Nacionales
Tras 12 años, aún no eligen al «Defensor del Pueblo»
El PLD, la fuerza mayoritaria en el Congreso, no se ha pronunciado sobre el nombramiento del alto funcionario
El 26 de enero próximo se cumplirán tres años de la inclusión de la figura del Defensor del Pueblo en la Carta Magna y todavía el Congreso no termina de escoger al ciudadano o la ciudadana que ocupará la función fiscalizadora. ¿Qué falta? Falta voluntad política, especialmente en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que tiene fuerza absoluta en el Senado y mayoritaria en la cámara baja.
Así lo explican miembros de la comisión de diputados que, en marzo del 2011, luego de entrevistar a 79 aspirantes, rindió un informe con los perfiles de las seis personas mejor calificadas para el puesto. Casi dos años después, el informe ni siquiera ha sido incluido en la agenda del hemiciclo para su consideración.
El legislador Teodoro Ursino Reyes (PLD-La Romana), presidente de los comisionados, ha repetido en numerosas ocasiones que, si la coordinación general de la Cámara no lo propone para debate, el documento nunca llegará a los senadores, donde se debe hacer la escogencia final según el artículo 192 de la Constitución de la República, el cual reza: “El Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un período de seis años, de ternas propuestas por la Cámara de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos”.
Ursino Reyes expresó que no quiere insistir más en el deber que tiene el Congreso frente al referido artículo, para que sus compañeros no piensen que él está presionando.
“Eso es un asunto de voluntad política. Si ellos no lo quieren, no sirve de nada presentarlo. El PLD no quiere eso. A menos que haya una voluntad política y presiones en los medios de comunicación, eso no se va a conseguir”, estimó Cristian Paredes, otro legislador que participó en la preselección.
Paredes, representante de la provincia Sánchez Ramírez por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), reconoce que cualquiera de los comisionados podría pedir que la agenda se modifique en una sesión ordinaria para introducir el tema, pero, según él, no se hace porque con anterioridad se conoce la desidia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aseguró, en enero, que el problema de raíz es que “las dirigencias de los partidos tienen que ponerse de acuerdo, porque la designación del Defensor, más los defensores adjuntos, necesita de una mayoría especial que ningún partido tiene en el Congreso”.
Sin embargo, resulta que el PLD suele buscar intensamente el consenso congresual cuando un tema en verdad le importa. Basta recordar el pacto que en el 2011 Leonel Fernández, entonces presidente de la República, firmó con el presidente del PRD, Miguel Vargas, para poner fin al tranque de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura.
Se trató de un convenio público y de pronto cumplimiento. Pero cuando se habla del Defensor del Pueblo ninguna figura peledeísta importante levanta la voz. Ni siquiera el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se refiere a ese capítulo pendiente de la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010.
Los aspirantes
En su artículo 191 la Constitución establece que el Defensor del Pueblo tiene la función esencial de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos consignados en ella y en las leyes adjetivas, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, prestadores de servicios públicos o particulares.
La figura ya existía en la Ley 19-01, aprobada en diciembre del año 2000, pero alcanzó el máximo rango al ser incluida en la Carta Magna del 2010.
El 22 de marzo de 2011 un grupo de diputados hizo una preselección que la cámara debe refrendar con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en el hemiciclo antes de enviarla al Senado.
La lista la componen Ramón Bienvenido Martínez Portorreal, doctor en Derecho, con maestría en Defensa y Seguridad; Porfirio Rodríguez Yriarte, ingeniero civil, excoordinador de Participación Ciudadana y presidente de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo; Iraima Altagracia Capriles Rosado, licenciada en Derecho, especializada en temas de familia y función institucional.
También Vielka Polanco Morales, abogada, exconsultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Andrés Reyes Fortunato Victoria, licenciado en Derecho, maestro del sector público, y Félix Antonio Cruz Jiminián, doctor en Medicina, filántropo y activista de los derechos humanos.
No hay plazo para el primer nombramiento
En dos ocasiones Amnistía Internacional ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia la presentación de las ternas de aspirantes a Defensor del Pueblo.
Para esto la entidad intercontinental se basa en que el párrafo del artículo 192 de la Carta Magna faculta a la SCJ a tomar la decisión si los diputados no lo hacen en los plazos correspondientes. Sin embargo, Amnistía no observa que los plazos sólo se ejecutan después de la primera escogencia del funcionario constitucional.
El mandato reza: “La Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados y las someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días”. Todavía nadie ha terminado un mandato.
El Caribe
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.