Opinión
Tremendo golpe popular a Gold Quest y sus protectores
El repudio a GOLD QUEST y a la pretensión gubernamental de imponer la mega minería destructiva en el Suroeste de la República Dominicana ha sido fuerte, pero todavía solo se ha logrado un triunfo limitado.
La marcha descomunal del domingo 3 de mayo, obligó al presidente ABINADER a recular: a detener el proyecto, sin anular la concesión de exploración, apoyada en un contrato absolutamente ilegal.
Años de movilización popular y la reciente huelga casi insurreccional del pasado 27 de abril, arrinconaron previamente al régimen neocolonial de los tutumpotes criollos y extranjeros, a las élites de las derechas política, al Ministro Joel Santos y al propio Luis Abinader.
Pero la Gold Quest, la Cámara Minera, Abinader, sus ministros y tecnócratas, importantes magnates de medios de comunicación, la oligarquía capitalista y las cúpulas de los partidos de derecha que respaldaron este proyecto ecocida, no escarmentaron.
Se han negado a modificar una ley minera colonialista. No aceptaron realizar el estudio ambiental estratégico que manda la ley cuando se trata de modificar la vocación productiva de una provincia o una región. No cumplieron con las normas legales necesarias para aprobar esa concesión de exploración minera.
Defendieron una concesión que violenta hasta la precaria legalidad establecida. Su voracidad, entreguismo e insensibilidad humana, los llevó a no ceder por varios años a la voluntad popular expresada y al sentido común. Su corazón ha permanecido dolarizado y su alma entregada a la Gold Quest y a las grandes mineras durante años.
Igual ha actuado en casi todos los casos de concesiones de exploración, y peor aún de explotación; incluso ante amenazas tan graves como la que perduran en las Cordillera Septentrional y Central, en Cotuí con Barrick Gold (presas de cola húmeda, contaminación presa de Hatillo, contrato estafa…), en Loma Miranda (aun después de derrotada la mega minera del níquel), en el Noroeste con UNI y Barrick Gold (Parque Manolo Tavares) y en el Parque del Este.
- DE LA SORDERA TOTAL Y PROLONGADA, A OÍR UN POQUITO Y POR UN RATITO.
Abinader y los que permanecieron sordos por años, aún después de la lección de Loma Miranda, comenzaron a oír un poquito luego de la marcha multitudinaria de San Juan a Sabaneta. Ésta le destapó los oídos al presidente-gobernador de colonia.
Solo ese día, con un gobierno ya erosionado por el repudio popular, Abinader cedió parcialmente a la enorme presión popular. Pero no basta ordenar “detener de inmediato” el proyecto de exploración.
Hay un contrato de exploración ilegal en Romero que debe rescindirse y muchos otros más en la región con los que hay que hacer lo mismo, la mayoría concedido a la propia Gold Quest.
Los pueblos del Suroeste y de todo el país están decididos a que no pase allí lo que está pasado en Cotuí y lo demostraron nuevamente con la gigantesca marcha del domingo.
Previamente, pasada la huelga del 27 de abril, Gold Quest volvió a la carga mediática propagando las supuestas bondades económicas del Proyecto Romero; intentando, desde las derrotas sufridas, convencer al país de una aventura destructiva injustificable. ¡Perro huevero!
- NO CREEMOS EN CUENTOS DE CAMINO.
Pero los pueblos del Sur ya no comen cuentos de mineras chupa sangre, mata ríos y matas presas,
El digno ejemplo de Loma Miranda y las nefastas operaciones de la Barrick, los motivó a rebelarse.
En San Juan de la Maguana y en todo el país estamos conscientes de que ese yacimiento de oro está pegado al Río San Juan y muy cerca de la Presa de Sabaneta, dos fuentes de agua fundamentales para esa región; y es claro que cualquier proyecto minero en ese punto conlleva graves peligros para los dos.
Sabemos que, al ser el río San Juan afluente del Yaque del Sur, el peligro se extiende a todo el sistema de agua del principal río de esa región, desde Azua a Barahona; una región agrícola y pecuaria, con alta producción de arroz, habichuelas, plátanos…, la cual Gold Quest y la Cámara Minera se empeñan en transformar en región minera.
Romero es solo el punto inicial de la embestida, como lo es Loma Miranda por el Norte.
En su artículo “ORO O AGUA, VIDA Y RIQUEZAS”, el profesor Víctor Gómez Valenzuela //Acento, alertó sobre las similitudes de ambos escenarios.
Señaló que Romero “comparte la misma estructura que Miranda en el dilema entre oro y agua riqueza y vida”. Pero a la vez “con una asimetría territorial aún más crítica”.
La zona de intervención en ambos casos “es la Cordillera Central, donde se origina el 80% del agua dulce que utiliza el país para consumo humano, agricultura y generación de energía”
Pero San Juan no es solo «el granero del Sur» (responsable del 90% de la producción nacional de habichuelas y otros rubros agropecuarios)”. Es también “un nodo hídrico estratégico que conecta con áreas protegidas críticas de la Cordillera Central y su biodiversidad, recientemente declarada, con el apoyo de la Unesco, Reserva de Biosfera Madre de las Aguas (Unesco, 2024). Su perturbación mal planificada tendría externalidades que trascienden con creces los límites provinciales”.
A esto hay que agregar que existen quince concesiones de exploración a cargo de Gold Quest en la ladera Sur de la Cordillera Central y algunas más de otras mineras; por lo que, abrir por el Sur a la minería extractiva la puerta de Romero u otra puerta parecida, es abrirla para a todas las concesiones ya aprobadas.
Y es igual o peor que abrirla en Miranda por el Norte, en tanto las concesiones de exploración en toda la Cordillera Central suman más de doscientas, lo que equivale en ambas situaciones permitir liquidar el principal reservorio de agua de esta isla y poner todas las tierras del Sur y sus fuentes de agua – mediante la aplicación ley minera vigente u otra peor como la que se está fraguando- en manos de las corporaciones mineras favorecidas con los contratos de exploración ya aprobados.
Gold-Quest insistió en vender la promesa de que emplearía una tecnología (explotación por túneles) que supuestamente no ocasionará los graves daños que se han denunciado y no faltan quienes se tragan o repiten ese cuento, obviando realidades denunciadas y demostradas.
Pero la verdad es otra. Porque si bien, los impactos negativos iniciales de esa modalidad subterránea de explotación serían menores que “a cielo abierto”, según nuevas investigaciones consistentes el “oro nativo” extraíble de las profundidades del yacimiento de Romero, no sería suficiente para recuperar la inversión y generar ganancias, por lo que la corporación minera tiene contemplada una segunda fase para explotar a cielo abierto los óxidos y los sulfuros situados más arriba.
Y lo peor de todo esto es la cadena de expropiaciones de tierras agrícolas y ganaderas, incluidas sus fuentes de agua (ley minera), para, una vez concedidas, convertirlas en cráteres lunares al desplegarse la minería extractiva.
Gold-Quest tampoco pudo ocultar los impactos negativos que esa extracción de oro provocaría en el corto plazo: el fraccionamiento del curso de los ríos, la enorme demanda de agua para la extracción del oro (en detrimento de agropecuaria, alimentación, empleo y vida humana), la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, los riesgos de la “presa de cola” cuando se trate de extraer el oro superficial, junto a los estímulos a otras concesiones mineras destructivas solicitadas por otras empresas.
Hay que felicitar a la Academia de Ciencia y a la Comisión Ambiental de la UASD por todos sus aportes para evidenciar los trucos y trampas de la minera y del gobierno.
Estamos ante una victoria parcial, limitada, que hay que completar aprobando una ley minera soberana, anulando las concesiones onerosas, prohibiendo las presas de cola húmedas, declarando oficialmente a Loma Miranda Parque Nacional, restableciendo el carácter de parque nacional al parque Manuel Aurelio Tavares Justo, sacando la planta flotante de Los Negros, recuperando las áreas protegidas agredidas, deteniendo las depredaciones y los ecocidios en la Cordillera Septentrional y otros puntos del país, etc., etc., etc.
Definitivamente, el PLAN MINERO de este sistema, persigue imponer el interés privado contra el interés social, la dominación neocolonial contra la autodeterminación, el afán de lucro de las transnacionales contra las fuentes de agua y vida de esta isla, la dictadura de la gran propiedad minera contra las fuentes de vida de los trabajadores/as y productores/as pequeños y medianos.
¡Y esto es inaceptable y hay que derrotarlo en toda su extensión!
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.