Análisis Noticiosos
Fracasa el Gobierno dominicano en lucha en contra de la corrupción, según Transparencia Internacional. Transparencia Internacional certifica fracaso del gobierno con la corrupción
El Gobierno del presidente Danilo Medina ha fracasado en la lucha en contra de la conrrupción, según el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional (TI) 2019, publicado esta semana, que certifica el bajo desempeño de la administración peledeísta, después de haberse iniciado en el 2012 con la proclamación de un Código de Pautas Eticas y creando una comisión para vigilarlo.
El IPC 2019 muestra que la República Dominicana sólo obtiene una puntuación de 28 sobre 100, y ocupa el escalón 137 entre 180 países evaluados, con retrocesos en ambos renglones, lo que la deja entre las naciones de mayor corrupción en América Latina, igualada a Paraguay, y sólo superada por Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El informe dado a conocer a nivel mundial en Berlín, y en Santo Domingo por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de TI, muestra que en el último año la puntuación dominicana se redujo de 30 a 28, y en el ranking mundial cayó del escalón 129 al 137. El año anterior había tenido un ligero repunte, de 29 a 30 puntos, y había disminuido seis posiciones de la 135 a la 129. En los tres últimos años siempre entre 180 países evaluados.
En todo el continente, la RD recibe una peor puntuación que el 78 por ciento de las naciones y con 15 puntos por debajo del promedio regional, que es de 43. Los mejores evaluados en América son Canadá, con nota de 77, Estados Unidos 69, y chile 67, así como las islas caribeñas, Bahamas y Barbados, con 64 y 62 puntos sobre 100.
A nivel mundial los países de mejor puntuación en transparencia y menor corrupción son casi todos del norte de Europa, excepto Nueva Zelandia, empatada con Dinamarca en el liderazgo, con 87 puntos, y Singapur, que iguala a Finlandia, con 86. Les siguen Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos (Holanda),Alemania, Luxemburgo, Islandia y Austria, Canadá y Reino Unido, que registran desde 85 a 77 puntos.
Al analizar el IPC, Participación Ciudadana encontró que de 110 países con ingresos por cápita iguales o inferiores a la RD, con un promedio aproximado a los 8 mil 50 dólares, el 62 por ciento están mejor posicionados, aunque se ha demostrado que los países con mayores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menos corrupción.
Decenas de manifestantes aglomerados en el parque Independencia en contra de la eliminación artículo 85 del CCPFotos: Carmen Suárez/acento.com.doFecha: 5/04/2014
En análisis del récord del IPC de TI desde el 2006, cuando comenzó a abarcar a 180 países, muestra que RD ha seguido un deterioro persistente en materia de corrupción, que incluye la falta de transparencia y la impunidad, mientras en muchos países han logrado mejoría. En el 2006 tenía la misma puntuación de 28 sobre 100, pero estaba en la posición 99 del ranking mundial, es decir 38 menos que la 137 del 2019.
El retroceso es más visible en el gobierno del presidente Danilo Medina, ya que en su comienzo en el 2012, alcanzó 32 puntos y la posición 118, para de ahí en adelante ascender hasta la actual 137, es decir 19 escalones peores. En el 2015 apareció en el 103, pero con sólo 168 países evaluados, es decir 12 menos. De todas formas implicó una mejoría, que se agravó hasta alcanzar ahora la peor puntuación y posición en el ranking.
El fracaso es más significativo al recordar, como lo hizo Participación Ciudadana, que el país oficializó el IPC de TI al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012 en que inició el gobierno de Medina. Allí se fijó como meta que RD alcanzaría una puntuación de 51 sobre 100 para este 2020. Los 28 puntos registrados en el último Indice, apenas superan la mitad de lo esperado en reducción de la corrupción.
El revés es más significativo porque el actual mandatario inició su gestión proclamando un Código de Pautas Eticas y emitiendo el Decreto 486-12, que creó la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) También el Ministerio de la Presidencia auspició la formación de comisiones de veeduría social, con participación de representantes sociales, que con los años fueron desapareciendo en la medida en que no se cumplían las expectativas de transparencia.
El decreto atribuía 42 responsabilidades a la DIGEIG, que en su mayoría no han sido cumplidas, resaltando entre ellas, el Código de Etica, según el cual además de la Declaración Jurada de Bienes, los altos funcionarios gubernamentales tendrían que entregar un informe financiero anual, (artículo 7) entre el 15 y30 de agosto, especificando la evolución de su patrimonio, incluyendo cónyuge. No hay registro de que un solo funcionario lo haya hecho y tampoco que se le reclamara.
Como es tradición, en el primer período del gobierno de Medina, hubo más esfuerzos por controlar la corrupción y la malversación, pero la brújula empezó a perderse a partir de la búsqueda de su reelección, que al decir general incluyó una compra masiva de legisladores para hacerla posible mediante una reforma constitucional.
Pero lo peor le estalló al gobierno en diciembre del 2016, apenas comenzado el segundo período, con las revelaciones del escándalo de corrupción internacional de Odebrecht, que implicó relevantemente al país. Con el agravante de que el Ministerio Público ha evadido investigar los sobornos del período de gobierno de Medina, especialmente sus demostrados vínculos con el asesor político-electoral de Odebrecht Joao Santana.
Las sombras en la contratación de la mayor obra del actual mandatario, las plantas de carbón de Planta Catalina, han perseguido y seguirán persiguiendo a su régimen. Todavía no se han realizado auditorías de las obras contratadas con Odebrecht y hace poco el consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación impactó la opinión pública al revelar registros de sobornos por 55 millones de dólares en obras del actual gobierno, incluyendo 20 por las plantas de carbón. Se publicaron 28 seudónimos de los receptores de esos sobornos, que están en los registros de Odebrecht, pero nadie en el gobierno se ha dado por aludido.
Otros escándalos de corrupción durante el actual gobierno se registraron en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Consejo Estatal del Azúcar, en los cuales hubo un suicidio y varios muertos de por medio. En la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) se reveló el escándalo de la venta de todo un barrio a “precio de vaca muerta”.
La preocupación por los altos niveles de corrupción en el país, han aumentado en los últimos años en el país y tuvieron su mayor expresión en el movimiento Marcha Verde que durante el 2017 y 18 sacudió el país, llevando a las calles a cientos de miles de personas. Mientras las encuestas la registran como uno de los principales males, con hasta 80 por ciento considerando que empeora.
La convicción generalizada es que al gobierno de Medina le cayó la noche para ponerle límite a la corrupción, la malversación y la impunidad. Y que será uno de los grandes desafíos del gobierno a instaurarse en agosto próximo. “La guerra total a la corrupción y la impunidad” es el punto 1.2 de las prioridades políticas e institucionales suscritas por la Coalición Democrática por el Cambio, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y proclamada en noviembre por 6 partidos.
Analistas políticos concuerdan en que la corrupción y la impunidad han detonado un deterioro institucional que alcanza niveles cada vez más preocupantes, mientras múltiples expresiones de la Sociedad Civil la tienen como prioridad. Lo peor es que se teme que, como es tradicional, la malversación y el clientelismo de los años electorales, dispare aún más la corrupción y la impunidad.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.