Latinoamericanas
Crisis de autoridad en Haití ante el hecho de que tres hombres buscan dirigir la empobrecida nación.
Desde la izquierda, Ariel Henry, Joseph Lambert y Claude Joseph. (FUENTE EXTERNA/EFE)
Tres personas buscan convertirse en la principal autoridad haitiana tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, cuya crisis se complica con la decisión del Senado, sólo con un tercio de sus miembros en activo, que designó este viernes a su jefe, Joseph Lambert, como presidente, en un desafío frontal a la ilelegitimidad del primer ministro interino, Claude Joseph.
La decisión del Senado agrava la disputa por el poder en Haití, ante el vacío abierto por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado miércoles, y las ambigüedades que plantea la Constitución en los mecanismos de sucesión.
La resolución designó a Lambert presidente provisional hasta el próximo 7 de febrero, fecha del final previsto del mandato de cinco años de Moïse, y le insta a formar “un Gobierno de entente nacional” con la misión de organizar las elecciones con la mayor brevedad posible.
Para negar la legitimidad de Joseph, el Senado se basa en el hecho de que Jovenel Moïse, en el último decreto que firmó antes de su muerte, nombró a un nuevo primer ministro, el doctor Ariel Henry, pero este no llegó a ser investido formalmente.
El propio Henry también se arrogó el derecho de dirigir el Gobierno en los primeros momentos tras la muerte de Moïse, pero no ha vuelto a pronunciarse después de que Naciones Unidas y Washington reconocieran de forma expresa a Joseph como jefe de Gobierno.
Joseph asumió las riendas del Gobierno desde que él mismo anunció la muerte de Moïse en la madrugada del miércoles y en todas sus apariciones públicas ha estado arropado por el jefe de la Policía, Léon Charles, y otras autoridades.
No obstante, los tres aspirantes a dirigir Haití de forma provisional tienen problemas de legitimidad derivados del hecho que el Parlamento está prácticamente inoperativo desde enero de 2020 debido al aplazamiento de las elecciones de 2019.
Por ello, el Parlamento no pudo ratificar el nombramiento de ninguno de los primeros ministros y ahora carece de facultades legales para aprobar resoluciones como la que declara presidente de Haití a Joseph Lambert.
Al margen de la lucha por el poder, las autoridades de Haití prosiguieron este viernes su operación para detener a los supuestos implicados en la muerte de Jovenel Moïse.
Este viernes fueron arrestados tres colombianos, con lo que el total de detenidos en estos días asciende a 20, en su gran mayoría de esa nacionalidad, además de dos estadounidenses de origen haitiano.
Se cree que cinco colombianos continúan huidos y los otros tres fueron abatidos en tiroteos con las autoridades en los dos últimos días.
Once de los supuestos mercenarios fueron detenidos el jueves en la embajada de Taiwán en la capital haitiana, según confirmó este viernes la propia legación diplomática.
La fiscalía que investiga el caso anunció que convocó a declarar, para la semana que viene, a ocho personas, entre ellos los cuatro máximos responsables de la seguridad del presidente, dos exsenadores y dos magnates, conocidos opositores a Moïse.
Entre los convocados figuran el inversor Reginald Boulos, dueño de un conglomerado de empresas, y Dimitri Vorbe, cuya familia es dueña de la compañía que controla el sector eléctrico.
Ambos fueron acusados por el Gobierno de Moïse de financiar las protestas que han desestabilizado el país en varios periodos desde 2018.
El fiscal también ha llamado al exsenador Steven Benoît, quien ha puesto en tela de juicio la versión oficial sobre el magnicidio en varias entrevistas y ha sugerido que Moïse fue asesinado por su cuerpo de seguridad.
Puerto Príncipe recuperó este día la normalidad en parte, se volvieron a abrir los comercios y los mercados callejeros, muchos funcionarios volvieron a sus puestos de trabajo a petición del Gobierno, después de dos días de calles vacías, y el aeropuerto volvió a operar tras la reapertura de los vuelos.
Sin embargo, se vivieron momentos de nerviosismo frente a la embajada de Estados Unidos, donde un grupo de cientos de personas se aglomeró para pedir un visado con el que huir del país.
Uno de los presentes, Jeferson Javeus, agitando su pasaporte en la mano dijo en nombre del grupo que “después de la muerte del presidente no es posible vivir en Haití”.
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Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición
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ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
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Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia
Efe
Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.
Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.
Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.
El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).
Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.
Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.
En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.
La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.
Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.
Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.
La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.
En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.
‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.