Editorial
Tres Cánceres que se Comen el País.
Está más que demostrado que el endeudamiento, principalmente externo, no sólo es un mecanismo de colonización de los países más pobres del mundo, sino que también los coloca en una situación de poco desarrollo humano y social.
Históricamente la República Dominicana ha sido una presa de los préstamos buitres y no buitres que ponen la economía nacional en un punto de debilidad que prácticamente hay que trabajar para pagar y si a esto se agrega el hecho de que lo poco que queda se lo lleva la corrupción administrativa y otras fórmulas que se fundamentan en la avaricia que se expresa a través de la acumulación originaria y también del interés de algunos sectores de tener grandes ganancias, no moderadas y prudentes.
El otro aspecto que también constituye un elemento de preocupación para los países en vía de desarrollo es la práctica de promover un neoliberalismo salvaje que se lleva todo a su paso, sobre todo la riqueza que corresponde al Estado.
Estas tres combinaciones constituyen una tragedia para la República Dominicana, no sólo en estos tiempos, sino desde hace siglos, tanto es así que las dos intervenciones armadas de los Estados Unidos al país de los años 1916 y 1965 tienen como causa principal el endeudamiento externo y la corrupción.
Ahora el neoliberalismo también juega su papel, ya que muchas de las inversiones públicas quedan en manos privadas que luego no reconocen ni permiten ninguna participación del Estado en las ganancias o en los servicios que se prestan.
Estos tres cánceres, naturalmente uno más que otro, impactan la economía nacional de forma que si se analiza lo que puede ocurrir a futuro cualquiera se asusta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader desde antes de asumir el poder ya tenían una agenda privatizadora de lo poco que forma parte del patrimonio del Estado y para cuyo fin se hizo aprobar una ley de alianza público-privada que gestiona entregarlo todo a los grupos económicos que no dan nada a cambio.
Sin embargo, lo peor del Gobierno es que ha entrado en una política de endeudamiento que aturde, porque va a unos pasos acelerados a hipotecar la nación a través de los préstamos privados, los bilaterales y los multilaterales, cuyo dinero no va a una inversión de calidad y bien planificada.
En consecuencia, el endeudamiento, que en los últimos 15 meses llega a la suma de alrededor de 15 mil millones de dólares, sin incluir los bonos autorizados por el Congreso de más de 284 mil millones de pesos, no puede llevar a un buen destino al país, ya que el dinero tomado prestado no se invierte por ejemplo para mejorar la producción y la productividad y como resultado aumentar las exportaciones y de ese modo generar las divisas que permitan que el país pueda cumplir a través de una buena balanza de pagos los compromisos internacionales.
El endeudamiento público, sobre todo externo, constituye hoy por hoy un fuerte dolor de cabeza para los dominicanos porque el mismo toma ribetes que se dirigen a inhabilitar la economía nacional.
Mientras aumenta la deuda externa, cuyos últimos bonos aprobados en el Congreso Nacional alcanzan la frisante cantidad de más 284 mil millones de pesos, lo que implica comprometer una buena parte del Producto Interno Bruto (PIB), a fin de cubrir el déficit que se proyecta para el presupuesto general de la nación del año 2022, avanza sin miramientos la política de privatización de las empresas públicas, pero que su cristalización no ha sido todavía posible por la presión que recibe el Gobierno de amplios sectores de la vida nacional que no comparten la visión oficial sobre el tema.
Es una cuestión que debe mantener en vilo a los dominicanos para que el país no quede definitivamente inhabilitado para diseñar su propio destino, porque que cualquier paso que quiera dar tendrá que discutirse y acordarse con los acreedores internacionales y los grupos económicos nacionales que no tienen hiel y que muy poco les importa el sufrimiento y las carencias de su gente.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.