Latinoamericanas
Crisis de autoridad en Haití ante el hecho de que tres hombres buscan dirigir la empobrecida nación.
Desde la izquierda, Ariel Henry, Joseph Lambert y Claude Joseph. (FUENTE EXTERNA/EFE)
Tres personas buscan convertirse en la principal autoridad haitiana tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, cuya crisis se complica con la decisión del Senado, sólo con un tercio de sus miembros en activo, que designó este viernes a su jefe, Joseph Lambert, como presidente, en un desafío frontal a la ilelegitimidad del primer ministro interino, Claude Joseph.
La decisión del Senado agrava la disputa por el poder en Haití, ante el vacío abierto por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado miércoles, y las ambigüedades que plantea la Constitución en los mecanismos de sucesión.
La resolución designó a Lambert presidente provisional hasta el próximo 7 de febrero, fecha del final previsto del mandato de cinco años de Moïse, y le insta a formar “un Gobierno de entente nacional” con la misión de organizar las elecciones con la mayor brevedad posible.
Para negar la legitimidad de Joseph, el Senado se basa en el hecho de que Jovenel Moïse, en el último decreto que firmó antes de su muerte, nombró a un nuevo primer ministro, el doctor Ariel Henry, pero este no llegó a ser investido formalmente.
El propio Henry también se arrogó el derecho de dirigir el Gobierno en los primeros momentos tras la muerte de Moïse, pero no ha vuelto a pronunciarse después de que Naciones Unidas y Washington reconocieran de forma expresa a Joseph como jefe de Gobierno.
Joseph asumió las riendas del Gobierno desde que él mismo anunció la muerte de Moïse en la madrugada del miércoles y en todas sus apariciones públicas ha estado arropado por el jefe de la Policía, Léon Charles, y otras autoridades.
No obstante, los tres aspirantes a dirigir Haití de forma provisional tienen problemas de legitimidad derivados del hecho que el Parlamento está prácticamente inoperativo desde enero de 2020 debido al aplazamiento de las elecciones de 2019.
Por ello, el Parlamento no pudo ratificar el nombramiento de ninguno de los primeros ministros y ahora carece de facultades legales para aprobar resoluciones como la que declara presidente de Haití a Joseph Lambert.
Al margen de la lucha por el poder, las autoridades de Haití prosiguieron este viernes su operación para detener a los supuestos implicados en la muerte de Jovenel Moïse.
Este viernes fueron arrestados tres colombianos, con lo que el total de detenidos en estos días asciende a 20, en su gran mayoría de esa nacionalidad, además de dos estadounidenses de origen haitiano.
Se cree que cinco colombianos continúan huidos y los otros tres fueron abatidos en tiroteos con las autoridades en los dos últimos días.
Once de los supuestos mercenarios fueron detenidos el jueves en la embajada de Taiwán en la capital haitiana, según confirmó este viernes la propia legación diplomática.
La fiscalía que investiga el caso anunció que convocó a declarar, para la semana que viene, a ocho personas, entre ellos los cuatro máximos responsables de la seguridad del presidente, dos exsenadores y dos magnates, conocidos opositores a Moïse.
Entre los convocados figuran el inversor Reginald Boulos, dueño de un conglomerado de empresas, y Dimitri Vorbe, cuya familia es dueña de la compañía que controla el sector eléctrico.
Ambos fueron acusados por el Gobierno de Moïse de financiar las protestas que han desestabilizado el país en varios periodos desde 2018.
El fiscal también ha llamado al exsenador Steven Benoît, quien ha puesto en tela de juicio la versión oficial sobre el magnicidio en varias entrevistas y ha sugerido que Moïse fue asesinado por su cuerpo de seguridad.
Puerto Príncipe recuperó este día la normalidad en parte, se volvieron a abrir los comercios y los mercados callejeros, muchos funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo a petición del Gobierno, después de dos días de calles vacías, y el aeropuerto volvió a operar tras la reapertura de los vuelos.
Sin embargo, se vivieron momentos de nerviosismo frente a la embajada de Estados Unidos, donde un grupo de cientos de personas se aglomeró para pedir un visado con el que huir del país.
Uno de los presentes, Jeferson Javeus, agitando su pasaporte en la mano dijo en nombre del grupo que “después de la muerte del presidente no es posible vivir en Haití”.
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.