Opinión
Tres opciones parecidas en lo peor
Por Narciso Isa Conde
Los comicios presidenciales y congresuales están fijados para el domingo 19 de mayo.
Las expectativas están centradas en los tres partidos que actualmente dominan el sistema electoral y las instituciones vigentes: el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la candidatura reeleccionista del actual presidente Luis Abinader, enfrentado a dos partidos de “oposición”, ambos conformados a raíz de la reciente división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó los cuatro periodos antes de las votaciones del 2020.
Uno lleva todavía su nombre (PLD) y postula a Abel Martínez, actual Alcalde de la ciudad de Santiago; y el otro, denominado Fuerza del Pueblo (FP), postula al expresidente Leonel Fernández. Los dos cargan con el descrédito de la corruptela estatal de sus cinco administraciones
El PRM -heredero de la corrupción del PRD, su partido de origen, asaltado por elites empresariales- tiene en su prontuario, tanto el tránsito de la preeminencia de la corrupción partidista a la preeminencia de la corrupción empresarial, como la profundización de la re-colonización neoconservadora del país y las cuentas del gobierno de Hipólito Mejía.
A la reelección, las encuestas le asignan más de un 60% del sufragio; y a los otros dos candidatos, menos del 25 % a cada uno de ellos. Al resto de los partidos menores y a sus respectivas candidaturas le asignan porcentajes sumamente reducidos.
El régimen electoral cuenta de dos vueltas y para ganar en la primera se requiere más del 50% de los votos válidos. Los dos partidos opositores pactaron ir juntos, asumiendo ambos la candidatura que logre el segundo lugar en primera vuelta, si hay segunda vuelta, algo muy improbable.
La seudo democracia dominicana, su sistema de partidos, sus modalidades de financiamiento, sus bases constitucionales y legales y sus mecanismos electorales han posibilitado su control durante décadas, y en cada periodo, por las fuerzas más conservadoras del país, subordinadas a EEUU.
En la actualidad el problema se ha tornado más grave en función de una mayor degradación política y ético-moral de las opciones electorales, en una media isla caribeña compartida con Haití y sometida a una multi-intervención de los EEUU.
Nuestro territorio, la frontera binacional y el Puerto de Manzanillo, ubicado en el noroeste atlántico del país, son puntos estratégicos de ensayos, operaciones y eventuales agresiones del Comando Sur del PENTÁGONO, dentro y fuera de la isla.
La destacada y descarada participación del Comando Sur en las operaciones policiales antidrogas es un ejercicio más en esa nefasta dirección.
El tema narcotráfico-DEA es solo un pretexto.
Está ya instalada una modalidad de intervención militar preventiva en esta parte de la isla; mientras Haití, caotizado por el accionar de las bandas patrocinadas por EEUU y los neofascistas colombianos, está a punto de ser nuevamente invadido bajo su tutela.
· EL TRÍO QUE TIRÓ AL PUEBLO EN EL POZO EN LOS ÚLTIMOS 28 AÑOS.
La trilogía PLD, FP y PRM piensan igual y han hecho cosas parecidas: favorecer al gran capital, aceptar como fatalidad la condición de capitalismo dependiente y el predominio abrumador de la gran propiedad privada; asumir la estrategia neoliberal o neoconservadora de las potencias occidentales, alinearse con la política exterior de EEUU y, concretamente, unirse a sus prácticas colonialistas y apoyar sus estrategias militares y sus guerras contra la humanidad.
Este es un posicionamiento común en los tres y al viejo PRD.
Desde sus respectivas candidaturas presidenciales (Abel, Leonel, Abinader…), son favorecidas las políticas privatizadoras de la propiedad y los servicios públicos y sociales.
Los tres asumen la salud y la educación como negocios, las ARS, AFP y empresas privadas en el campo de la seguridad social, las Alianza Público-Privadas (APP) y los Fideicomisos en múltiples vertientes, la integración a áreas y tratados de “libre” comercio, el desmonte de aranceles proteccionistas, el endeudamiento dentro de los parámetros, amarres e intervenciones propias del FMI-BM-BID y bancos de negocios, y el respaldo a las masacres imperialistas.
Eso explica, además, la gustosa aceptación por los tres de la presencia intervencionista del Comando Sur del Pentágono, la USAID, la DEA, el MAAG, la CÍA y el FBI.
Ninguno de ellos objeta las operaciones de esos instrumentos de la dominación estadounidense en la franja fronteriza y en todo el territorio nacional. Igual frente a las prácticas similares de la asesoría militar israelí.
Los tres asumen la Constitución y las leyes vigentes cuando les interesa y las violan cuando quieren.
Aprobaron la carta magna leonelista del 2010 de corte neo-conservador y se sienten cómodos/as con ella y con las leyes orgánicas aprobadas, especialmente con la ley de partidos y la ley electoral, que los convierten en dueños del régimen político-electoral, y les permite reciclarlo en favor de uno y de otro, con ventajas para el que ejerce el control del estado y sus instituciones.
Ellos y sus aliados son expertos en asistencialismos clientelistas, en el ejercicio electoralista desde el poder y en materia del uso abusivo de los recursos del estado, compra de votos, partidos y candidaturas.
Los tres agrupamientos -y no pocos de sus respectivos candidatos- acumulan grandes culpas en estafar al estado, asociarse y proteger mafias políticas, empresariales y militares; y fomentar las banalidades y el egoismo.
Tienen sus corruptos preferidos y sus propias articulaciones con la narco-política; y salvo casos insoslayables, o de conveniencia política, los tres están protegidos por un manto de impunidad sistémica y el uso de varias caretas, opositoras y oficialistas.
Los tres son pro capitalistas, neoliberales y pro imperialistas. Son nacionalistas frente a Haití, pero no frente a EEUU.
Son racistas-anti haitianos, machistas, ecocidas, reniegan del laicismo y han dejado a la deriva una amplia franja de jóvenes sin trabajo, sin escuela, sin esperanza… como presa fácil de la narco-delincuencia mayor y el Estado delincuente,
A los tres les fascinan los mega millonarios criollos y extranjeros.
Abinader -leal a su clase y a ese clan- le ha entregado las principales funciones ejecutivas de su gobierno al gran empresariado y la tutela militar del país al Comando Sur, comprometiéndose a realizar operaciones conjuntas en el escenario de Nuestra América.
Esa identidad ideológica es común a los tres, a las elites capitalistas gansterizadas y a sus principales aliados políticos.
Eso y la ausencia de ética en la política los une en las entrañas del sistema; mientras sus desmedidas ambiciones político-electorales, los separan.
Pero eso no es todo. Lo peor está por venir y debemos prepararnos para hacerle frente y derrotarlo.
Post reelección viene el paquetazo fiscal, la privatización del agua, el plan de la minería destructiva, el Código Penal sin las tres causales… y el fracatán de APPS y medidas ultraconservadoras y entreguistas, en medio de peligrosas confrontaciones regionales y mundiales.
Crecen así las razones para no ir a las votaciones, para en el próximo periodo tomar progresivamente las calles, sembrar sistemáticamente poder popular constituyente en todo el territorio nacional y potenciar las luchas extra institucionales por rescatar la soberanía nacional y derrotar todas las formas de intervención con las que durante 59 años se nos ha negado la autodeterminación como pueblo, el derecho a decidir como país y el disfrute de una democracia real.
Aumentan las razones para unir fuerzas en favor de un proceso constituyente que se proponga cambiarlo todo, refundar la institucionalidad sobre la base de una nueva Constitución e impulsar una la línea de acción popular y solidaridad antiimperialista con los pueblos en lucha por la soberanía, por la nueva democracia y la transición el nuevo socialismo; en la ruta de liberar la patria chica a los compases de construcción de la patria grande como casa común.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?