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Tras escándalo de corrupción y asesinato: Cámara de Cuentas investigará a la OMSA
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los recursos públicos, realizará en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) una «investigación especial» para analizar «todo lo que tiene que ver con la institución»
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Cámara de Cuentas dominicana inició una investigación a la estatal oficina de servicios de autobuses, cuyo destituido director y dos subalternos guardan prisión por el asesinato de un abogado y profesor universitario que investigaba un presunto caso de corrupción en esa institución.
La Cámara de Cuentas, órgano fiscalizador de los recursos públicos, realizará en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) una “investigación especial” para analizar “todo lo que tiene que ver con la institución”.
Así lo explicó a la prensa en la sede de la OMSA Margarita Melenciano, miembro del órgano fiscalizar, quien precisó que el resultado de dicha indagatoria será entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), que la solicitó.
La Procuraduría hizo la petición con el objetivo de “sustentar adecuadamente la formulación de un futuro sometimiento judicial por corrupción contra los funcionarios gubernamentales y los empresarios del sector privado que hayan participado en actos de corrupción”.
“Es parte de la investigación que se esta haciendo donde hay personas que ya tienen medidas de coerción por un año”, señaló hoy Melenciano en alusión a los imputados por la muerte del abogado Yuniol Ramírez, quien fue raptado el 11 de este mes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde daba clases.
Su cuerpo fue encontrado el día siguiente en un arroyo del municipio Santo Domingo Oeste atado con cadenas y dos bloques de construcción.
El pasado 19 de octubre una jueza dictó un año de prisión preventiva contra el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, así como en contra del encargado financiero de la entidad, el coronel de la Policía, Faustino Rosario Díaz, y de José Antonio Mercado Blanco (alias El Grande), también empleado de esa institución.
Las autoridades acusan como autor material del asesinato a Argenis Contreras González, prófugo, quien era asistente de Rivas.
La Fiscalía de la provincia Santo Domingo, a cargo de la investigación, presentó un expediente en el que asegura que Ramírez extorsionaba a Rivas para retirar una acusación en su contra por supuesta corrupción al frente de la OMSA, a cambio de que éste le entregara cuatro millones de pesos (algo más de 83.000 dólares).
En ese sentido, el abogado y catedrático habría recibido una primera partida de 1 millón de pesos (unos 21.000 dólares), y supuestamente recibiría el resto de lo acordado cuando hubiese retirado la querella, pero el día antes fue secuestrado y asesinado. El empresario Eddy Santana Zorrilla, quien suple suministros a la OMSA y que fue también fue enviado a prisión, está acusado de servir de intermediario para concretar el pago del dinero entre Ramírez y Rivas, presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la parte oeste de Santo Domingo.
El crimen ha consternado a la sociedad dominicana, pues el abogado era un crítico de la supuesta corrupción gubernamental y había revelado en un programa de televisión que en la OMSA se habían producido serias irregularidades administrativas.
Aunque la familia del abogado y catedrático ha negado la versión de las autoridades, desde hace varios días circulan en los medios de comunicación y redes sociales varios vídeos donde se observa que Ramírez se reunió en varias ocasiones con el empresario Santiago Zorrilla y con el supuesto autor del crimen Argenis Contreras González, actualmente prófugo. EFE
Nacionales
Camacho dice Ángel Luis Guzmán «lidera» una estructura de fraude al Senasa e investigan una tercera
Santo Domingo, R.D.-El fraude al Seguro Nacional de Senasa se habría ejecutado a través de redes criminales, una de ellas presuntamente liderada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien se le conocerá coerción este viernes, y otra, cuyos detalles de la investigación -según Wilson Camacho- no puede revelar.
El titular de Persecución del Ministerio Público sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra la tercera estructura, no puede revelar informaciones que puedan afectar las indagatorias.
«Les puedo asegurar, aunque no puedo dar detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Senasa«, reveló Camacho al salir de la audiencia en la que se le ratificó la prisión al exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim y a otros seis imputados por el fraude.
Camacho sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra una de estructura no puede adelantar sus detalles.
Ratificación de coerción razones muy obvias
Consideró que la ratificación de la prisión preventiva a Hazim y a los otros seis a quienes se les dictó esa medida, el juez Deiby Timoteo lo hizo por «razones muy obvias».
«Este es el quinto juez que entiende que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de los imputados es que se mantengan en prisión preventiva por razones que son muy obvias», indicó.
Entre los que dijeron tener problemas de salud, figuran el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, y la contratista Ada Ledesma.
El juez argumentó que el ataque cardiovascular que dijo sufrió Robles Quiñones, según los documentos presentados, fue en el 2023.
Sobre los demás presupuestos de otros acusados, el magistrado Peguero sostuvo que fueron «insuficientes» para cambiarles la prisión por otra coerción.
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.