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El gasto público ha sido tema principal en debate entre oposición y oficialismo.
Santo Domingo, R.D.-La ejecución del gasto del Gobierno fue el tema principal del Consejo de Ministros realizado en la tarde de este jueves, tras el escenario político estar dominado por el debate sobre cuál de las recientes administraciones gubernamentales aumentara la deuda pública.
Durante la realización del «breve» Consejo de Ministros, el presidente Luis Abinader y su gabinete hablaron sobre la ejecución de los recursos del Estado, especialmente el gasto de capital debido al presupuesto complementario aprobado.
«Este es un Consejo de Ministros, que fue relativamente breve, pero que estaba llamado fundamentalmente a dar seguimiento a un sinnúmero de aspectos que son propios de la agenda de trabajo del Gobierno Central, priorizando fundamentalmente en los aspectos de la ejecución del gasto público, sobre todo el gasto de capital como consecuencia del presupuesto complementario recientemente aprobado y el proceso de ejecución y en el trayecto último de cerrar este año 2026», manifestó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al término de la reunión que se extendió por poco más de una hora.
El vocero del Consejo indicó que a raíz de que en el presupuesto complementario se aprobó el aumento de la capacidad de gasto en algunas instituciones para ejecutar ‘varios proyectos’, por lo que la tuvo la misión de dar seguimiento a la ejecución de esas iniciativas.
El vocero del Consejo indicó que a raíz de que en el presupuesto complementario se aprobó el aumento de la capacidad de gasto en algunas instituciones para ejecutar «varios proyectos»Glauco Moquete / LD
«Importante tratar el tema de la ejecución presupuestaria en virtud de que el gobierno a través del impulso en obras públicas es un actor que colabora o que contribuye de manera importante con los indicadores de crecimiento económico, con la dignación de la economía y con otros aspectos que son de interés colectivo», explicó Paliza.
La ejecución del gasto ha sido un debate entre el oficialismo y la oposición durante los últimos años, el debate se ha reavivado desde el pasado lunes luego de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusara al Gobierno de aumentar la deuda pública; luego, en LA Semanal, el mandatario señaló que en términos «relativos» la misma se ha reducido y manifestó que el «80% de los préstamos» tomados por este Gobierno, han sido para pagar deudas pasadas.
“Jornada de Articulación 2026”
El otro punto principal del Consejo de Ministros fue en anunciar que el próximo domingo 26 de este mes se realizará la Jornada de Articulación de Acciones Gobierno 2026, el cual será un taller para coordinar la eficiencia, transparencia y cercanía de la gestión pública.
«Este será un taller de trabajo y una mesa de trabajo donde todas las entidades gubernamentales están llamadas a participar para coordinar de forma interinstitucional todos los elementos que nos ayuden a fortalecer la eficiencia, la transparencia y la cercanía de la gestión pública con la ciudadanía», manifestó Paliza, quien informó que la jornada estará coordinada por el Ministerio de la Presidencia.
El viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, Luis Madera, informó que la próxima semana se realizarán reuniones con distintos grupos poblacionales, incluyendo niñez, juventud, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, para levantar información actualizada sobre sus principales necesidades.
El viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, Luis MaderaGlauco Moquete / LD
“Estos insumos nos permitirán identificar articulaciones entre los presupuestos institucionales y orientar las prioridades hacia el año 2028, demostrando que el gobierno pone el foco en las personas y en generar más impacto en la gente”, explicó el funcionario.
Madera señaló se informará públicamente sobre las articulaciones y la hoja de ruta del 2026, con el objetivo de planificar con visión, coordinar con propósito y servir con mayor eficiencia, poniendo a las personas en el centro de las decisiones.
Otros temas
De acuerdo con Paliza, por igual se trató la conclusión de proyectos medulares para la vida nacional y la eficientización del gobierno a través de la digitalización de procesos; también se dio seguimiento al programa de burocracia cero, incluyendo la eliminación de procesos y la dinamización de permisos de salida de menores y desaduanización de mercancías.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.