Puerto Príncipe.-Los primeros efectivos de Jamaica y Belice para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad llegaron este jueves a Puerto Príncipe y se sumarán a los 400 agentes de Kenia, país que encabeza la operación, que ya se encuentran en Haití.

Por parte de Jamaica, hoy llegó al aeropuerto internacional Toussaint Louverture de la capital haitiana un contingente formado por una veintena de militares y cuatro policías, seis meses después de que ese país anunciara su apoyo a la misión multinacional.

Llegada de soldados de Belice y Jamaica en apoyo a Haití. (EFE)

Estos efectivos forman parte del total de 200 que el Gobierno de Jamaica se comprometió a enviar a Haití y que proporcionarán apoyo de mando, planificación y logística para el despliegue de la fuerza.

Su despliegue en Haití se producirá de forma gradual y, así, para finales de septiembre se espera que países como Bahamas, Barbados, Bangladés, Chad, Benín y Belice envíen efectivos al país.

Casi tres meses después de que comenzaran a llegar los policías kenianos, la situación de seguridad no ha registrado una mejoras importantes en Haití.

Hace justo una semana, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, visitó el país caribeño, donde prometió trabajar durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas para aumentar las contribuciones internacionales a la misión y asegurar la renovación del mandato del Consejo de Seguridad al despliegue, algo que debe suceder en octubre.

«Necesitamos más fondos y más personal para sostener la misión», dijo Blinken acerca de una operación a la que Estados Unidos ha contribuido con más de 300 millones de dólares.

En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU dio su visto bueno al envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití, en respuesta a la solicitud hecha un año antes por las autoridades del país caribeño para erradicar la violencia de las bandas armadas.

El año pasado la violencia causó, entre muertos y heridos, ocho mil víctimas en Haití, donde los grupos criminales han llegado a controlar un 80 % de la capital, Puerto Príncipe, así como otras zonas del país, según cifras de la ONU.

El Comercio (GDA)

Perú.-A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde hace una semana.

Esto fue confirmado por el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.

Otras fuentes indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que los rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer a la lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.

Las mismas fuentes señalaron que le han solicitado a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.

Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.

Fuentes cercanas Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte “seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le rendirán honores de Estado a Fujimori.

El Decreto Supremo N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.

La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.

En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a la política activa.

“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.

“Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino […] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko Fujimori a este Diario.

No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que el ex jefe de Estado estaba impedido de postular.

“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó Quiroga.

“El indulto lo único que hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó Amprimo.

Un gobierno autoritario

Fujimori, apodado como “El Chino” , nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó venció al escritor Mario Vargas Llosa. Un mes antes de la primera vuelta, solamente tenía el 2% de intención de voto.

El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.

La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.

Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.

En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$7.000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.

En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.

En setiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.

Dos meses después, ‘El Chino’ renunció a la Presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.

Cuatro condenas firmes

El ex jefe de Estado fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.

Según el fallo- emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín- Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.

Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$15 millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.

El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al ex jefe de Estado, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

Kuczynski adoptó esta polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.

En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.

Agencia EFE

Caracas,.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes «ladrón» a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, luego de que Estados Unidos confiscara un avión oficial del mandatario en una operación que se llevó a cabo en la isla caribeña.

El mandatario venezolano sostuvo que está «muy pendiente» del debate presidencial, que se celebra este martes, y que si no le «hubieran robado el avión en República Dominicana», viajaría a Estados Unidos.

El pasado 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la confiscación del avión oficial de Maduro en una operación que realizó en República Dominicana, con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre la nación petrolera.

A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, «propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre».

La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida (EE.UU.) por haber sido «comprada ilegalmente» por 13 millones de dólares (unos 11,7 millones de euros) «a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches», denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.

En respuesta, el Gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación de este avión