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Tras escándalo de corrupción y asesinato: Cámara de Cuentas investigará a la OMSA
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los recursos públicos, realizará en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) una «investigación especial» para analizar «todo lo que tiene que ver con la institución»
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Cámara de Cuentas dominicana inició una investigación a la estatal oficina de servicios de autobuses, cuyo destituido director y dos subalternos guardan prisión por el asesinato de un abogado y profesor universitario que investigaba un presunto caso de corrupción en esa institución.
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los recursos públicos, realizará en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) una “investigación especial” para analizar “todo lo que tiene que ver con la institución”.
Así lo explicó a la prensa en la sede de la OMSA Margarita Melenciano, miembro del órgano fiscalizar, quien precisó que el resultado de dicha indagatoria será entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), que la solicitó.
La Procuraduría hizo la petición con el objetivo de “sustentar adecuadamente la formulación de un futuro sometimiento judicial por corrupción contra los funcionarios gubernamentales y los empresarios del sector privado que hayan participado en actos de corrupción”.
“Es parte de la investigación que se esta haciendo donde hay personas que ya tienen medidas de coerción por un año”, señaló hoy Melenciano en alusión a los imputados por la muerte del abogado Yuniol Ramírez, quien fue raptado el 11 de este mes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde daba clases.
Su cuerpo fue encontrado el día siguiente en un arroyo del municipio Santo Domingo Oeste atado con cadenas y dos bloques de construcción.
El pasado 19 de octubre una jueza dictó un año de prisión preventiva contra el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, así como en contra del encargado financiero de la entidad, el coronel de la Policía, Faustino Rosario Díaz, y de José Antonio Mercado Blanco (alias El Grande), también empleado de esa institución.
Las autoridades acusan como autor material del asesinato a Argenis Contreras González, prófugo, quien era asistente de Rivas.
La Fiscalía de la provincia Santo Domingo, a cargo de la investigación, presentó un expediente en el que asegura que Ramírez extorsionaba a Rivas para retirar una acusación en su contra por supuesta corrupción al frente de la OMSA, a cambio de que éste le entregara cuatro millones de pesos (algo más de 83.000 dólares).
En ese sentido, el abogado y catedrático habría recibido una primera partida de 1 millón de pesos (unos 21.000 dólares), y supuestamente recibiría el resto de lo acordado cuando hubiese retirado la querella, pero el día antes fue secuestrado y asesinado. El empresario Eddy Santana Zorrilla, quien suple suministros a la OMSA y que fue también fue enviado a prisión, está acusado de servir de intermediario para concretar el pago del dinero entre Ramírez y Rivas, presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la parte oeste de Santo Domingo.
El crimen ha consternado a la sociedad dominicana, pues el abogado era un crítico de la supuesta corrupción gubernamental y había revelado en un programa de televisión que en la OMSA se habían producido serias irregularidades administrativas.
Aunque la familia del abogado y catedrático ha negado la versión de las autoridades, desde hace varios días circulan en los medios de comunicación y redes sociales varios vídeos donde se observa que Ramírez se reunió en varias ocasiones con el empresario Santiago Zorrilla y con el supuesto autor del crimen Argenis Contreras González, actualmente prófugo. EFE
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.