Félix Bautista, Margarita Cedeño de Fernández y Leonel Fernández. Archivo

Varios  funcionarios gubernamentales  han pisado la sala de los tribunales dominicanos, luego de pasar por la dirección del Estado. Sin embargo, son muy pocos los casos de quienes han recibido una sentencia condenatoria por las acusaciones que se les imputa.

Las querellas contra el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y  senador del a República, Félix Bautista; contra la ex Primera Dama y  vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, y contra el ex presidente Leonel Fernández, se podrían decir que han sido tres de los casos más sonados en los últimos días y justamente tienen un elemento común: han sido archivadas.

El caso de Félix Bautista. Bautista, fue sometido por el movimiento  cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), entidad que depositó ante la Procuraduría General de la República una querella contra el senador peledeísta, por  el supuesto uso  indebido de 39 millones de pesos cuando estuvo al frente de la OISOE.

Además de este hecho, el legislador fue acusado de aportar una gran cantidad de recursos para financiar la campaña electoral del presidente de Haití, Michel Martelly. No obstante, mediante la sentencia 2012-3832, la jueza Esther Agelán Casasnovas, consideró que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) “concretó una serie de diligencias procesales en el caso”.

De esta forma, con una sentencia de 51 páginas, explicó que ese organismo determinó que los depósitos por US$1,050,000 realizados por Bautista a través de  cuentas bancarias, y supuestamente a favor de Martelly, no fueron consignados ni directa ni a través de emisarios al actual presidente de Haití.

Estos argumentos sirvieron de base para decidir el archivo definitivo de la querella contra el legislador, lo cual fue ampliamente criticado.

Moreno versus Leonel. Sin embargo, la querella que se mantuvo como centro de debates  fue la presentada por el ex candidato presidencial y presidente del movimiento partidista Alianza País (Alpaís), Guillermo Moreno, quien acusó al ex presidente Fernández y a su  Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), por lavado de activos y prevaricación de fondos públicos.

Durante el tiempo que se mantuvo en los tribunales, la querella  fue motivo de diversas manifestaciones frente a Funglode y las instalaciones de la Fiscalía. Además, se puso a circular un impreso de bolsillo conteniendo el expediente.

En el caso de la protesta frente a la fundación, se recuerda que hubo agresiones de la Policía, entidad que lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, que reclamaban que el ex gobernante sea llevado a la justicia.

En adición a esto, en varias de las audiencias celebradas en virtud de la querella interpuesta por Moreno, se presentaron en las afueras del Palacio de Justicia, decenas de personas vestidas de abogados, con togas y birretes, quienes manifestaban apoyo a Fernández.

La acusación fue hecha el pasado mes de enero, pero fue archivada de manera definitiva por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en el mes de mayo.

El caso de Margot. Otro caso que estuvo en el ruedo público por mucho tiempo, quizá porque salió a la luz durante la campaña electoral del 2012, fue la acusación hecha por el periodista de Santiago, Marcos Martínez, quien denunció a la entonces primera dama, Margarita Cedeño, porque alegadamente había realizado un desfalco de los fondos asignados al Despacho de la Primera Dama, entidad que dirigía en ese momento.

Martínez había acusado a Cedeño de poseer una cuenta bancaria con 43 millones de euros en un banco de Dinamarca, aunque después dijo que eran 76.

También la acusó de tener certificados bancarios con valor de 13 millones de pesos en Baninter, institución financiera que quebró durante el gobierno de Hipólito Mejía.

Este expediente fue archivado ayer de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La decisión fue tomada por considerar que Martínez “no tiene calidad para instrumentar  su solicitud de objeción”, por lo que fue declarada inadmisible la objeción incoada por el comunicador, sentencia que reafirma que son pocos los casos de funcionarios públicos sometidos a la acción de la justicia.

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