Santo Domingo. Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, afirmaron que el pago de RD$21 mil millones realizado en 2020 al Banco de Reservas (Banreservas) fue una operación interinstitucional legal, auditada y sin salida de fondos del Estado dominicano.

La defensa sostuvo que el desembolso correspondió a una obligación legal en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.

Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, explicó que el pago se realizó desde el Ministerio de Hacienda hacia Banreservas y que el único receptor fue la entidad bancaria estatal. “No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.

Según la defensa, la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que —afirman— confirma su carácter institucional y legal. Precisaron además que Donald Guerrero no creó ni administró el programa, cuya ejecución financiera correspondía exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.

Los abogados enfatizaron que el pago no generó pérdidas al Estado, sino que fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude; es contabilidad pública transparente”, sostuvo Núñez.

En relación con la acusación de lavado de activos, la defensa afirmó que es jurídicamente inviable, debido a que los recursos eran públicos y se transfirieron entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó Núñez.

Los abogados insistieron en que, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos o beneficio personal. Anunciaron que los argumentos técnicos y la documentación oficial serán presentados ante el tribunal que conoce el proceso contra los tres exministros, con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público.

La defensa concluyó señalando que no ejecutar el pago habría implicado incumplir obligaciones legales del Estado dominicano, mientras que realizarlo constituyó —según su posición— el cumplimiento de un deber institucional.

Santo Domingo.- Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, interpusieron una oposición formal a la demolición del centro de diversión, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje como parte de la investigación oficial que se realiza en la edificación, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el colapso del techo, ocurrido el 8 de abril del pasado año.

La barra de la defensa depositó la instancia ante la Procuraduría General de la República este lunes, luego de que el pasado viernes 30 de enero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas de la discoteca Jet Set, tras declarar inadmisible la solicitud presentada.

Mediante esta oposición, los abogados buscan impedir la demolición de lo que queda del establecimiento, alegando que existe un informe emitido por las autoridades competentes, por disposición de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en el que se recomienda “demoler el resto del edificio”.

Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público sostiene que los imputados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, a pesar de tener conocimiento directo de los graves problemas estructurales del techo, los cuales habrían sido evidenciados mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.

Las investigaciones indican que los propietarios de la discoteca Jet Set sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin estudios técnicos que avalaran la capacidad del edificio para soportar dicho peso.

El juez Raymundo Mejía tiene a su cargo conocer la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 235 víctimas mortales, así como de causar heridas agravadas a otras personas, a raíz del colapso del techo de la discoteca, presuntamente provocado por negligencia.

Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos,  presidente del Senado, aseguró este lunes que el órgano que dirige está contemplado usar su facultad fiscalizadora para citar e interrogar a los ejecutivos de Vinci Airports, la empresa matriz de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), por el retraso en las obras prometidas para el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

De los Santos precisó que se encuentra «plenamente identificado» con la postura del presidente Luis Abinader, quien advirtió el lunes que estaría en disposición de llevar a los tribunales el caso del retraso en las obras del aeropuerto.

«De no cumplir, vamos a invitar a Aerodom para que vaya al Senado de la República a explicar el por qué la tardanza en los inicios de los trabajos, tal y como está establecido en el contrato«, sentenció el presidente de los senadores.

El senador de la provincia Sánchez Ramírez citó el artículo 93 de la Constitución, en el que se atribuye la facultad de fiscalización al Congreso y de revisar los contratos estatales.

Asimismo, mencionó la nueva Ley 84-25, sobre Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que regula las citas, interrogatorios, cuestionamientos en el pleno y juicios políticos encabezados por los legisladores para fiscalizar el funcionamiento estatal.

En diciembre del 2023, el Senado, bajo la presidencia de Ricardo de los Santos, aprobó en única lectura el contrato renegociado entre el Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), un convenio que se extenderá hasta el año 2060.

Aunque el contrato fue aprobado sin trabas por la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue rechazado con seis votos de la oposición y registró un informe disidente depositado por el entonces senador Yván Lorenzo, quien era el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En el documento disidente, Lorenzo alegó que el contrato aprobado por los senadores «es un adefesio» que no debe ser considerado por la Cámara Alta porque, a su juicio, los fondos que dejará la negociación serían usados para planes reeleccionistas del presidente Luis Abinader de cara a las pasadas elecciones del 2024.

El informe disidente del vocero del PLD consideró que el Congreso «ha festinado el contrato» ya que el proyecto solo duró un mes bajo estudios en el Congreso.

El primer picazo para la nueva terminal del AILA fue dado por Abinader y ejecutivos de Vince Airports en agosto del 2025, pero el proyecto no presenta avances.

En el encuentro, Abinader indicó que otorgó la renovación del contrato de operación de los aeropuertos dominicanos a la empresa francesa con el propósito de que tuviera el tiempo y las condiciones para hacer las mejoras, pero sus ejecutivos no han cumplido con el plazo a pesar de las conversaciones.

Como respuesta, la empresa rechazó las acusaciones de incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales con el Estado dominicano.

En un comunicado oficial, la compañía, regenteada por la francesa Vinci, aseguró que los señalamientos de Abinader «no reflejan la realidad» y reafirmó que ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el contrato de concesión.