implícita de la confianza, ya que el Congreso votó por la elección del TC sin haber resuelto antes la solicitud del primer ministro.
La polémica también se dirigió a la decisión de la vicepresidenta Mercedes Aráoz de jurar ante el Congreso disuelto como “presidenta en funciones”, después de que aquel declarara a Vizcarra suspendido de sus funciones durante 12 meses por “incapacidad temporal”, en una medida que no ha tenido mayor efecto práctico.
Juristas remarcaron que la suspensión temporal de un gobernante no figura en la Constitución peruana y que Aráoz ha podido cometer el delito de usurpación de funciones, que contempla una condena de hasta 7 años de cárcel.
Internacionales
Candidato de Trump a fiscal general defiende la gestión del caso Epstein ante el Senado
Washington, (EFE).- El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, defendió este miércoles la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein, durante su sesión de confirmación ante el Senado.
Subrayó que «no hay investigaciones cerradas» y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja.
«Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos», prometió Blanche, quien agregó que «jamás» dejarán de escuchar a las víctimas.
También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.
La polémica sobre el caso del financiero y examigo de Trump, estalló después de que el Departamento de Justicia informara hace un año que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.
Aunque en un principio se mostró furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, el mandatario rectificó y firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso.
También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.
Blanche también fue interrogado sobre el polémico fondo multimillonario para compensar a sus aliados de Trump que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.
Tras la sesión de este miércoles, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para un voto en el pleno.
Internacionales
Más de 113 millones de personas en riesgo por el peor día de la ola de calor en Estados Unidos
Agencia EFE
Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo «mayor» o «extremo», especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).
La autoridad meteorológica advirtió en su último boletín de «calor y humedad anómalos» en el norte y medio oeste de EE.UU., que se extenderá hacia el noreste en los próximos días y dejará temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.
Además, emitió este miércoles un aviso de calor «mayor» que afecta a las 113,8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakotas hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.
Casi dos millones de personas, en las Dakotas, viven esta jornada bajo aviso «extremo«, que extiende el peligro a las infraestructuras y durante la noche.
El organismo prevé que las condiciones de calor abandone los núcleos más poblados a partir del jueves, día en que ambos avisos afectarán a 95 millones de habitantes, mientras que esa cifra se reducirá a 66 millones el viernes y a 33 millones el sábado, principalmente en el sureste del país.
Aparte del calor, regiones de Texas, Nuevo México y Montana se encuentran hoy bajo alerta por inundaciones, a causa de fuertes tormentas.
En Texas, el NWS advierte de «acumulaciones totales de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros), con la posibilidad de superar las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas zonas durante los próximos días«, con riesgo de «peligrosas inundaciones repentinas».
Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.
El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro de la nación.
Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.
Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.
Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.
El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando en su suelo, un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.