Economía
Tres años luchando por una pensión por discapacidad
SANTO DOMINGO. Tras tres años batallando por una pensión por discapacidad con Seguros Universal, la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Popular y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Virginia Margarita Fontana González logró que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogiera un amparo que ordena confirmar la cobertura.
La AFP le había negado la pensión por el contenido de la cláusula 12 del Contrato Póliza, que establece «una prescripción extintiva de dos (2) años para el asegurado o los beneficiarios a partir de la fecha de ocurrencia del siniestro, después de la cual no podrá iniciarse ninguna acción contra La Compañía». La SIPEN, que ha avalado este contrato (en el 2006, durante la gestión de Persia Álvarez), había emitido una resolución en la que rechazaba la petición de Fontana de que le reconocieran su pensión.
Al 31 de enero del 2014, las aseguradoras sólo habían otorgado 3,421 pensiones por discapacidad de 6,580 solicitadas. Y 3,997 de 8,428 pensiones por sobrevivencia. Mientras, la recaudación por el seguro de discapacidad y sobrevivencia ascendía el pasado enero a RD$16, 970, 806,906.
El peregrinaje de Virginia empieza el 30 de diciembre del 2010, cuando solicitó a AFP Popular su pensión, acogiéndose en el informe del doctor Héctor de la Cruz Cabrera del 22 de noviembre del 2010, que le diagnostica «Hipertensión arterial sistémica severa, tumor renal (nefrectomía izquierda), síndrome de depresión /ansiedad reactivos».
El día 6 de enero del 2011, la AFP solicitó una calificación de discapacidad a la Comisión Médica Regional, obteniendo el 21 de febrero del mismo año la notificación de que Virginia Fontana tenía un 60.42% de discapacidad. Pero no es hasta el 7 de marzo del 2012 cuando la AFP Popular notifica a Virginia el informe de la Comisión Médica Regional, que establecía como fecha de concreción de la discapacidad el día 19 de noviembre del 2010.
Este dictamen fue apelado por ella ante la Comisión Médica Nacional y el 19 de marzo del 2012 rechazó el informe de la Comisión Médica Regional y le otorgó un porcentaje de discapacidad de 68.28%. Es el 27 de abril, más de un mes después del fallo, cuando la AFP Popular notifica a Virginia Fontana este resultado.
Tras esto, la señora reclama su pensión, pero Seguros Universal le responde que había vencido el plazo de gracia previsto en el Contrato Póliza para hacer reclamaciones y que su seguro no tenía cobertura porque no cotizaba desde final del 2009. Virginia entonces reclama ante la Comisión Médica Regional la revisión de la fecha de concreción de la discapacidad, que determina que hubo un error inicial y establece una nueva fecha: el 16 de enero del 2006.
El día 27 de junio del 2012, Seguros Universal le comunica a la afectada que según la Cláusula 12 del Contrato Póliza que tenía con la AFP Popular, su acción había prescrito y que no le darían la pensión por discapacidad. Esta cláusula establece un plazo de extinción de dos años desde la fecha de concreción a la de solicitud.
Virginia Fontana interpuso un Recurso de Revisión ante la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que rechazó «los argumentos presentados por la parte recurrente, por improcedentes, mal fundados y carentes de base legal» en la resolución número 352-13, del 21 de junio del 2013.
Y entonces Virginia interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el día 18 de octubre del 2013.
El 20 de diciembre pasado el tribunal emitió una sentencia (la 500 -2013) a favor de Virginia acogiendo la acción de amparo, ordenando a la SIPEN confirmar la cobertura de la pensión por discapacidad permanente y pidiendo a Seguros Universal realizar un pago retroactivo de las pensiones que la afectada debió recibir desde la fecha de concreción de la discapacidad.
La SIPEN, en su resolución 358-14 del 17 de febrero de este año, derogó la resolución 352-13 y ordenó a Seguros Universal y la AFP Popular cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Según las abogadas, ya han realizado el pago retroactivo, desde enero 2006.
En lo adelante, Virginia recibiría el 85% de su pensión durante cinco años, hasta que cumpla los 60, pues a partir de esta fecha la perdería por entrar en edad de jubilación. Sin embargo, no califica para la pensión por vejez porque las cotizaciones en el país iniciaron en el 2003 y el tiempo trabajado tras esa fecha no le alcanzaría para optar por ella. O sea, que estará desamparada. Las abogadas consideran que dejarle la pensión por sólo cinco años es una interpretación que han hecho «hábilmente».
El 15% restante de la pensión que devengará es parte de los honorarios de las abogadas, pues en el contrato cuota litis le pusieron este porcentaje sobre todo lo que perciba la señora. «Nosotros le pusimos del monto recuperado. ¿Qué significa monto recuperado? Todo lo que ella vaya a percibir por nuestra gestión», afirman.
El actual superintendente de pensiones, Joaquín Jerónimo, afirmó en una entrevista con DIARIO LIBRE que en el año 2011 sometió ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una propuesta de modificación al Contrato Póliza. Esta propuesta incluye incrementar hasta los 65 años la vigencia del seguro de discapacidad y sobrevivencia; aumentar de dos a cinco años el plazo de prescripción de derechos; eliminar la preexistencia de enfermedad como elemento causal de la denegación de derechos y establecer un período de gracia para el disfrute de los derechos derivados del Seguro de Discapacidad y Sobrevivencia en caso de pérdida temporal del empleo, o sea, una especie de seguro por desempleo. No se conoce ninguna respuesta del CNSS sobre esta propuesta de modificación del Contrato Póliza que tanto beneficia a las empresas aseguradoras.
Listin Diario
Santo Domingo, R.D.-El dólar estadounidense abrió este sábado con una ligera variación en el mercado local, de acuerdo con el más reciente reporte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
La institución monetaria informó que la divisa se compra a RD$62.94 y se vende a RD$63.56, una diferencia moderada frente al cierre previo.
Comportamiento del mercado cambiario
El euro también reflejó estabilidad al inicio de la jornada, con una tasa de compra situada en RD$71.00. Con estos valores, US$100 equivalen hoy a RD$6,294, mientras que €100 representan RD$7,100.
Plataformas de envío como Western Union (Vimenca) reportan una tasa de RD$63.41 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 6341.20 pesos dominicanos.
Por su parte, Caribe Express reporta una tasa de RD$62.60 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 63.3102 pesos dominicanos.
Comparación bancaria y datos internacionales
En el caso de Banreservas, el tipo de cambio inicia en RD$61.80 para la compra y RD$63.80 para la venta. Mientras tanto, el Banco Popular Dominicano fija la compra en RD$61.65 y la venta en RD$64.05. Entre los agentes de cambio, los precios se mantienen dentro del rango habitual.
Según Bloomberg, el dólar se posiciona en RD$62.79 en el mercado dominicano. Aunque durante la última semana el valor muestra un pequeño descenso de 0.36%, en una perspectiva de un año presenta un incremento acumulado de 8.01%.
SANTO DOMINGO.- Las principales cadenas de supermercados del país solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, alegando fallas graves en el procedimiento y una situación de “indefensión” para el sector importador.
La solicitud fue presentada por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, quienes denunciaron que el proceso avanza con imprecisiones que impiden evaluar la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Según los importadores, desde el inicio de la investigación la CDC no ha entregado documentos esenciales del expediente, incluidos anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencias que sustentan el supuesto “daño grave” alegado por las empresas solicitantes. Aseguran que, pese a que la Ley 1-02 obliga a proveer el expediente íntegro, esta información no ha sido puesta a disposición de las partes interesadas.
Otro punto señalado es que el plazo para completar los formularios obligatorios vence el 25 de noviembre, pero los documentos indispensables para su llenado, como estados financieros y estudios técnicos, no han sido entregados. Esto, sostienen, bloquea por completo su derecho a la defensa.
Las cadenas advierten que estas fallas no solo afectan a los actores involucrados, sino que ponen en riesgo la legitimidad del procedimiento y la seguridad jurídica del país, al tiempo que podrían generar eventual responsabilidad para el Estado dominicano.
Mientras la CDC analiza la medida provisional solicitada por los fabricantes, que elevaría los aranceles hasta un 87.1 %, aumenta la presión para revisar las condiciones en que avanza la investigación. Para los importadores, el debate trasciende la conveniencia de una salvaguarda y se centra en si el país puede adoptar una decisión de alto impacto social basada en un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado.
Santo Domingo, R.D.-El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), Víctor Ito Bisonó, precisó que la suspensión de la operaciones de la zona franca Global Cigars Croup, SRL, que opera en Esperanza, Valverde y en Baní, provincia Peravia, se debe a la detección de una plaga altamente dañina, conocida como el escarabajo del tabaco o Lasioderma Serricorne y, según informes de la propia empresa será por 90 días hasta tanto la situación sea controlada.
El ministro Bisonó también aclaró que el cierre temporal de las operaciones solo afecta a 315 trabajadores y no a mil como se publicó.
Dijo que se reunió con ejecutivos de la zona franca de Baní, una comisión de empleados de la empresa y con el diputado Luís Báez, quienes le informaron de la suspensión, no cierre.
Sostuvo que las operaciones hacia Baní serán reanudadas desde que la situación esté normal.
Se trata de una plaga altamente dañina que afecta críticamente la materia prima y los procesos productivos, lo que impide continuar las operaciones bajo los estándares de calidad y sanidad requeridos por las normas, explicó el presidente de Global Cigars Group GGC, SRL, en la carta enviada a la Dirección de Proindustria el 21 de este mes.
Están suspendiendo sus operaciones en Bonao y Baní por la presencia del Escarabajo de Tabaco (Lasioderma Serricorne), plaga que fue certificada por la empresa Fumax y un técnico del Ministerio de Agricultura. Esta suspensión está solicitada al Ministerio de trabajo desde el 20 de noviembre al 23 de febrero del 2026, reiteró el ministro Bisonó al respecto.
Explicó en Baní se han afectado 245 empleos y 70 en Bonao para un total de 315 colaboradores, representando el 15% del total de colaboradores.
Operaciones de ZF en Baní
Actualmente, dijo Bisonó, en el parque de Baní hay aproximadamente 847 empleados en 10 empresas que ocupan 15 naves de un total de 24.
De las 9 restantes hay dos en proceso de firma de contrato para empezar a operar (Abapromango, AAA Clothing), dos de las cuales están ocupadas por el Ministerio de Salud Pública.
También hay 33 solicitudes de industriales que se quieren instalar en este parque.
Con la inauguración de la Circunvalación de Baní este parque toma un atractivo mayúsculo, ya que esta vía conecta al parque de manera más rápida y directa con los principales muelles y regiones del país.