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Tras 12 años, aún no eligen al «Defensor del Pueblo»

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El PLD, la fuerza mayoritaria en el Congreso, no se ha pronunciado sobre el nombramiento del alto funcionario

El 26 de enero próximo se cumplirán tres años de la inclusión de la figura del Defensor del Pueblo en la Carta Magna y todavía el Congreso no termina de escoger al ciudadano o la ciudadana que ocupará la función fiscalizadora. ¿Qué falta? Falta voluntad política, especialmente en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que tiene fuerza absoluta en el Senado y mayoritaria en la cámara baja.

Así lo explican miembros de la comisión de diputados que, en marzo del 2011, luego de entrevistar a 79 aspirantes, rindió un informe con los perfiles de las seis personas mejor calificadas para el puesto. Casi dos años después, el informe ni siquiera ha sido incluido en la agenda del hemiciclo para su consideración.

El legislador Teodoro Ursino Reyes (PLD-La Romana), presidente de los comisionados, ha repetido en numerosas ocasiones que, si la coordinación general de la Cámara no lo propone para debate, el documento nunca llegará a los senadores, donde se debe hacer la escogencia final según el artículo 192 de la Constitución de la República, el cual reza: “El Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un período de seis años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos”.

Ursino Reyes expresó que no quiere insistir más en el deber que tiene el Congreso frente al referido artículo, para que sus compañeros no piensen que él está presionando.

“Eso es un asunto de voluntad política. Si ellos no lo quieren, no sirve de nada presentarlo. El PLD no quiere eso. A menos que haya una voluntad política y presiones en los medios de comunicación, eso no se va a conseguir”, estimó Cristian Paredes, otro legislador que participó en la preselección.

Paredes, representante de la provincia Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reconoce  que cualquiera de los comisionados podría pedir que la agenda se modifique en una sesión ordinaria para introducir el tema, pero, según él, no se hace porque con anterioridad se conoce la desidia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aseguró, en enero, que el problema de raíz es que “las  dirigencias de los partidos tienen que ponerse de acuerdo, porque la designación del Defensor, más los defensores adjuntos, necesita de una mayoría especial que ningún partido tiene en el Congreso”.

Sin embargo, resulta que el PLD suele buscar intensamente el consenso congresual cuando un tema en verdad le importa. Basta recordar el pacto que en el 2011 Leonel Fernández, entonces presidente de la República, firmó con el presidente del PRD, Miguel Vargas, para poner fin al tranque de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura.

Se trató de un convenio público y de pronto cumplimiento. Pero cuando se habla del Defensor del Pueblo ninguna figura peledeísta importante levanta la voz. Ni siquiera el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se refiere a ese capítulo pendiente de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010.

Los aspirantes

En su artículo 191 la Constitución establece que el Defensor del Pueblo tiene la función esencial de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos consignados en ella y en las leyes adjetivas, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, prestadores de servicios públicos o particulares.

La figura ya existía en la Ley 19-01, aprobada en diciembre del año 2000, pero alcanzó el máximo rango al ser incluida en la Carta Magna del 2010.

El 22 de marzo de 2011 un grupo de diputados hizo una preselección que la cámara debe refrendar con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en el hemiciclo antes de enviarla al Senado.

La lista la componen  Ramón Bienvenido Martínez Portorreal, doctor en Derecho, con maestría en Defensa y Seguridad; Porfirio Rodríguez Yriarte, ingeniero civil, excoordinador de Participación Ciudadana y presidente de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo; Iraima Altagracia Capriles Rosado, licenciada en Derecho, especializada en temas de familia y función institucional.

También Vielka Polanco Morales, abogada, exconsultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Andrés Reyes Fortunato Victoria, licenciado en Derecho, maestro del sector público, y Félix Antonio Cruz Jiminián, doctor en Medicina, filántropo y activista de los derechos humanos.

No hay plazo para el primer nombramiento

En dos ocasiones Amnistía Internacional ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia la presentación de las ternas de aspirantes a Defensor del Pueblo.

Para esto la entidad intercontinental se basa en que el párrafo del artículo 192 de la Carta Magna faculta a la SCJ a tomar la decisión si los diputados no lo hacen en los plazos correspondientes. Sin embargo, Amnistía no observa que los plazos sólo se ejecutan después de la primera escogencia del funcionario constitucional.

El mandato reza: “La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados y las someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días”. Todavía nadie ha terminado un mandato.

El Caribe

 

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Tribunal respalda decisión de la DGCP sobre suspensión de contrato de Transcore Latam

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Fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana  la resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que suspendió el contrato adjudicado a Transcore Latam, S.R.L., en el marco de una licitación pública nacional organizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Este fallo, que se produce tras un recurso presentado por la empresa afectada, busca aclarar la legalidad del proceso de suspensión y garantizar la transparencia en el manejo de los contratos públicos.

El 21 de noviembre de 2023, Transcore Latam interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la DGCP y el INTRANT, impugnando la resolución RIC-156-2023.

Esta resolución suspendió el contrato No. DJ-CBS-009-2023, el cual se firmo en el contexto de la Licitación Pública Nacional No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.

Según la empresa, la suspensión se tomo sin un respaldo legal adecuado, y argumenta que se vulneraron sus derechos constitucionales.

Por su parte, la DGCP defendió su decisión, alegando que la suspensión estaba justificada bajo la normativa vigente, específicamente la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas.

Esta ley otorga a la DGCP la facultad de tomar medidas cautelares cuando existen dudas sobre la legalidad de un contrato público.

El origen de la suspensión del contrato está relacionado con una serie de denuncias presentadas por otras empresas, como ESC Group, S.R.L., y otras firmas competidoras, que señalaron presuntas irregularidades en el proceso de licitación.

Entre las acusaciones se incluyen la apropiación indebida de documentos, la falsificación de información y la alteración de resultados.

La DGCP, en su calidad de autoridad rectora en los procesos de compras públicas, adoptó medidas precautorias para evitar que dichos posibles vicios afectaran el interés general del Estado.

El Tribunal Superior Administrativo emitió un fallo que valida la medida provisional de suspensión del contrato, lo que permite que las investigaciones sobre las irregularidades continúen.

La decisión del tribunal se basa en que la DGCP actuó dentro de sus competencias y conforme a la ley, garantizando que todas las partes pudieran presentar sus alegatos y defenderse de las acusaciones en su contra.

La resolución de la corte subraya que la medida adoptada no implica una decisión final sobre la legalidad del contrato, sino que se trata de una suspensión temporal hasta que se aclaren las denuncias.

Irregularidades en el contrato de Transcore Latam

Las investigaciones del Ministerio Público señalaron que hubo varios elementos que cuestionan la transparencia del proceso de adjudicación del contrato con Transcore Latam.

Se identificó que Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras, habría influido en la modificación de los pliegos de condiciones de manera extemporánea.

Esto habría dificultado una evaluación técnica adecuada y propiciado la selección de una oferta con posibles irregularidades.

Además de Hugo Beras, Gómez Canaán y otros funcionarios mencionados en el proceso, se encuentran imputados por su presunta implicación en la corrupción administrativa y el desfalco de fondos públicos.

La investigación ha extendido sus alcances, involucrando a varios otros personajes clave del Intrant, como Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología, y Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico.

En libertad a pesar de todo

El 11 de noviembre, después de cumplir un mes y diez días en prisión preventiva, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Jochi Gómez y Pedro Padovanni los liberaron con condiciones que establecen una garantía económica, la prohibición de salir del país y la obligación de los implicados de presentarse regularmente ante las autoridades..

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Pese a controles militares persiste tráfico ilegal de haitianos a RD.

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Santo Domingo, R.D.-Los controles militares en la frontera no ha detenido el trafico ilegal de haitianos hacia la República Dominicana, ya que esa  representa una lucrativa actividad ilícita para quienes operan el negocio clandestino.

Sin embargo, las fuerzas militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) han logrado desmantelar múltiples redes criminales manejadas tanto por dominicanos como por haitianos, llevando a más de 170 implicados ante la justicia en los últimos cinco meses.

En el último operativo, militares del ejército detuvieron el 24 de diciembre a un haitiano que transportaba a 11 compatriotas indocumentados e intentó sobornar a los uniformados.

El detenido, Franklin Pie, conducía un Toyota Pixis blanco, placa AA24038, con los extranjeros indocumentados a bordo.

Al ser arrestado, el detenido intentó sobornar a los militares del puesto de chequeo Botoncillo con RD$ 15,000, quienes lo llevaron a la Fortaleza San Fernando para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Los extranjeros detenidos en situación migratoria irregular fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para su repatriación.

El Ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, han ordenado la continuidad de los operativos de interdicción migratoria y combate al tráfico de indocumentados y mercancías ilegales en la frontera entre ambas naciones.

También aseguraron que continuarán apoyando a la Policía Nacional en su labor de garantizar la seguridad ciudadana en todas las áreas bajo responsabilidad del Ejército durante las festividades navideñas.

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La «Gracia Navideña» ha beneficiado a más de 300 mil dominicanos.

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Santo Domingo, R.D.-La «Gracia Navideña» ha sido recibida por más de 300 mil dominicanos concedida a través de la Dirección General de Aduanas con motivo de las fiestas navideñas.

De acuerdo con datos estadísticos preliminares ofrecidos por las autoridades aeroportuarias y aduanales en la terminal de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, desde el día primero de diciembre hasta el 25, han entrado al país, 345,000 pasajeros de los cuales 310,000 han sido favorecidos con las facilidades aduanales.

Este año Aduanas incrementó a un 30 % el valor total de artículos y regalos que los dominicanos residentes en el exterior exonerados de los aranceles.

La gracia navideña aplica tanto para los dominicanos que ingresen al país por vía aérea como marítima, siempre que el valor Free on Bord (FOB) de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sea en cantidades comerciales, permitiéndose, solamente, una unidad de cada tipo.

Esta exoneración se aplica por familia, y para aquellos que tienen al menos seis meses o más sin venir a la República Dominicana.

Los vuelos comerciales procedentes de Nueva York, Miami, San Juan, Puerto Rico, New Yersey, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos, están llegando con casi un 100% por ciento de ocupación.

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