Internacionales
Tras absolución, Trump mantiene su poder sobre republicanos
Nueva York, Estados UnidosEl Partido Republicano sigue perteneciendo a Donald Trump.
Después de que Trump incitara un asalto mortal al Capitolio federal el mes pasado, el partido consideró apartar al rebelde expresidente. Pero al final, solo siete de los 50 senadores republicanos votaron el sábado a favor de condenar a Trump en su histórico segundo juicio político.
Para los leales a Trump, la absolución es una especie de reivindicación, y una reconexión con la combativa base de seguidores del exmandatario. Y para los que se oponen a Trump supone un alarmante indicio de que el partido está avanzando más en una peligrosa dirección, poco interesado en reconectar con los votantes a los que alejó Trump: moderados, mujeres y graduados universitarios.
En definitiva, la resolución del juicio político deja sobre la mesa las divisiones en el partido republicano que tendrán que gestionar los líderes, donantes y votantes en sus esfuerzos para retomar el control del Congreso en las elecciones de media legislatura el año que viene y para recuperar la Casa Blanca en 2024.
Esa tensión quedó al descubierto nada más concluir la votación. Tras respaldar la absolución de Trump, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, hizo un discurso que recogía los mismos argumentos reiterados por los demócratas que pedían la condena de Trump.
El expresidente, dijo McConnell, fue “responsable práctica y moralmente de provocar los sucesos” que llevaron a la insurrección. Pero alegó que la Constitución no permitía que el Senado condenara a Trump ahora que ha dejado el cargo, un argumento que han defendido muchos republicanos.
Los libros de historia mostrarán que 10 miembros del partido en la Cámara de Representantes y otros siete del Senado creyeron que el comportamiento de Trump era lo bastante reprobable como para ser condenado, e incluso inhabilitado de por vida para ejercer futuros cargos. Nunca antes tantos miembros del partido de un mandatario habían votado a favor de su destitución.
Pero a juzgar por los datos más objetivos, Trump conserva un férreo control sobre el Partido Republicano y su futuro.
Trump mantiene una popularidad del 82% entre personas que se identifican como republicanas, según un sondeo de Gallup del mes pasado. Y hace poco, la Universidad de Monmouth concluyó que el 72% de los republicanos siguen creyendo las afirmaciones falsas de Trump de que el actual presidente, Joe Biden, sólo ganó las elecciones de noviembre por un fraude electoral generalizado.
Para despejar las dudas sobre la influencia de Trump, los republicanos de la Cámara de Representantes votaron de forma abrumadora la semana pasada para defender a la congresista Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia y firme seguidora de Trump, pese a las pruebas de que había defendido de forma reiterada teorías conspirativas, la discriminación y la violencia en medios sociales.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, responsabilizó a Trump por el violento ataque contra el Capitolio, pero se retractó apenas unos días después e hizo una visita personal a la propiedad de Trump en Florida para asegurarse de que estaban en términos cordiales.
De los siete republicanos que votaron el sábado a favor de condenar a Trump, sólo uno buscará la reelección en los próximos cuatro años. Desde luego, en el Partido Republicano de Trump hay muy pocos dispuestos a enojarle si albergan ambiciones políticas futuras.
Nikki Haley, una posible aspirante a la candidatura republicana a la presidencia en 2024 y que fue embajadora ante Naciones Unidas durante el mandato de Trump, llamó la atención esta semana tras decir a Politico que el papel de Trump en el ataque del 6 de enero básicamente le descalificaba para volver a presentarse.
“Ha ido demasiado lejos” dijo Haley. “Siguió un camino que no debía haber tomado, y no deberíamos haberle seguido, y no deberíamos haberle escuchado. Y no podemos dejar que eso vuelva a ocurrir”.
Otro posible aspirante a la candidatura republicana, el senador Ben Sasse, republicano por Nebraska, votó a favor de condenar a Trump el sábado declarando que las “mentiras” de Trump sobre un fraude electoral generalizado había puesto en peligro “la vida del vicepresidente” y “nos llevó peligrosamente cerca de una sangrienta crisis constitucional”.
Aunque Sasse podría competir por la candidatura presidencial en 2024, no volverá a presentarse a una votación en primarias republicanas en Nebraska a menos que busque la reelección en 2026.
De forma similar, el senador republicano Bill Cassidy de Luisiana afrontó una censura de su partido estatal tras votar a favor de condenar a Trump. Pero no volverá a presentarse a elecciones hasta 2026, de modo que está relativamente protegido de las consecuencias políticas.
Pese a las críticas de McConnell, las voces más críticas con Trump en el Partido Republicano son en este momento una serie de republicanos retirados que aparecen en canales noticiosos de televisión por cable y el movimiento de “Nunca Trump”, que tiene sus propios problemas para sobrevivir.
El Proyecto Lincoln, quizá el grupo republicano contra Trump más conocido y con mejor financiación, ha pasado unos días accidentados tras las noticias de que sus líderes supieron que había múltiples acusaciones de delitos sexuales contra un cofundador meses antes de reconocerlo en público.
El veterano estratega republicano Steve Schmidt, que se describía como líder del movimiento, dejó su puesto en la junta directiva la víspera de la votación en el juicio político, un día después de que el Proyecto Lincoln anunciara planes de contratar a un investigador independiente.
El incidente amenaza con socavar las campañas de recaudación del grupo y su influencia, cuando la plataforma, con categoría de super PAC, trabaja para ganar audiencia a través de un popular podcast y expandirse a un canal de video a través de internet que el mes pasado logró 4 millones de visionados.
Incluso antes de la crisis, el cofundador Reed Galen reconoció que el trumpismo está ganando.
“El lado autoritario del Partido Republicano es el lado dominante”, dijo. “Tienen el impulso. Por ahora, tienen el dinero”.
Sarah Longwell, estratega republicana y que lidera el grupo antitrump conocido como Defendiendo Juntos la Democracia, dijo que “lo que han demostrado los dos últimos meses es que si Donald Trump era un cáncer para el país y para el partido, ha entrado en metástasis”.
“Creí que podríamos dejarle atrás”, dijo. “Pero ahora no lo creo”.
Aun así, el Partido Republicano afronta enormes riesgos políticos si sus líderes siguen enarbolando la bandera de Trump y su estilo de política al margen de las normas.
Ya hay docenas de empresas afines al partido que han prometido cortar el financiamiento a los aliados de Trump en el Congreso, secando una fuente clave de ingresos justo cuando los republicanos preparan su campaña para recuperar las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de media legislatura el año que viene.
“Recordaremos a los votantes que los republicanos estuvieron dispuestos a ignorar sus juramentos todo por lealtad a un hombre, y ese hombre fue más importante que sus votantes, más importante que la Constitución de los Estados Unidos, más importante que la democracia que tenemos en esta gran nación», dijo el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison.
Pero el propio Trump no se ha ido a ninguna parte. Inmediatamente después de su absolución, emitió un comunicado por escrito prometiendo que reaparecía “pronto”.
“Nuestro histórico, patriótico y hermoso movimiento para Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo apenas empieza”, dijo Trump. “Tengo mucho que compartir con ustedes en los próximos meses, y estoy deseando continuar nuestro increíble viaje juntos para conseguir la grandeza estadounidense por toda nuestra gente”.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.