Análisis Noticiosos
Fracasa el Gobierno dominicano en lucha en contra de la corrupción, según Transparencia Internacional. Transparencia Internacional certifica fracaso del gobierno con la corrupción
El Gobierno del presidente Danilo Medina ha fracasado en la lucha en contra de la conrrupción, según el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional (TI) 2019, publicado esta semana, que certifica el bajo desempeño de la administración peledeísta, después de haberse iniciado en el 2012 con la proclamación de un Código de Pautas Eticas y creando una comisión para vigilarlo.
El IPC 2019 muestra que la República Dominicana sólo obtiene una puntuación de 28 sobre 100, y ocupa el escalón 137 entre 180 países evaluados, con retrocesos en ambos renglones, lo que la deja entre las naciones de mayor corrupción en América Latina, igualada a Paraguay, y sólo superada por Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El informe dado a conocer a nivel mundial en Berlín, y en Santo Domingo por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo nacional de TI, muestra que en el último año la puntuación dominicana se redujo de 30 a 28, y en el ranking mundial cayó del escalón 129 al 137. El año anterior había tenido un ligero repunte, de 29 a 30 puntos, y había disminuido seis posiciones de la 135 a la 129. En los tres últimos años siempre entre 180 países evaluados.
En todo el continente, la RD recibe una peor puntuación que el 78 por ciento de las naciones y con 15 puntos por debajo del promedio regional, que es de 43. Los mejores evaluados en América son Canadá, con nota de 77, Estados Unidos 69, y chile 67, así como las islas caribeñas, Bahamas y Barbados, con 64 y 62 puntos sobre 100.
A nivel mundial los países de mejor puntuación en transparencia y menor corrupción son casi todos del norte de Europa, excepto Nueva Zelandia, empatada con Dinamarca en el liderazgo, con 87 puntos, y Singapur, que iguala a Finlandia, con 86. Les siguen Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos (Holanda),Alemania, Luxemburgo, Islandia y Austria, Canadá y Reino Unido, que registran desde 85 a 77 puntos.
Al analizar el IPC, Participación Ciudadana encontró que de 110 países con ingresos por cápita iguales o inferiores a la RD, con un promedio aproximado a los 8 mil 50 dólares, el 62 por ciento están mejor posicionados, aunque se ha demostrado que los países con mayores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menos corrupción.
Decenas de manifestantes aglomerados en el parque Independencia en contra de la eliminación artículo 85 del CCPFotos: Carmen Suárez/acento.com.doFecha: 5/04/2014
En análisis del récord del IPC de TI desde el 2006, cuando comenzó a abarcar a 180 países, muestra que RD ha seguido un deterioro persistente en materia de corrupción, que incluye la falta de transparencia y la impunidad, mientras en muchos países han logrado mejoría. En el 2006 tenía la misma puntuación de 28 sobre 100, pero estaba en la posición 99 del ranking mundial, es decir 38 menos que la 137 del 2019.
El retroceso es más visible en el gobierno del presidente Danilo Medina, ya que en su comienzo en el 2012, alcanzó 32 puntos y la posición 118, para de ahí en adelante ascender hasta la actual 137, es decir 19 escalones peores. En el 2015 apareció en el 103, pero con sólo 168 países evaluados, es decir 12 menos. De todas formas implicó una mejoría, que se agravó hasta alcanzar ahora la peor puntuación y posición en el ranking.
El fracaso es más significativo al recordar, como lo hizo Participación Ciudadana, que el país oficializó el IPC de TI al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012 en que inició el gobierno de Medina. Allí se fijó como meta que RD alcanzaría una puntuación de 51 sobre 100 para este 2020. Los 28 puntos registrados en el último Indice, apenas superan la mitad de lo esperado en reducción de la corrupción.
El revés es más significativo porque el actual mandatario inició su gestión proclamando un Código de Pautas Eticas y emitiendo el Decreto 486-12, que creó la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG) También el Ministerio de la Presidencia auspició la formación de comisiones de veeduría social, con participación de representantes sociales, que con los años fueron desapareciendo en la medida en que no se cumplían las expectativas de transparencia.
El decreto atribuía 42 responsabilidades a la DIGEIG, que en su mayoría no han sido cumplidas, resaltando entre ellas, el Código de Etica, según el cual además de la Declaración Jurada de Bienes, los altos funcionarios gubernamentales tendrían que entregar un informe financiero anual, (artículo 7) entre el 15 y30 de agosto, especificando la evolución de su patrimonio, incluyendo cónyuge. No hay registro de que un solo funcionario lo haya hecho y tampoco que se le reclamara.
Como es tradición, en el primer período del gobierno de Medina, hubo más esfuerzos por controlar la corrupción y la malversación, pero la brújula empezó a perderse a partir de la búsqueda de su reelección, que al decir general incluyó una compra masiva de legisladores para hacerla posible mediante una reforma constitucional.
Pero lo peor le estalló al gobierno en diciembre del 2016, apenas comenzado el segundo período, con las revelaciones del escándalo de corrupción internacional de Odebrecht, que implicó relevantemente al país. Con el agravante de que el Ministerio Público ha evadido investigar los sobornos del período de gobierno de Medina, especialmente sus demostrados vínculos con el asesor político-electoral de Odebrecht Joao Santana.
Las sombras en la contratación de la mayor obra del actual mandatario, las plantas de carbón de Planta Catalina, han perseguido y seguirán persiguiendo a su régimen. Todavía no se han realizado auditorías de las obras contratadas con Odebrecht y hace poco el consorcio de Internacional de Periodistas de Investigación impactó la opinión pública al revelar registros de sobornos por 55 millones de dólares en obras del actual gobierno, incluyendo 20 por las plantas de carbón. Se publicaron 28 seudónimos de los receptores de esos sobornos, que están en los registros de Odebrecht, pero nadie en el gobierno se ha dado por aludido.
Otros escándalos de corrupción durante el actual gobierno se registraron en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Consejo Estatal del Azúcar, en los cuales hubo un suicidio y varios muertos de por medio. En la Corporación de Empresas Estatales (CORDE) se reveló el escándalo de la venta de todo un barrio a “precio de vaca muerta”.
La preocupación por los altos niveles de corrupción en el país, han aumentado en los últimos años en el país y tuvieron su mayor expresión en el movimiento Marcha Verde que durante el 2017 y 18 sacudió el país, llevando a las calles a cientos de miles de personas. Mientras las encuestas la registran como uno de los principales males, con hasta 80 por ciento considerando que empeora.
La convicción generalizada es que al gobierno de Medina le cayó la noche para ponerle límite a la corrupción, la malversación y la impunidad. Y que será uno de los grandes desafíos del gobierno a instaurarse en agosto próximo. “La guerra total a la corrupción y la impunidad” es el punto 1.2 de las prioridades políticas e institucionales suscritas por la Coalición Democrática por el Cambio, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y proclamada en noviembre por 6 partidos.
Analistas políticos concuerdan en que la corrupción y la impunidad han detonado un deterioro institucional que alcanza niveles cada vez más preocupantes, mientras múltiples expresiones de la Sociedad Civil la tienen como prioridad. Lo peor es que se teme que, como es tradicional, la malversación y el clientelismo de los años electorales, dispare aún más la corrupción y la impunidad.-
Por Nelson Valdez
Hay momentos en que el cansancio de un pueblo se vuelve ira y la ira se desplaza como inteligencia. Es cuando dejamos de preguntarnos quién está preparado para gobernar y empezamos a pensar contra quién votar.
República Dominicana está en uno de esos momentos.
El fenómeno de Santiago Matías (Alofoke) no es solo el ascenso de un comunicador o empresario digital; es la manifestación sociológica de un electorado cansado de los partidos tradicionales, de promesas envejecidas y discursos vacíos. La política tradicional generó esta desconfianza. Primero buscamos al empresario, luego al outsider y ahora podemos estar buscando al espectáculo.
Pero el fracaso de la política tradicional no convierte automáticamente en estadista a quien triunfa en el entretenimiento.
El algoritmo premia la indignación, la controversia y la velocidad. El Estado funciona al revés: la inflación no baja por un video viral, la deuda no se administra con carisma ni la salud mejora por tener seguidores. Las redes premian la reacción; el Estado cobra la improvisación.
La antipolítica seduce diciendo: «Ellos te fallaron, nosotros somos distintos». ¿Pero distintos en qué? ¿Con qué equipo, programa o conocimiento de la administración pública? Gobernar es la parte aburrida de la política, pero es la única que importa cuando se apagan las cámaras.
El riesgo es convertir la decepción en un «voto de castigo»: «Como todos me fallaron, votaré por quien más daño les haga». Eso no es transformación, es desahogo. El voto es un instrumento demasiado poderoso para entregárselo a la ira.
Detrás de este fenómeno hay ciudadanos hartos que deben ser escuchados, pero la indignación debe ser el comienzo de una pregunta, no el final del razonamiento: ¿Qué propone? ¿Con quién? ¿Cómo?
No se trata de elegir entre política tradicional y espectáculo, sino de recuperar el criterio: no venerar al famoso por serlo ni condenar al político por serlo.
Antes nos engañaron con la promesa del cambio; ahora podrían seducirnos con la del castigo. La rabia es un pésimo combustible para gobernar. La próxima elección exige pensar.
Por Nelson Valdez
Hay en la sociología del espectáculo un afán dañino por confundir la celebridad con el estadismo, un deslumbramiento de mercado que pretende equiparar el ruido mediático con la solvencia del pensamiento. La política no es un plato de televisión ni un debate de utilería donde la estridencia sustituye a la doctrina. Pretender que la conducción de un Estado pueda entregarse al primer charlatán con micrófono es confundir el circo con el templo, la muchedumbre enfervorizada con el ciudadano consciente.
El resentimiento hacia la clase política es comprensible; el desgaste de las siglas tradicionales y la fatiga ante los discursos gastados son heridas abiertas en la sociedad. Sin embargo, el hastío no puede convertirse en pasaje hacia el abismo. La figura de Leonel Fernández, con todas las contradicciones que la historia pueda atribuirle, pertenece al ámbito de la formación intelectual, del manejo de la diplomacia y de la comprensión profunda de las instituciones. Medirlo en el mismo rasero que a la cultura de la chabacanería y el algoritmo no solo es un desatino conceptual, sino un insulto a la inteligencia colectiva.
La búsqueda de un cambio no se resuelve dinamitando la casa para librarse de las goteras. Entregar la responsabilidad de una nación a la frivolidad del espectáculo no es renovación: es un suicidio asistido por el aplauso fácil. El verdadero liderazgo exige lectura, sobriedad y sentido de la historia; lo demás es pura escenografía para un público distraído que confunde la pantalla con la patria.
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.
Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.
Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.
Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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