Opinión
Tres opciones parecidas en lo peor
Por Narciso Isa Conde
Los comicios presidenciales y congresuales están fijados para el domingo 19 de mayo.
Las expectativas están centradas en los tres partidos que actualmente dominan el sistema electoral y las instituciones vigentes: el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la candidatura reeleccionista del actual presidente Luis Abinader, enfrentado a dos partidos de “oposición”, ambos conformados a raíz de la reciente división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó los cuatro periodos antes de las votaciones del 2020.
Uno lleva todavía su nombre (PLD) y postula a Abel Martínez, actual Alcalde de la ciudad de Santiago; y el otro, denominado Fuerza del Pueblo (FP), postula al expresidente Leonel Fernández. Los dos cargan con el descrédito de la corruptela estatal de sus cinco administraciones
El PRM -heredero de la corrupción del PRD, su partido de origen, asaltado por elites empresariales- tiene en su prontuario, tanto el tránsito de la preeminencia de la corrupción partidista a la preeminencia de la corrupción empresarial, como la profundización de la re-colonización neoconservadora del país y las cuentas del gobierno de Hipólito Mejía.
A la reelección, las encuestas le asignan más de un 60% del sufragio; y a los otros dos candidatos, menos del 25 % a cada uno de ellos. Al resto de los partidos menores y a sus respectivas candidaturas le asignan porcentajes sumamente reducidos.
El régimen electoral cuenta de dos vueltas y para ganar en la primera se requiere más del 50% de los votos válidos. Los dos partidos opositores pactaron ir juntos, asumiendo ambos la candidatura que logre el segundo lugar en primera vuelta, si hay segunda vuelta, algo muy improbable.
La seudo democracia dominicana, su sistema de partidos, sus modalidades de financiamiento, sus bases constitucionales y legales y sus mecanismos electorales han posibilitado su control durante décadas, y en cada periodo, por las fuerzas más conservadoras del país, subordinadas a EEUU.
En la actualidad el problema se ha tornado más grave en función de una mayor degradación política y ético-moral de las opciones electorales, en una media isla caribeña compartida con Haití y sometida a una multi-intervención de los EEUU.
Nuestro territorio, la frontera binacional y el Puerto de Manzanillo, ubicado en el noroeste atlántico del país, son puntos estratégicos de ensayos, operaciones y eventuales agresiones del Comando Sur del PENTÁGONO, dentro y fuera de la isla.
La destacada y descarada participación del Comando Sur en las operaciones policiales antidrogas es un ejercicio más en esa nefasta dirección.
El tema narcotráfico-DEA es solo un pretexto.
Está ya instalada una modalidad de intervención militar preventiva en esta parte de la isla; mientras Haití, caotizado por el accionar de las bandas patrocinadas por EEUU y los neofascistas colombianos, está a punto de ser nuevamente invadido bajo su tutela.
· EL TRÍO QUE TIRÓ AL PUEBLO EN EL POZO EN LOS ÚLTIMOS 28 AÑOS.
La trilogía PLD, FP y PRM piensan igual y han hecho cosas parecidas: favorecer al gran capital, aceptar como fatalidad la condición de capitalismo dependiente y el predominio abrumador de la gran propiedad privada; asumir la estrategia neoliberal o neoconservadora de las potencias occidentales, alinearse con la política exterior de EEUU y, concretamente, unirse a sus prácticas colonialistas y apoyar sus estrategias militares y sus guerras contra la humanidad.
Este es un posicionamiento común en los tres y al viejo PRD.
Desde sus respectivas candidaturas presidenciales (Abel, Leonel, Abinader…), son favorecidas las políticas privatizadoras de la propiedad y los servicios públicos y sociales.
Los tres asumen la salud y la educación como negocios, las ARS, AFP y empresas privadas en el campo de la seguridad social, las Alianza Público-Privadas (APP) y los Fideicomisos en múltiples vertientes, la integración a áreas y tratados de “libre” comercio, el desmonte de aranceles proteccionistas, el endeudamiento dentro de los parámetros, amarres e intervenciones propias del FMI-BM-BID y bancos de negocios, y el respaldo a las masacres imperialistas.
Eso explica, además, la gustosa aceptación por los tres de la presencia intervencionista del Comando Sur del Pentágono, la USAID, la DEA, el MAAG, la CÍA y el FBI.
Ninguno de ellos objeta las operaciones de esos instrumentos de la dominación estadounidense en la franja fronteriza y en todo el territorio nacional. Igual frente a las prácticas similares de la asesoría militar israelí.
Los tres asumen la Constitución y las leyes vigentes cuando les interesa y las violan cuando quieren.
Aprobaron la carta magna leonelista del 2010 de corte neo-conservador y se sienten cómodos/as con ella y con las leyes orgánicas aprobadas, especialmente con la ley de partidos y la ley electoral, que los convierten en dueños del régimen político-electoral, y les permite reciclarlo en favor de uno y de otro, con ventajas para el que ejerce el control del estado y sus instituciones.
Ellos y sus aliados son expertos en asistencialismos clientelistas, en el ejercicio electoralista desde el poder y en materia del uso abusivo de los recursos del estado, compra de votos, partidos y candidaturas.
Los tres agrupamientos -y no pocos de sus respectivos candidatos- acumulan grandes culpas en estafar al estado, asociarse y proteger mafias políticas, empresariales y militares; y fomentar las banalidades y el egoismo.
Tienen sus corruptos preferidos y sus propias articulaciones con la narco-política; y salvo casos insoslayables, o de conveniencia política, los tres están protegidos por un manto de impunidad sistémica y el uso de varias caretas, opositoras y oficialistas.
Los tres son pro capitalistas, neoliberales y pro imperialistas. Son nacionalistas frente a Haití, pero no frente a EEUU.
Son racistas-anti haitianos, machistas, ecocidas, reniegan del laicismo y han dejado a la deriva una amplia franja de jóvenes sin trabajo, sin escuela, sin esperanza… como presa fácil de la narco-delincuencia mayor y el Estado delincuente,
A los tres les fascinan los mega millonarios criollos y extranjeros.
Abinader -leal a su clase y a ese clan- le ha entregado las principales funciones ejecutivas de su gobierno al gran empresariado y la tutela militar del país al Comando Sur, comprometiéndose a realizar operaciones conjuntas en el escenario de Nuestra América.
Esa identidad ideológica es común a los tres, a las elites capitalistas gansterizadas y a sus principales aliados políticos.
Eso y la ausencia de ética en la política los une en las entrañas del sistema; mientras sus desmedidas ambiciones político-electorales, los separan.
Pero eso no es todo. Lo peor está por venir y debemos prepararnos para hacerle frente y derrotarlo.
Post reelección viene el paquetazo fiscal, la privatización del agua, el plan de la minería destructiva, el Código Penal sin las tres causales… y el fracatán de APPS y medidas ultraconservadoras y entreguistas, en medio de peligrosas confrontaciones regionales y mundiales.
Crecen así las razones para no ir a las votaciones, para en el próximo periodo tomar progresivamente las calles, sembrar sistemáticamente poder popular constituyente en todo el territorio nacional y potenciar las luchas extra institucionales por rescatar la soberanía nacional y derrotar todas las formas de intervención con las que durante 59 años se nos ha negado la autodeterminación como pueblo, el derecho a decidir como país y el disfrute de una democracia real.
Aumentan las razones para unir fuerzas en favor de un proceso constituyente que se proponga cambiarlo todo, refundar la institucionalidad sobre la base de una nueva Constitución e impulsar una la línea de acción popular y solidaridad antiimperialista con los pueblos en lucha por la soberanía, por la nueva democracia y la transición el nuevo socialismo; en la ruta de liberar la patria chica a los compases de construcción de la patria grande como casa común.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.