Internacionales
Tranquilidad en Perú un día después de la disolución del Congreso
Efe
Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.
La tranquilidad reina en Perú un día después de la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.
Solo el tránsito por las cercanías al Palacio Legislativo fue restringido por la Policía que, según constató Efe, permitió el paso de vecinos y trabajadores del Congreso vinculados con la Comisión Permanente, que debe mantener sus funciones hasta la elección del nuevo Legislativo, que Vizcarra convocó para el próximo 26 de enero.
Aunque se señala que un grupo de parlamentarios opositores en rebeldía pasó la noche en el interior del edificio, la mayoría de los congresistas lo abandonaron durante esta madrugada.
Tal como adelantaron los sondeos de opinión, entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que ha sido un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción.
Esto le permitió a Vizcarra afrontar un escenario favorable al anunciar su decisión del lunes, basado en la prerrogativa que le otorga la Constitución de disolver la Cámara si esta deniega la confianza a dos gabinetes ministeriales.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso eligiera un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que el primer ministro Salvador del Solar había presentado un pedido de confianza para variar ese proceso, muy cuestionado por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.
Vizcarra recibió luego el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que reconocieron la constitucionalidad de su Gobierno y le expresaron su subordinación.
Policías custodian las inmediaciones del Congreso peruano este martes, en Lima (Perú). La tranquilidad reina en Perú un día después de la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
El principal pronunciamiento en contra lo ofreció la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), la principal patronal del país, que expresó su “enérgico rechazo” a la decisión del gobernante y aseguró que la disolución del Congreso ha sido una violación de la Constitución.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Miguel Cabrejos, pidió “un profunda reflexión” ante la situación y dijo que se debe mostrar “madurez política y social”.
“A pesar de esta crisis política creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña a todos los niveles”, enfatizó Cabrejos antes de invocar “el respeto al bien común”.
La prensa local remarcó, a su turno, que el país afronta una crisis constitucional, ya que existen interpretaciones divergentes sobre la validez jurídica de la decisión de Vizcarra.
Un grupo numeroso de constitucionalistas señala que el gobernante no debió dar por negado el pedido de confianza que hizo Del Solar porque a pesar de que el Congreso mantuvo la elección del TC luego aceptó el pedido del Ejecutivo.
Otros constitucionalistas opinaron que Vizcarra sí estuvo motivado por una negación implícita de la confianza, ya que el Congreso votó por la elección del TC sin haber resuelto antes la solicitud del primer ministro.
La polémica también se dirigió a la decisión de la vicepresidenta Mercedes Aráoz de jurar ante el Congreso disuelto como “presidenta en funciones”, después de que aquel declarara a Vizcarra suspendido de sus funciones durante 12 meses por “incapacidad temporal”, en una medida que no ha tenido mayor efecto práctico.
Juristas remarcaron que la suspensión temporal de un gobernante no figura en la Constitución peruana y que Aráoz ha podido cometer el delito de usurpación de funciones, que contempla una condena de hasta 7 años de cárcel.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.
Internacionales
La jueza sudafricana Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz; bromea con compartirlo con Trump
Agencia AFP
Defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda
a sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está «bajo ataque».
Navanethem «Navi» Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).
Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).
Este es uno de los motivos por los que el Nobel de la Paz de este año posiblemente escueza al presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez lo mucho que le gustaría que se lo dieran.
«Quizá comparta el premio con Trump»
En el caso de Pillay, la primera reacción al conocer el galardón fue pensar que era una broma: «Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo», afirmó.
La jurista mencionó su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.
«Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio», afirmó.
«Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?», añadió ella.
En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.
Washington considera que es una institución «politizada», y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros «retirarse oficial e inmediatamente».
El Comité Nobel marca distancias sin embargo con las conclusiones del informe sobre Gaza.
«No somos un tribunal»
«No somos un tribunal. Se trata de su informe, del informe de la comisión, y por supuesto tenemos una gran confianza en su profesionalismo y su integridad», dijo su presidente Jørgen Watne Frydnes, a la AFP.
El Comité Nobel Noruego dice haber otorgado el prestigioso premio a la sudafricana por «promover la paz y el derecho internacional».
«Ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos», afirmó el jurado, que alabó su «brújula moral».
En una época marcada por muchas guerras y conflictos el derecho internacional ya no es solo un complemento de la paz y la seguridad. «Es una necesidad absoluta», afirma el comité Nobel.
La justicia internacional «está bajo tremenda presión y sus instituciones bajo ataque», recalcó.
En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Birmania de genocidio.
El Nobel de la Paz otorgado a Navi Pillay da fe «de la necesidad y el valor» de los derechos humanos, destacó la ONU inmediatamente después del anuncio.
Para la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, el galardón reviste «una importancia especial» en un momento de «grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho».
El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.
Se entregará en una ceremonia oficial en Oslo el 10 de diciembre, cuando se conmemora el aniversario de la muerte, en 1896, del creador de los premios, el inventor y filántropo sueco Alfred Nobel.