Opinión
Tremendo golpe popular a Gold Quest y sus protectores
Published
6 meses agoon
El repudio a GOLD QUEST y a la pretensión gubernamental de imponer la mega minería destructiva en el Suroeste de la República Dominicana ha sido fuerte, pero todavía solo se ha logrado un triunfo limitado.
La marcha descomunal del domingo 3 de mayo, obligó al presidente ABINADER a recular: a detener el proyecto, sin anular la concesión de exploración, apoyada en un contrato absolutamente ilegal.
Años de movilización popular y la reciente huelga casi insurreccional del pasado 27 de abril, arrinconaron previamente al régimen neocolonial de los tutumpotes criollos y extranjeros, a las élites de las derechas política, al Ministro Joel Santos y al propio Luis Abinader.
Pero la Gold Quest, la Cámara Minera, Abinader, sus ministros y tecnócratas, importantes magnates de medios de comunicación, la oligarquía capitalista y las cúpulas de los partidos de derecha que respaldaron este proyecto ecocida, no escarmentaron.
Se han negado a modificar una ley minera colonialista. No aceptaron realizar el estudio ambiental estratégico que manda la ley cuando se trata de modificar la vocación productiva de una provincia o una región. No cumplieron con las normas legales necesarias para aprobar esa concesión de exploración minera.
Defendieron una concesión que violenta hasta la precaria legalidad establecida. Su voracidad, entreguismo e insensibilidad humana, los llevó a no ceder por varios años a la voluntad popular expresada y al sentido común. Su corazón ha permanecido dolarizado y su alma entregada a la Gold Quest y a las grandes mineras durante años.
Igual ha actuado en casi todos los casos de concesiones de exploración, y peor aún de explotación; incluso ante amenazas tan graves como la que perduran en las Cordillera Septentrional y Central, en Cotuí con Barrick Gold (presas de cola húmeda, contaminación presa de Hatillo, contrato estafa…), en Loma Miranda (aun después de derrotada la mega minera del níquel), en el Noroeste con UNI y Barrick Gold (Parque Manolo Tavares) y en el Parque del Este.
- DE LA SORDERA TOTAL Y PROLONGADA, A OÍR UN POQUITO Y POR UN RATITO.
Abinader y los que permanecieron sordos por años, aún después de la lección de Loma Miranda, comenzaron a oír un poquito luego de la marcha multitudinaria de San Juan a Sabaneta. Ésta le destapó los oídos al presidente-gobernador de colonia.
Solo ese día, con un gobierno ya erosionado por el repudio popular, Abinader cedió parcialmente a la enorme presión popular. Pero no basta ordenar “detener de inmediato” el proyecto de exploración.
Hay un contrato de exploración ilegal en Romero que debe rescindirse y muchos otros más en la región con los que hay que hacer lo mismo, la mayoría concedido a la propia Gold Quest.
Los pueblos del Suroeste y de todo el país están decididos a que no pase allí lo que está pasado en Cotuí y lo demostraron nuevamente con la gigantesca marcha del domingo.
Previamente, pasada la huelga del 27 de abril, Gold Quest volvió a la carga mediática propagando las supuestas bondades económicas del Proyecto Romero; intentando, desde las derrotas sufridas, convencer al país de una aventura destructiva injustificable. ¡Perro huevero!
- NO CREEMOS EN CUENTOS DE CAMINO.
Pero los pueblos del Sur ya no comen cuentos de mineras chupa sangre, mata ríos y matas presas,
El digno ejemplo de Loma Miranda y las nefastas operaciones de la Barrick, los motivó a rebelarse.
En San Juan de la Maguana y en todo el país estamos conscientes de que ese yacimiento de oro está pegado al Río San Juan y muy cerca de la Presa de Sabaneta, dos fuentes de agua fundamentales para esa región; y es claro que cualquier proyecto minero en ese punto conlleva graves peligros para los dos.
Sabemos que, al ser el río San Juan afluente del Yaque del Sur, el peligro se extiende a todo el sistema de agua del principal río de esa región, desde Azua a Barahona; una región agrícola y pecuaria, con alta producción de arroz, habichuelas, plátanos…, la cual Gold Quest y la Cámara Minera se empeñan en transformar en región minera.
Romero es solo el punto inicial de la embestida, como lo es Loma Miranda por el Norte.
En su artículo “ORO O AGUA, VIDA Y RIQUEZAS”, el profesor Víctor Gómez Valenzuela //Acento, alertó sobre las similitudes de ambos escenarios.
Señaló que Romero “comparte la misma estructura que Miranda en el dilema entre oro y agua riqueza y vida”. Pero a la vez “con una asimetría territorial aún más crítica”.
La zona de intervención en ambos casos “es la Cordillera Central, donde se origina el 80% del agua dulce que utiliza el país para consumo humano, agricultura y generación de energía”
Pero San Juan no es solo «el granero del Sur» (responsable del 90% de la producción nacional de habichuelas y otros rubros agropecuarios)”. Es también “un nodo hídrico estratégico que conecta con áreas protegidas críticas de la Cordillera Central y su biodiversidad, recientemente declarada, con el apoyo de la Unesco, Reserva de Biosfera Madre de las Aguas (Unesco, 2024). Su perturbación mal planificada tendría externalidades que trascienden con creces los límites provinciales”.
A esto hay que agregar que existen quince concesiones de exploración a cargo de Gold Quest en la ladera Sur de la Cordillera Central y algunas más de otras mineras; por lo que, abrir por el Sur a la minería extractiva la puerta de Romero u otra puerta parecida, es abrirla para a todas las concesiones ya aprobadas.
Y es igual o peor que abrirla en Miranda por el Norte, en tanto las concesiones de exploración en toda la Cordillera Central suman más de doscientas, lo que equivale en ambas situaciones permitir liquidar el principal reservorio de agua de esta isla y poner todas las tierras del Sur y sus fuentes de agua – mediante la aplicación ley minera vigente u otra peor como la que se está fraguando- en manos de las corporaciones mineras favorecidas con los contratos de exploración ya aprobados.
Gold-Quest insistió en vender la promesa de que emplearía una tecnología (explotación por túneles) que supuestamente no ocasionará los graves daños que se han denunciado y no faltan quienes se tragan o repiten ese cuento, obviando realidades denunciadas y demostradas.
Pero la verdad es otra. Porque si bien, los impactos negativos iniciales de esa modalidad subterránea de explotación serían menores que “a cielo abierto”, según nuevas investigaciones consistentes el “oro nativo” extraíble de las profundidades del yacimiento de Romero, no sería suficiente para recuperar la inversión y generar ganancias, por lo que la corporación minera tiene contemplada una segunda fase para explotar a cielo abierto los óxidos y los sulfuros situados más arriba.
Y lo peor de todo esto es la cadena de expropiaciones de tierras agrícolas y ganaderas, incluidas sus fuentes de agua (ley minera), para, una vez concedidas, convertirlas en cráteres lunares al desplegarse la minería extractiva.
Gold-Quest tampoco pudo ocultar los impactos negativos que esa extracción de oro provocaría en el corto plazo: el fraccionamiento del curso de los ríos, la enorme demanda de agua para la extracción del oro (en detrimento de agropecuaria, alimentación, empleo y vida humana), la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, los riesgos de la “presa de cola” cuando se trate de extraer el oro superficial, junto a los estímulos a otras concesiones mineras destructivas solicitadas por otras empresas.
Hay que felicitar a la Academia de Ciencia y a la Comisión Ambiental de la UASD por todos sus aportes para evidenciar los trucos y trampas de la minera y del gobierno.
Estamos ante una victoria parcial, limitada, que hay que completar aprobando una ley minera soberana, anulando las concesiones onerosas, prohibiendo las presas de cola húmedas, declarando oficialmente a Loma Miranda Parque Nacional, restableciendo el carácter de parque nacional al parque Manuel Aurelio Tavares Justo, sacando la planta flotante de Los Negros, recuperando las áreas protegidas agredidas, deteniendo las depredaciones y los ecocidios en la Cordillera Septentrional y otros puntos del país, etc., etc., etc.
Definitivamente, el PLAN MINERO de este sistema, persigue imponer el interés privado contra el interés social, la dominación neocolonial contra la autodeterminación, el afán de lucro de las transnacionales contra las fuentes de agua y vida de esta isla, la dictadura de la gran propiedad minera contra las fuentes de vida de los trabajadores/as y productores/as pequeños y medianos.
¡Y esto es inaceptable y hay que derrotarlo en toda su extensión!
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
Published
4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
……………………………………..
Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
…………………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
…………………………………………
Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
