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Tras escándalo de corrupción y asesinato: Cámara de Cuentas investigará a la OMSA
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los recursos públicos, realizará en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) una «investigación especial» para analizar «todo lo que tiene que ver con la institución»
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Cámara de Cuentas dominicana inició una investigación a la estatal oficina de servicios de autobuses, cuyo destituido director y dos subalternos guardan prisión por el asesinato de un abogado y profesor universitario que investigaba un presunto caso de corrupción en esa institución.
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los recursos públicos, realizará en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) una “investigación especial” para analizar “todo lo que tiene que ver con la institución”.
Así lo explicó a la prensa en la sede de la OMSA Margarita Melenciano, miembro del órgano fiscalizar, quien precisó que el resultado de dicha indagatoria será entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), que la solicitó.
La Procuraduría hizo la petición con el objetivo de “sustentar adecuadamente la formulación de un futuro sometimiento judicial por corrupción contra los funcionarios gubernamentales y los empresarios del sector privado que hayan participado en actos de corrupción”.
“Es parte de la investigación que se esta haciendo donde hay personas que ya tienen medidas de coerción por un año”, señaló hoy Melenciano en alusión a los imputados por la muerte del abogado Yuniol Ramírez, quien fue raptado el 11 de este mes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde daba clases.
Su cuerpo fue encontrado el día siguiente en un arroyo del municipio Santo Domingo Oeste atado con cadenas y dos bloques de construcción.
El pasado 19 de octubre una jueza dictó un año de prisión preventiva contra el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, así como en contra del encargado financiero de la entidad, el coronel de la Policía, Faustino Rosario Díaz, y de José Antonio Mercado Blanco (alias El Grande), también empleado de esa institución.
Las autoridades acusan como autor material del asesinato a Argenis Contreras González, prófugo, quien era asistente de Rivas.
La Fiscalía de la provincia Santo Domingo, a cargo de la investigación, presentó un expediente en el que asegura que Ramírez extorsionaba a Rivas para retirar una acusación en su contra por supuesta corrupción al frente de la OMSA, a cambio de que éste le entregara cuatro millones de pesos (algo más de 83.000 dólares).
En ese sentido, el abogado y catedrático habría recibido una primera partida de 1 millón de pesos (unos 21.000 dólares), y supuestamente recibiría el resto de lo acordado cuando hubiese retirado la querella, pero el día antes fue secuestrado y asesinado. El empresario Eddy Santana Zorrilla, quien suple suministros a la OMSA y que fue también fue enviado a prisión, está acusado de servir de intermediario para concretar el pago del dinero entre Ramírez y Rivas, presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la parte oeste de Santo Domingo.
El crimen ha consternado a la sociedad dominicana, pues el abogado era un crítico de la supuesta corrupción gubernamental y había revelado en un programa de televisión que en la OMSA se habían producido serias irregularidades administrativas.
Aunque la familia del abogado y catedrático ha negado la versión de las autoridades, desde hace varios días circulan en los medios de comunicación y redes sociales varios vídeos donde se observa que Ramírez se reunió en varias ocasiones con el empresario Santiago Zorrilla y con el supuesto autor del crimen Argenis Contreras González, actualmente prófugo. EFE
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.