Editorial
Tres Cánceres que se Comen el País.
Está más que demostrado que el endeudamiento, principalmente externo, no sólo es un mecanismo de colonización de los países más pobres del mundo, sino que también los coloca en una situación de poco desarrollo humano y social.
Históricamente la República Dominicana ha sido una presa de los préstamos buitres y no buitres que ponen la economía nacional en un punto de debilidad que prácticamente hay que trabajar para pagar y si a esto se agrega el hecho de que lo poco que queda se lo lleva la corrupción administrativa y otras fórmulas que se fundamentan en la avaricia que se expresa a través de la acumulación originaria y también del interés de algunos sectores de tener grandes ganancias, no moderadas y prudentes.
El otro aspecto que también constituye un elemento de preocupación para los países en vía de desarrollo es la práctica de promover un neoliberalismo salvaje que se lleva todo a su paso, sobre todo la riqueza que corresponde al Estado.
Estas tres combinaciones constituyen una tragedia para la República Dominicana, no sólo en estos tiempos, sino desde hace siglos, tanto es así que las dos intervenciones armadas de los Estados Unidos al país de los años 1916 y 1965 tienen como causa principal el endeudamiento externo y la corrupción.
Ahora el neoliberalismo también juega su papel, ya que muchas de las inversiones públicas quedan en manos privadas que luego no reconocen ni permiten ninguna participación del Estado en las ganancias o en los servicios que se prestan.
Estos tres cánceres, naturalmente uno más que otro, impactan la economía nacional de forma que si se analiza lo que puede ocurrir a futuro cualquiera se asusta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader desde antes de asumir el poder ya tenían una agenda privatizadora de lo poco que forma parte del patrimonio del Estado y para cuyo fin se hizo aprobar una ley de alianza público-privada que gestiona entregarlo todo a los grupos económicos que no dan nada a cambio.
Sin embargo, lo peor del Gobierno es que ha entrado en una política de endeudamiento que aturde, porque va a unos pasos acelerados a hipotecar la nación a través de los préstamos privados, los bilaterales y los multilaterales, cuyo dinero no va a una inversión de calidad y bien planificada.
En consecuencia, el endeudamiento, que en los últimos 15 meses llega a la suma de alrededor de 15 mil millones de dólares, sin incluir los bonos autorizados por el Congreso de más de 284 mil millones de pesos, no puede llevar a un buen destino al país, ya que el dinero tomado prestado no se invierte por ejemplo para mejorar la producción y la productividad y como resultado aumentar las exportaciones y de ese modo generar las divisas que permitan que el país pueda cumplir a través de una buena balanza de pagos los compromisos internacionales.
El endeudamiento público, sobre todo externo, constituye hoy por hoy un fuerte dolor de cabeza para los dominicanos porque el mismo toma ribetes que se dirigen a inhabilitar la economía nacional.
Mientras aumenta la deuda externa, cuyos últimos bonos aprobados en el Congreso Nacional alcanzan la frisante cantidad de más 284 mil millones de pesos, lo que implica comprometer una buena parte del Producto Interno Bruto (PIB), a fin de cubrir el déficit que se proyecta para el presupuesto general de la nación del año 2022, avanza sin miramientos la política de privatización de las empresas públicas, pero que su cristalización no ha sido todavía posible por la presión que recibe el Gobierno de amplios sectores de la vida nacional que no comparten la visión oficial sobre el tema.
Es una cuestión que debe mantener en vilo a los dominicanos para que el país no quede definitivamente inhabilitado para diseñar su propio destino, porque que cualquier paso que quiera dar tendrá que discutirse y acordarse con los acreedores internacionales y los grupos económicos nacionales que no tienen hiel y que muy poco les importa el sufrimiento y las carencias de su gente.
La democracia dominicana tras la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ha sido una falsa, una mentira que se apoya en unos supuestos avances del Estado Social Democrático de Derecho.
Precisamente en esa falsa descansa la verdad sobre el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch en el 1963, cuya revuelta armada derivada de la acción ilegal tuvo como razón de ser el retorno a la constitucionalidad.
Pero la experiencia sirvió de poco, porque la violación de lo consignado en la ley de leyes sigue siendo el pan de cada día, lo que provoca que los derechos fundamentales no sean más que una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Lo que ocurre en el país desde hace décadas era para que ya hubiera habido varias revoluciones armadas por irrespetar la ley sustantiva de la nación, pero todo parece indicar que la sensibilidad del ciudadano con estos temas ha sido doblegada para siempre.
La reciente promulgación de la Ley 13-26 debió ser un motivo más que suficiente para que el ciudadano se lanzara a las calles pacíficamente para exigir el respeto a la constitución de la República, violada descaradamente por el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos diputados y senadores se han ganado la calificación de ser los más conservadores de la historia política del país.
Lo peor de todo lo que ocurre es que cada día los funcionarios públicos y los propios actores de la partidocracia hablan de la constitución como si fuera un documento respetable y sagrado.
La cuestión es que los que mantienen esa actitud no se dan cuenta que provocan lo peor, porque su miopía política indica que les conviene más continuar con la simulación de que la dominicana es una sociedad democrática, porque lo que podría venir puede ser mucho peor.
Ya este periódico lo había advertido que la torpeza de Abinader no llega más allá de una imitación vulgar de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Donald Trump no emite una orden ejecutiva que no choque con la carta magna.
Pero la mejor resignación no puede ser otra que decir que no se le puede pedir peras al olmo, ya que la incapacidad de las actuales autoridades no deja otra opción que tolerar su torpeza y su falta de formación para dirigir el Estado dominicano.
Pero a los dominicanos tener mucho cuidado con esa tolerancia con el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, porque el país podría entrar en una crisis que lo coloque en el mismo sitial de una nación como la vecina Haití, donde nada es creíble y donde el Estado colapsó para siempre, sin posibilidades reales de recuperación.
Ojo pelao.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como en los mejores tiempos del que es su base de sustentación, el PRD, no tiene ningún reparo en violar, no sólo la ley ordinaria y orgánica, sino la Constitución de la República.
El PRM es tal vez el mejor ejemplo de la doble moral que enarbolan los partidos políticos, con el agravante de que también es ignorante de lo que implica la conducción del Estado, cuya incapacidad ha sumergido a la sociedad dominicana en los tiempos de la caverna.
En la práctica esta organización política es la negación de la eficiencia, la planificación estratégica y otras virtudes que deben adornar a cualquier político que busque dirigir la nación desde una perspectiva de progreso, crecimiento y desarrollo humano.
El PRM es una muestra muy elocuente de esa cultura de improvisación que arrastra el dominicano desde los tiempos de la colonia, todo como resultado de la herencia dejada por la religión católica apostólica y romana, a diferencia de las naciones que se inclinaron por el protestantismo de Martin Lutero de 1517 como una forma de darle una connotación politica a una confrontación contra España, cuya razón de ser era económica y social, ya que en ese momento era la dueña de las riquezas en América.
La administración del PRM, que cumplirá ocho años, se suma a la gran desgracia nacional que tiene su explicación en acontecimiento tan nobles como la guerra restauradora, cuyos buenos resultados en vez de aprovecharse en favor de una nación pobre y golpeado por los imperios, fue utilizada para apartar, perseguir y matar a sus héroes.
Esa conducta que distorsiona los mejores intereses nacionales ahora es replicada por el PRM, cuyos dirigentes son una especie de fiel representación del tigueraje nacional, que se caracteriza por no tener escrúpulo para actuar en una u otra dirección.
Pero el problema es mucho más complejo que el que proyecta y simboliza el PRM, porque el escenario está lleno de estos antivalores de la política, tanto es así que hay otros del mismo carácter tan o más dañino que éste, lo que ha generalizado el criterio de que se trata de un sistema que representa un partido único, cuya sola diferencia es el color que usan y los nombres de sus principales actores, aunque proceden de la misma manera cuanto se trata de la implementación de políticas públicas, las cuales tienen como sustento la corrupción administrativa y la incapacidad para manejar el patrimonio nacional.
El desastre que representa el PRM por mucho que se quiera pregonar algún progreso en términos gubernamentales, no pasa de una mentira que nadie cree después de los ocho años de Abinader, cuya deuda social acumulada, asi como el endeudamiento externa e interna y el aumento desproporcionado del gasto público y una política exterior más conservadora y negadora del derecho internacional.
Por lo que se ve, el retroceso generado por el PRM en el país podría implicar que para superar su pésima gestión la nación tendrá que pasarse décadas, si es que en el camino surge una propuesta que realmente ame a la República Dominicana y piense en la dignidad del pueblo.
De lo que sí se puede estar seguro es que el PRM parece que dejará la sociedad dominicana en una situación que para superarla son muchos los sacrificios que habrá que hacer, sobre todo porque sus acciones en violación del derecho constitucional tienen una grave repercusión en la seguridad jurídica, lo que incluso podría reducir una de las fuentes de alimentación de la economía nacional como es la inversión extranjera directa, así como el turismo y la remesa nacional.
Ya es poco lo que se puede esperar de un país en el que el presidente de la República encabeza las ilegalidades cometidas en contra de jurisprudencias del Tribunal Constitucional (TC), cuyas acciones antijurídicas colocan al Estado a la zaga de las demás naciones de la comunidad internacional, donde el derecho comparado es un referente importante para medir la calidad de sus democracias.
La influencia de la política populista y del atropello del derecho internacional por parte del presidente del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, no ha dejado dudas del poder que otorga el presidencialismo en el mundo.
El caso de los Estados Unidos de América ha puesto a prueba el poder que tiene un presidente de la República frente a los que se suponen altos de niveles de institucionalidad logrados durante siglos de luchas y largas y complejas batallas jurídicas.
No ha sido difícil Trump hacer las cosas como le venga en gana, sin que nadie, absolutamente nadie, le ponga freno, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia, lo que genera un deterioro que durante muchas décadas difícilmente se pueda reponer.
Lo más preocupante de lo que ocurre es cómo daña la democracia ese comportamiento en el resto del mundo, principalmente en los países latinoamericanos, donde hay toda una historia de gobiernos dictatoriales y de una corrupción generalizada.
Por ejemplo, que temor puede tener Luis Abinader de violar la Constitución y el orden institucional cuando tiene como carta de presentación la imitación de lo que ocurre en la potencia del norte, la cual, incluso, se ha pasado la vida supervisando la conducta de los gobiernos de todo el planeta.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que supo engañar a todo el mundo cuando quiso ascender al gobierno, pero que ahora tanto su presidente y la propia organización que sustenta la fuerza que otorga el poder público, ha dado señales claras de que es más conservadora, corrupta y anti-democrática que sus antecesores.
A este comportamiento se suma que los dirigentes de esta entidad política no tienen una agenda y una visión de futuro, sino que se ciegan y no miran más allá del escritorito de la oficina que ocupan mediante el carguito en el que fueron designados.
En el país no existe la menor duda de que Luis Abinader es una extensión de las políticas arbitrarias e ilegales de Donald Trump, cuyo peso se vuelve irresistible para una democracia débil y de papel como la dominicana.
El fenómeno tiene otro agravante y es que la gran mayoría de los que buscan mantenerse en el poder mediante figuras sin ninguna formación para dirigir el Estado, implica unos peligros que puede llevar a la República Dominicana a la conversión de otro Haití, con un Estado que sólo exista de derecho, pero no de hecho, es decir, sólo en el papel.
El otro factor que pesa mucho en el proceso de deterioro de la democracia nacional es que la distribución de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación, convencionales y digitales, es una herramienta para contrarrestar el nivel de criticidad a las acciones antijurídicas de las actuales autoridades nacionales.
Con toda legitimidad se puede pensar que podría hacerse muy tarde para salvar a la República Dominicana de una tendencia que procura hacer pedazos el Estado de Derecho y la democracia nacional.