Opinión
Tres opciones parecidas en lo peor
Por Narciso Isa Conde
Los comicios presidenciales y congresuales están fijados para el domingo 19 de mayo.
Las expectativas están centradas en los tres partidos que actualmente dominan el sistema electoral y las instituciones vigentes: el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la candidatura reeleccionista del actual presidente Luis Abinader, enfrentado a dos partidos de “oposición”, ambos conformados a raíz de la reciente división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó los cuatro periodos antes de las votaciones del 2020.
Uno lleva todavía su nombre (PLD) y postula a Abel Martínez, actual Alcalde de la ciudad de Santiago; y el otro, denominado Fuerza del Pueblo (FP), postula al expresidente Leonel Fernández. Los dos cargan con el descrédito de la corruptela estatal de sus cinco administraciones
El PRM -heredero de la corrupción del PRD, su partido de origen, asaltado por elites empresariales- tiene en su prontuario, tanto el tránsito de la preeminencia de la corrupción partidista a la preeminencia de la corrupción empresarial, como la profundización de la re-colonización neoconservadora del país y las cuentas del gobierno de Hipólito Mejía.
A la reelección, las encuestas le asignan más de un 60% del sufragio; y a los otros dos candidatos, menos del 25 % a cada uno de ellos. Al resto de los partidos menores y a sus respectivas candidaturas le asignan porcentajes sumamente reducidos.
El régimen electoral cuenta de dos vueltas y para ganar en la primera se requiere más del 50% de los votos válidos. Los dos partidos opositores pactaron ir juntos, asumiendo ambos la candidatura que logre el segundo lugar en primera vuelta, si hay segunda vuelta, algo muy improbable.
La seudo democracia dominicana, su sistema de partidos, sus modalidades de financiamiento, sus bases constitucionales y legales y sus mecanismos electorales han posibilitado su control durante décadas, y en cada periodo, por las fuerzas más conservadoras del país, subordinadas a EEUU.
En la actualidad el problema se ha tornado más grave en función de una mayor degradación política y ético-moral de las opciones electorales, en una media isla caribeña compartida con Haití y sometida a una multi-intervención de los EEUU.
Nuestro territorio, la frontera binacional y el Puerto de Manzanillo, ubicado en el noroeste atlántico del país, son puntos estratégicos de ensayos, operaciones y eventuales agresiones del Comando Sur del PENTÁGONO, dentro y fuera de la isla.
La destacada y descarada participación del Comando Sur en las operaciones policiales antidrogas es un ejercicio más en esa nefasta dirección.
El tema narcotráfico-DEA es solo un pretexto.
Está ya instalada una modalidad de intervención militar preventiva en esta parte de la isla; mientras Haití, caotizado por el accionar de las bandas patrocinadas por EEUU y los neofascistas colombianos, está a punto de ser nuevamente invadido bajo su tutela.
· EL TRÍO QUE TIRÓ AL PUEBLO EN EL POZO EN LOS ÚLTIMOS 28 AÑOS.
La trilogía PLD, FP y PRM piensan igual y han hecho cosas parecidas: favorecer al gran capital, aceptar como fatalidad la condición de capitalismo dependiente y el predominio abrumador de la gran propiedad privada; asumir la estrategia neoliberal o neoconservadora de las potencias occidentales, alinearse con la política exterior de EEUU y, concretamente, unirse a sus prácticas colonialistas y apoyar sus estrategias militares y sus guerras contra la humanidad.
Este es un posicionamiento común en los tres y al viejo PRD.
Desde sus respectivas candidaturas presidenciales (Abel, Leonel, Abinader…), son favorecidas las políticas privatizadoras de la propiedad y los servicios públicos y sociales.
Los tres asumen la salud y la educación como negocios, las ARS, AFP y empresas privadas en el campo de la seguridad social, las Alianza Público-Privadas (APP) y los Fideicomisos en múltiples vertientes, la integración a áreas y tratados de “libre” comercio, el desmonte de aranceles proteccionistas, el endeudamiento dentro de los parámetros, amarres e intervenciones propias del FMI-BM-BID y bancos de negocios, y el respaldo a las masacres imperialistas.
Eso explica, además, la gustosa aceptación por los tres de la presencia intervencionista del Comando Sur del Pentágono, la USAID, la DEA, el MAAG, la CÍA y el FBI.
Ninguno de ellos objeta las operaciones de esos instrumentos de la dominación estadounidense en la franja fronteriza y en todo el territorio nacional. Igual frente a las prácticas similares de la asesoría militar israelí.
Los tres asumen la Constitución y las leyes vigentes cuando les interesa y las violan cuando quieren.
Aprobaron la carta magna leonelista del 2010 de corte neo-conservador y se sienten cómodos/as con ella y con las leyes orgánicas aprobadas, especialmente con la ley de partidos y la ley electoral, que los convierten en dueños del régimen político-electoral, y les permite reciclarlo en favor de uno y de otro, con ventajas para el que ejerce el control del estado y sus instituciones.
Ellos y sus aliados son expertos en asistencialismos clientelistas, en el ejercicio electoralista desde el poder y en materia del uso abusivo de los recursos del estado, compra de votos, partidos y candidaturas.
Los tres agrupamientos -y no pocos de sus respectivos candidatos- acumulan grandes culpas en estafar al estado, asociarse y proteger mafias políticas, empresariales y militares; y fomentar las banalidades y el egoismo.
Tienen sus corruptos preferidos y sus propias articulaciones con la narco-política; y salvo casos insoslayables, o de conveniencia política, los tres están protegidos por un manto de impunidad sistémica y el uso de varias caretas, opositoras y oficialistas.
Los tres son pro capitalistas, neoliberales y pro imperialistas. Son nacionalistas frente a Haití, pero no frente a EEUU.
Son racistas-anti haitianos, machistas, ecocidas, reniegan del laicismo y han dejado a la deriva una amplia franja de jóvenes sin trabajo, sin escuela, sin esperanza… como presa fácil de la narco-delincuencia mayor y el Estado delincuente,
A los tres les fascinan los mega millonarios criollos y extranjeros.
Abinader -leal a su clase y a ese clan- le ha entregado las principales funciones ejecutivas de su gobierno al gran empresariado y la tutela militar del país al Comando Sur, comprometiéndose a realizar operaciones conjuntas en el escenario de Nuestra América.
Esa identidad ideológica es común a los tres, a las elites capitalistas gansterizadas y a sus principales aliados políticos.
Eso y la ausencia de ética en la política los une en las entrañas del sistema; mientras sus desmedidas ambiciones político-electorales, los separan.
Pero eso no es todo. Lo peor está por venir y debemos prepararnos para hacerle frente y derrotarlo.
Post reelección viene el paquetazo fiscal, la privatización del agua, el plan de la minería destructiva, el Código Penal sin las tres causales… y el fracatán de APPS y medidas ultraconservadoras y entreguistas, en medio de peligrosas confrontaciones regionales y mundiales.
Crecen así las razones para no ir a las votaciones, para en el próximo periodo tomar progresivamente las calles, sembrar sistemáticamente poder popular constituyente en todo el territorio nacional y potenciar las luchas extra institucionales por rescatar la soberanía nacional y derrotar todas las formas de intervención con las que durante 59 años se nos ha negado la autodeterminación como pueblo, el derecho a decidir como país y el disfrute de una democracia real.
Aumentan las razones para unir fuerzas en favor de un proceso constituyente que se proponga cambiarlo todo, refundar la institucionalidad sobre la base de una nueva Constitución e impulsar una la línea de acción popular y solidaridad antiimperialista con los pueblos en lucha por la soberanía, por la nueva democracia y la transición el nuevo socialismo; en la ruta de liberar la patria chica a los compases de construcción de la patria grande como casa común.
Por José Cabral
El fiasco que constituye el sistema de justicia en la República Dominicana es la causa de que cualquiera se pueda jugar con la dignidad de los demás.
Escucho cosas en las redes sociales que sólo se pueden tolerar en un país profundamente impactado por el irrespeto a la ley.
Todo ocurre en una época en la que no se puede negar que el constitucionalismo contemporáneo se ha encargado de tener en primer plano el respeto de la dignidad, la intimidad y el buen nombre de las personas.
Pero el hecho de que éstas sean una especie de juego, ya que son los propios actores del sistema los responsables de que una gran cantidad de personas no se sienta motivada a accionar en justicia cuando cualquier sujeto la difama por medios masivos de comunicación-
En la medida en que no se sienten precedentes en esta materia la difamación será parte del pan nuestro de cada día.
Cuantas cosas feas sin el menor cuidado se dicen en contra de las personas por las redes sociales y por algunos medios de comunicación convencionales.
Hablar de la vida privada de cualquier persona es algo que ya forma parte de aquellos que tienen que utilizar este tipo de difamación para tener algún material a tratar en su pretendido programa de opinión.
Sin importar el daño que causan y sin pensar que el difamado tiene familia, madres e hijos, se recurre a una práctica que sólo con una justicia eficiente se puede cambiar.
La difamación con la lesión de la imagen personal, sólo por proyectar la idea de que de esa manera se defienden los intereses de la patria y el país, como que no encaja en un tiempo cuando prevalece el constitucionalismo contemporáneo, cuya principal base de sustentación es promover normas como la dignidad que son al propio tiempo valores y principios.
Se impone un nuevo comportamiento social para arribar a una sociedad en la que se pueda proclamar que realmente es la época de un Estado social, democrático y de derecho, cuya mayor garantía es precisamente el principio de la seguridad jurídica.
Por Isaías Ramos
Permítanme comenzar con un homenaje al título del diplomado dirigido por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin en 2011, en el que tuve el privilegio de participar. A medida que nos acercamos a los anuncios del ejecutivo sobre las doce reformas planeadas para ser presentadas a la nación a partir del 16 de agosto, y en un contexto que demanda urgentemente una transformación educativa y social profunda, encuentro crucial compartir nuestras reflexiones y expectativas.
Las próximas reformas, aunque aún no se han revelado oficialmente, se anticipan como una oportunidad única para que nuestros gobernantes rediman sus promesas ante Dios, la patria y el pueblo. Durante la toma de posesión, tanto el presidente como la vicepresidenta, recientemente reelegidos, reafirmarán su compromiso ante la Asamblea Nacional con un juramento que nos recuerda el profundo sentido de su responsabilidad: «Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y defender su independencia, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, y cumplir fielmente los deberes de mi cargo».
No podemos ignorar que muchos gobernantes han traicionado estos principios y han decepcionado al pueblo. Como bien dice el libro de Gálatas 6:7: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará”. Aquellos que han osado hacerlo, no han encontrado la felicidad en sus acciones. Por ello, es imperativo cuestionar el pensamiento único neoliberal que se nos ha impuesto, limitando nuestra capacidad de reflexión y coartando nuestras libertades.
Es momento de exigir la implementación real de los principios que nuestra Carta Magna establece bajo el marco del «Estado Social y Democrático de Derecho», particularmente en sus artículos 7 y 8. El pueblo dominicano está cansado de palabras vacías y espera acciones concretas que demuestren compromiso y cambio real.
Siguiendo el pensamiento de Morin, educar para la comprensión humana va mucho más allá del aprendizaje académico; implica fomentar la capacidad de pensar por uno mismo y de desarrollar todas las facetas de nuestra personalidad para poder convivir en armonía con otros seres humanos. Nos enfrentamos a una realidad donde el conocimiento ha sido secuestrado por un velo de pensamiento único neoliberal, que obstruye nuestro proceso cognitivo y nos impide alcanzar una verdadera comprensión mutua. Esta imposición limita nuestras capacidades reflexivas y nos empuja hacia un conformismo intelectual que debemos rechazar vehementemente.
En el Frente Cívico y Social, estamos convencidos de que ha llegado el momento de romper las cadenas de este pensamiento único y fomentar una mentalidad crítica y creativa en todos los ámbitos de nuestra vida social. Debemos alzar la voz contra las dinámicas sociales excluyentes y opresoras que perpetúan la desigualdad y la injusticia.
La libertad no puede ser simplemente una utopía inalcanzable; debe ser una realidad tangible que perseguimos y alcanzamos juntos. Es nuestro deber moral encontrar el camino de salida de la caverna platónica en la que nos encontramos atrapados, para así construir un futuro donde la educación sea verdaderamente liberadora e inclusiva.
¡Es tiempo de levantarnos juntos como un pueblo consciente y exigir un cambio real! Solo así podremos enseñar la comprensión entre las personas como condición indispensable para construir una humanidad más solidaria e igualitaria.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Existe un número infinito de distintos objetos de prueba que puedan requerirse para un procedimiento penal. El artículo 93 del Estatuto de Roma se refiere a algunos de ellos, inclusive los contenidos los contenidos de fosas comunes, archivos y documentos oficiales, y posibles ganancias del delito.
Otros párrafos del artículo 93 del Estatuto de Roma sugieren la cooperación de los Estados con la CPI respecto a la localización de objetos, la producción de cualquier tipo de prueba, la inspección de lugares o sitios, inclusive la exhumación y examinación de fosas , la ejecución de allanamientos y decomisos, y la conservación de todo tipo de prueba.
Los Estados deben asegurarse de que no existan límites sobre los tipos de materiales y objetos que se puedan tomar para la investigación de la CPI. Necesitan también contar con legislación que , de conformidad con el Estatuto de Roma, permita al Fiscal y a la Defensa obtener objetos en su territorio, o bajo el control de sus nacionales.
Sin embargo, esta legislación deberá proteger los derechos de buena fe de terceras partes, si se requiere su propiedad como prueba ante la CPI. La confidencialidad y la seguridad nacional son importantes respecto a todos los objetos de prueba.
En términos generales los Estados deberán asistir a la Corte Penal Internacional en los siguientes casos:
- a)Identificación y localización de objetos.
- b)Identificación de documentos.
- c)Inspección de lugares o sitios, incluyendo fosas.
- d)Allanamientos y decomisos de objetos.
- e)Previsión de archivos o documentos, incluyendo documentos oficiales.
- f)Conservación de pruebas.
- g)Identificación, rastreo y congelamiento de ganancias de un delito.
Si el Estado normalmente permitirá que una persona detenida en su territorio sea trasladada a la CPI, este deberá contar con una legislación que le permita realizar tales traslados. Deberá también contar con un procedimiento para obtener el consentimiento libre de la persona detenida con anterioridad.
Cabe resaltar que los Estados pueden acordar con la CPI las condiciones para el traslado, tales como que la persona permanezca en una celda aparte de todas las otras personas detenidas en la sede de la CPI.
El artículo 100 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dispone que esta cubrirá todos los gastos relacionados con el traslado de una persona detenida a la Corte.
Asegurar la protección de los derechos de todas las personas que formen parte de las investigaciones , de conformidad con el artículo 55 del Estatuto de Roma.
Los derechos enumerados en el artículo 55 del Estatuto de Roma aplican específicamente a las personas que están por ser interrogadas, existiendo fundamentos suficientes para creer que esa persona cometió un delito de la CPI. Es importante que los Estados cuenten con leyes o adopten procedimientos que requieran que las autoridades competentes respeten estos derechos fundamentales. De esta manera si los derechos de las personas se violan de manera significativa, la persona podrá ser absuelta con base a que no fue juzgada de manera justa.
Las personas acusadas podrán también protegerse de cualquier daño, para que así puedan gozar de un juicio y que esté no se lleve a cabo de manera sumaria por una persona que busque la venganza, por ejemplo. Si están detenidos, los Estados podrán disponer de una celda en un área privada, para que otros detenidos no puedan tener acceso a ellos.
La CPI podrá también solicitar al Estado para que provea cualquier ̈otro ̈otro tipo de asistencia que no esté prohibida por el derecho interno del Estado solicitado, con el fin de agilizar la investigación y enjuiciamiento de los delitos de la competencia de la Corte ̈. Tal asistencia deberá negociarse con los Estados de conformidad con el artículo 93 del Estatuto de Roma.