Economía
Tres años luchando por una pensión por discapacidad
SANTO DOMINGO. Tras tres años batallando por una pensión por discapacidad con Seguros Universal, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Popular y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Virginia Margarita Fontana González logró que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogiera un amparo que ordena confirmar la cobertura.
La AFP le había negado la pensión por el contenido de la cláusula 12 del Contrato Póliza, que establece «una prescripción extintiva de dos (2) años para el asegurado o los beneficiarios a partir de la fecha de ocurrencia del siniestro, después de la cual no podrá iniciarse ninguna acción contra La Compañía». La SIPEN, que ha avalado este contrato (en el 2006, durante la gestión de Persia Álvarez), había emitido una resolución en la que rechazaba la petición de Fontana de que le reconocieran su pensión.
Al 31 de enero del 2014, las aseguradoras sólo habían otorgado 3,421 pensiones por discapacidad de 6,580 solicitadas. Y 3,997 de 8,428 pensiones por sobrevivencia. Mientras, la recaudación por el seguro de discapacidad y sobrevivencia ascendía el pasado enero a RD$16, 970, 806,906.
El peregrinaje de Virginia empieza el 30 de diciembre del 2010, cuando solicitó a AFP Popular su pensión, acogiéndose en el informe del doctor Héctor de la Cruz Cabrera del 22 de noviembre del 2010, que le diagnostica «Hipertensión arterial sistémica severa, tumor renal (nefrectomía izquierda), síndrome de depresión /ansiedad reactivos».
El día 6 de enero del 2011, la AFP solicitó una calificación de discapacidad a la Comisión Médica Regional, obteniendo el 21 de febrero del mismo año la notificación de que Virginia Fontana tenía un 60.42% de discapacidad. Pero no es hasta el 7 de marzo del 2012 cuando la AFP Popular notifica a Virginia el informe de la Comisión Médica Regional, que establecía como fecha de concreción de la discapacidad el día 19 de noviembre del 2010.
Este dictamen fue apelado por ella ante la Comisión Médica Nacional y el 19 de marzo del 2012 rechazó el informe de la Comisión Médica Regional y le otorgó un porcentaje de discapacidad de 68.28%. Es el 27 de abril, más de un mes después del fallo, cuando la AFP Popular notifica a Virginia Fontana este resultado.
Tras esto, la señora reclama su pensión, pero Seguros Universal le responde que había vencido el plazo de gracia previsto en el Contrato Póliza para hacer reclamaciones y que su seguro no tenía cobertura porque no cotizaba desde final del 2009. Virginia entonces reclama ante la Comisión Médica Regional la revisión de la fecha de concreción de la discapacidad, que determina que hubo un error inicial y establece una nueva fecha: el 16 de enero del 2006.
El día 27 de junio del 2012, Seguros Universal le comunica a la afectada que según la Cláusula 12 del Contrato Póliza que tenía con la AFP Popular, su acción había prescrito y que no le darían la pensión por discapacidad. Esta cláusula establece un plazo de extinción de dos años desde la fecha de concreción a la de solicitud.
Virginia Fontana interpuso un Recurso de Revisión ante la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que rechazó «los argumentos presentados por la parte recurrente, por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal» en la resolución número 352-13, del 21 de junio del 2013.
Y entonces Virginia interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el día 18 de octubre del 2013.
El 20 de diciembre pasado el tribunal emitió una sentencia (la 500 -2013) a favor de Virginia acogiendo la acción de amparo, ordenando a la SIPEN confirmar la cobertura de la pensión por discapacidad permanente y pidiendo a Seguros Universal realizar un pago retroactivo de las pensiones que la afectada debió recibir desde la fecha de concreción de la discapacidad.
La SIPEN, en su resolución 358-14 del 17 de febrero de este año, derogó la resolución 352-13 y ordenó a Seguros Universal y la AFP Popular cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Según las abogadas, ya han realizado el pago retroactivo, desde enero 2006.
En lo adelante, Virginia recibiría el 85% de su pensión durante cinco años, hasta que cumpla los 60, pues a partir de esta fecha la perdería por entrar en edad de jubilación. Sin embargo, no califica para la pensión por vejez porque las cotizaciones en el país iniciaron en el 2003 y el tiempo trabajado tras esa fecha no le alcanzaría para optar por ella. O sea, que estará desamparada. Las abogadas consideran que dejarle la pensión por sólo cinco años es una interpretación que han hecho «hábilmente».
El 15% restante de la pensión que devengará es parte de los honorarios de las abogadas, pues en el contrato cuota litis le pusieron este porcentaje sobre todo lo que perciba la señora. «Nosotros le pusimos del monto recuperado. ¿Qué significa monto recuperado? Todo lo que ella vaya a percibir por nuestra gestión», afirman.
El actual superintendente de pensiones, Joaquín Jerónimo, afirmó en una entrevista con DIARIO LIBRE que en el año 2011 sometió ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de modificación al Contrato Póliza. Esta propuesta incluye incrementar hasta los 65 años la vigencia del seguro de discapacidad y sobrevivencia; aumentar de dos a cinco años el plazo de prescripción de derechos; eliminar la preexistencia de enfermedad como elemento causal de la denegación de derechos y establecer un período de gracia para el disfrute de los derechos derivados del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia en caso de pérdida temporal del empleo, o sea, una especie de seguro por desempleo. No se conoce ninguna respuesta del CNSS sobre esta propuesta de modificación del Contrato Póliza que tanto beneficia a las empresas aseguradoras.
Listin Diario
El sector de zonas francas alcanzó en octubre de este año su máximo histórico de 200,134 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico y social del país.
El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó; la presidenta de Adozona, Claudia Pellerano y el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo, junto a representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos internacionales.
En el evento se destacó que, entre abril de 2020, el punto más bajo de empleos producto de la pandemia, y octubre de 2025, el empleo en zonas francas aumentó de 119,974 a 200,134 puestos, para un crecimiento acumulado de 67% en cinco años.
El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este hito al indicar que “es una cifra que representa trabajo digno, oportunidades reales y confianza renovada en la República Dominicana”, al tiempo que reiteró que “esto es fruto de una estrategia sostenida, del compromiso de los trabajadores, del empuje del sector privado y de políticas públicas orientadas a generar empleos de calidad, atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del país.”
“Desde 2020 hemos venido trabajando para llevar empleos donde antes no lo había. Reabrimos parques que tenían más de 15 años cerrados y construimos nuevos espacios productivos como el de San Juan de la Maguana. Todo este esfuerzo se traduce hoy en más de 200,000 empleos y en una economía que avanza con la gente en el centro”, enfatizó el ministro Ito Bisonó.
Todo esto se genera en un contexto de expansión de parques industriales, diversificación productiva y fortalecimiento de las capacidades técnicas de nuestro talento humano.
El ministro Bisonó destacó que “a noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos.”
Mientras que Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, expresó: “El sector ha evolucionado desde la manufactura tradicional hacia ecosistemas productivos intensivos en conocimiento, donde actividades como servicios, dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos y logística suman decenas de miles de empleos especializados. En octubre 2025, los servicios registraron 45,460 puestos de trabajo, con un incremento de 6.03% frente a octubre del año pasado. Esta diversificación se sostiene en la formación: entre el año 2020 y octubre de 2025 se desarrollaron 24,494 acciones formativas que acumulan 606,292 horas de entrenamiento técnico, en coordinación con Infotep y las empresas del sector, lo que permite elevar la productividad y la trayectoria salarial de los colaboradores”.
Tecnificación del empleo en el sector ZF
El MICM destacó que el modelo de zonas francas ha experimentado una transformación profunda en su composición laboral. Entre 2004 y 2024, la participación de operarios se redujo de 86% a 63.4%, lo que equivale a más de 39,000 plazas menos en funciones tradicionales. En paralelo, los empleos técnicos pasaron de 9.1% a 25.3%, triplicándose en dos décadas, mientras que los puestos administrativos se duplicaron, al pasar de 4.9 % a 11.3%. Este cambio refleja la transición hacia actividades de mayor valor agregado, vinculadas a manufactura médica, electrónica, servicios globales y logística.
Participación de la mujer e inversión
El 54% del empleo generado en zonas francas es ocupado por mujeres, superando las 106,000 trabajadoras. A ello se suma un robusto encadenamiento productivo con la industria local: las compras locales de zonas francas pasaron de RD$83 mil millones en 2020 a más de RD$155,400 millones en 2024, un crecimiento de 87%. En términos de inversión, la acumulada en el régimen llegó a US$7,735.7 millones en 2024, para un aumento de 49% respecto a 2020.
Economía
Bienes de consumo y materias primas representan el 83.58% de importaciones entre enero y noviembre
Las importaciones totales del país reflejaron una ligera caída en su flujo de 0.49% al cierre de noviembre de este año, alcanzando un total de US$27,532.42 millones, concentradas en bienes de consumo (48.89%) y materias primas (34.69%).
Entre los productos con mayor volumen de importación se encuentran los combustibles minerales, aceites y minerales (20.05%), los automóviles, tractores (9.61%), las máquinas y aparatos mecánicos (8.57%), las máquinas, aparatos
eléctricos (6.54%), los productos farmacéuticos (4.29%), las materias plásticas y manufacturas de estas (4.19%), Fundición, hierro y acero (3.61%), Carnes y despojos comestibles (2.46%), Cereales (2.34% ), y Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
El Distrito Nacional concentra el 59.41% de todo lo importado entre enero y noviembre de 2025, seguido por las provincias de Santo Domingo y Santiago con una participación de 13.97% y 11.95% respectivamente. De manera acumulada, e l 93.03% de las importaciones nacionales se concentra en cinco provincias:Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal, mientras que el resto de las provincias representan el 6.97%.
De acuerdo a las estadísticas publicadas por Aduanas, el 92.47% de las importaciones ingresaron por vía marítima, el 7.51% por vía aérea, mientras que el restante 0.02% llegó vía terrestre.
Internacional de Las Américas (AILA) (7.08%), Puerto Plata (1.81%). El resto de las administraciones representa el 6.82%.
acuerdos comerciales
Mediante acuerdos comerciales ingresaron al país, entre enero y noviembre, mercancías por valor de US$3,803.59 millones, un 4.22% más que en relación al mismo período de 2024.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos decidieron moderar durante el último año su consumo a través de las diferentes modalidades de préstamos para esos fines, mostrando la cartera de créditos del sistema financiero nacional una desaceleración en su crecimiento entre septiembre de 2024 e igual mes de este año.
La principal reducción en la expansión del financiamiento privado en moneda nacional, por tipo de cartera, la registran las tarjetas de crédito personales. De acumular un crecimiento de un 26.6 % en septiembre del año pasado, la cifra pasó a un 10.1 % en ese mismo mes de 2025, presentando una desaceleración de 16.5 puntos porcentuales.
Así está contenido en el reciente Informe trimestral de desempeño del sistema financiero septiembre 2025, que elabora la Superintendencia de Bancos (SB), en el cual se indica que la cartera de créditos total asciende a 2 billones 341 mil millones de pesos, mostrando un incremento de 208,694 millones de pesos, equivalente a un alza de un 9.8 % con respecto al año anterior.
- Sin embargo, el análisis de la SB establece que «desde mediados de 2023 se observa una desaceleración del crecimiento del crédito, tanto en términos nominales como reales», precisando que la expansión real de la cartera privada en moneda nacional a septiembre de este año fue de un 4.9 %, inferior al 10.1 % que mostró en similar período de 2024.
En tanto, los financiamientos hipotecarios son los que menor reducción en su crecimiento muestran, pues de una expansión de un 8.8 % en septiembre del año anterior pasaron a acumular un 7.5 % en el noveno mes de 2025.
En el caso de los créditos comerciales, que habían estado mostrando variaciones interanuales negativas en los primeros meses de este año, tomaron la senda de la recuperación, finalizando al tercer trimestre del año con crecimiento real de un 5.7 %, resalta el informe de la superintendencia.
«Se destaca la tendencia de crecimiento del número de empresas que han accedido al crédito, ascendiendo el número de deudores a 39,781 al cierre de septiembre, un 2.8 % más que septiembre de 2024″, agrega el documento.
La economía dominicana sufrió un proceso de desaceleración en su crecimiento entre enero y octubre de este año, acumulando durante ese lapso una expansión de solo un 2 %, de acuerdo con los registros del Banco Central.
En el Informe trimestral de desempeño del sistema financiero septiembre 2025, la Superintendencia de Bancos afirma que las entidades mantienen un nivel de disponibilidad adecuado para satisfacer la demanda de liquidez de la economía.
- Las disponibilidades del sistema financiero (efectivo y equivalentes de este) totalizaron 735,413 millones de pesos (incluyendo los overnight del Banco Central), observando un incremento respecto a septiembre de 2024 de 189,580 millones de pesos, lo que a su vez representa un crecimiento de un 34.7 %, agrega el documento.
«La expansión que experimentan las disponibilidades ha sido incidida por el aumento en efectivo y equivalente en efectivo que mantienen las entidades del sistema financiero en el Banco Central, que, a su vez, son las que mayor ponderan (62.8 %) en el indicador de disponibilidades. Esta categoría observó un aumento de 13.9 %, al comparar con septiembre de 2024″, explica.
De acuerdo con la SB, este indicador procura proporcionar información de la capacidad inmediata que tienen las entidades financieras de responder a retiros del público de instrumentos, tanto de corto como de largo plazo.