Análisis Noticiosos
Tres o más veces presidente en la historia republicana
Por Ismael Batista
La relación de los acontecimientos históricos en los órdenes económico, social y político de la República Dominicana, adquiere relevancia en nuestros días con la evolución de los hechos. Es ancestral lo expresado por Marco Tulio Cicerón: “Los pueblos que olvidan o ignoran su historia están condenados a repetir sus tragedias.” Con el análisis de aspecto relevante de nuestra historia, el pensamiento del filósofo y político griego adquiere vigencia permanente. En una secuencia histórica percibimos que un ejercicio dilatado en la dirección del Estado ha infringido la institucionalidad de la República Dominicana. Los presidentes que por tres o más oportunidades han ocupado el solio presidencial son los que más daño han ocasionado en términos sociales, económicos y políticos al país. Ello ha derivado en referentes, con menoscabo de la soberanía y la integridad nacional.
Esta reseñada revisión histórica, incluye aquellos presidentes que, como se mencionó anteriormente, han ocupado el solio presidencial en 3 o más ocasiones, desde la fundación de la República el 27 de febrero de 1844, hasta nuestros días contemporáneos. En orden cronológico: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael Leonidas Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández.
Proclamada la República Dominicana Estado independiente, Pedro Santana demostraría inusitada incapacidad en el manejo de la difícil situación económica, política y social heredada de la ocupación haitiana. Tomando decisiones que en el futuro comprometerían el porvenir de las finanzas y la soberanía nacional. En el orden económico, inadecuado manejo de las finanzas; en lo político, asedio, persecución, deportación y asesinatos de los fraguadores de la Independencia Nacional Dominicana. El insigne Juan Pablo Duarte es condenado al destierro conjuntamente con sus compañeros de lucha. El 27 de febrero de 1845 fusiló la patriota María Trinidad Sánchez, hermana del Padre de la Patria Francisco del Rosario Sánchez; también fusilado. En 1847 fueron fusilados los luchadores de la Independencia y héroes nacionales, los hermanos, José Joaquín y Gabino Puello.
Estas políticas desacertadas son las determinantes que conducen a la anexión a España, ejecutada por Pedro Santana, el 18 de marzo de 1861.
Otro presidente dominicano que hizo más mal que bien al país, y que intercambió presidencia con Pedro Santana, fue Buenaventura Báez. Al igual que Pedro Santana manejó torpemente las finanzas de la República. En 1869, el cinco veces presidente, concertó el famoso empréstito con la Hartmon, mediante el cual prácticamente hipotecó el país y vulneró la soberanía nacional. En adición, en 1869 propuso a los presidentes norteamericanos Andrew Johnson y Ulyses S. Grant la anexión del país a los Estados Unidos. En 1874 buscaría el arrendamiento y venta de la península y bahía de Samaná.
El legendario Ulises Heureaux gobernó la nación entre 1865 y 1899, en tres ocasiones él, y otras veces usaba sus cachanchanes. Encabezó un gobierno sanguinario, asesinando a sus opositores. Negoció con la Holandesa Westendorp el préstamo de la Hartmon contraído por Buenaventura Báez, a cambio de un jugoso préstamo concertado con la compañía, mediante el cual hipoteca las Aduanas Dominicanas. Los afanes continuistas de Lilís (aumentó el período presidencial a 6 años) lo llevaron a concertar otro préstamo con la compañía holandesa. Esta compañía en quiebra, vende sus acciones a la compañía estadounidense llamada Santo Domingo Improment, quedando la soberanía económica del país en manos de los Estado Unidos. El gobernante de marras continuó las negociaciones de préstamo con la Improvent y llevó el país a una situación económica precaria. Para esa época, la unión norteamericana era afectada por la crisis económica de los años 1890’s, la cual influyó negativamente en la situación económica difícil del país. La respuesta del presidente Heureaux fue la continuación en la emisión de papeletas de escaso o ningún valor adquisitivo, lo que agravó la crisis económica. En medio de la crisis general que vivía el país, el 26 de julio de 1899 Ulises Heureaux fue asesinado en Moca.
Posteriormente a este hecho se suceden varios presidentes y la ocupación norteamericana de 1916. En elecciones efectuadas en 1924 asume por tercera vez Horacio Vásquez la presidencia de la República. Quebró la institucionalidad extendiendo su mandato de 4 a 6 años, introdujo modificaciones en la Convención de 1907 (convención anti-soberanía económica y política) aumentando por más tiempo el control financiero del país de parte de los Estado Unidos. Gestionó nuevos préstamos, creación de puestos públicos innecesarios y la emisión de bonos. Este gobernante daría paso la “Era de Trujillo.”
El 24 de mayo de 1930, Rafael Leónidas Trujillo se proclama Presidente de la República, estableciendo una execrable dictadura en el orden social, político y económico, en la cual la represión política y el asesinato eran las normas. Fue el golpe mortal a la institucionalidad. Sin embargo, es interesante destacar la organización de las finanzas llevada a cabo por el régimen, y mediante el tratado Trujillo-Hull recuperó las Aduanas y la soberanía económica de la nación por primera vez en toda la historia republicana.
El penúltimo presidente con ejercicio presidencial prolongado; Joaquín Balaguer, gobernó la República Dominicana por 22 años. Seis veces presidente en elecciones cuestionadas. Estableció los que muchos consideran una semidictadura: se implantó el terror, gran represión política, asesinatos, encarcelamientos, deportaciones y muchos dominicanos condenados al ostracismo. En lo administrativo; aumento de la corrupción y el incremento la deuda externa.
Esta sucinta relación histórica concluye con Leonel Fernández, abogado y político. En su gestión gubernamental el país adquiere relevancia en el plano internacional. Implementa una política de corte neoliberal. Fueron arrendadas o privatizadas las empresas estatales, así como la firma de Tratado de Libre Comercio (TLC). En lo administrativo es acusado de encabezar el gobierno más corrupto de la historia contemporánea y de incrementar la deuda externa a sus más altos niveles de la Historia Moderna, razón por la cual el país perdió la soberanía económica y en consecuencia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dirige la política económica del país.
Los acontecimientos históricos siguen su curso dialéctico. El abordaje y el análisis de los mismos implican la objetividad y tener una visión pragmática en el tiempo. Por ello me pregunto:
¿Es posible implementar políticas reales de desarrollo con una economía intervenida? ¿Se logrará reducir pobreza y combatir otras aristas del subdesarrollo con políticas neoliberales fondo monetaristas?
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.