Latinoamericanas
Tribunal condena a Colombia a indemnizar a víctimas de paramilitares
El Estado colombiano debe cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil dólares) a 35 campesinos que fueron desplazados a la fuerza por grupos paramilitares en el año 1996, tras comprobarse que todo ocurrio sin una reacción oportuna de las autoridades.
Unas 280 familias fueron desplazadas de la hacienda Bellacruz (Foto: Archivo)
El Consejo de Estado colombiano condenó a la Nación a indemnizar a las víctimas de un desplazamiento forzado de campesinos ocurrido en 1996 en el norteño departamento de Cesar -perpetrado por grupos paramilitares-, debido a la indiferencia del Gobierno de entonces y la falta de protección y asistencia hacia las comunidades de la región.
El Estado deberá cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil dólares) a 35 personas afectadas, luego de comprobarse que, sin reacción oportuna de las autoridades, fueron sacadas a la fuerza por unos 40 paramilitares de la hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio de La Gloria.
De acuerdo al dictamen, en febrero de 1996, un grupo de 40 paramilitares asesinaron a decenas personas y obligaron a 280 familias a abandonar sus parcelas, ubicadas en una región donde se habían trazado, incluso, varias veredas reconocidas por la Secretaría de Gobernación.
Tras cumplirse el plazo, la banda armada ilegal destruyó las viviendas, arrasó con los cultivos de los jornaleros y los amenazaron de muerte si no abandonaban el lugar.
Tras analizar las pruebas testimoniales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que avaluó el caso, juzgó responsables del desalojo a los ministerios del Interior y Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional, por las “fallas en la protección de los campesinos que habitaban la zona”.
El fallo expone que, pese a existir una base militar cerca de la hacienda, “los uniformados no adoptaron las medidas para prevenir o contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar”, aun cuando los campesinos denunciaron la situación.
«Según el oficio remitido al proceso, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera que, a pesar de tratarse de un hecho previsible, no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la ofensiva» señala la sentencia.
Asimismo, el texto señala que las acciones ilegales fueron conocidas por el Estado, ya que el grupo paramilitar, “además de haber hecho pública la amenaza de apoderarse de los predios, atentó contra la vida e integridad de los campesinos”.
“En todo momento, las familias desplazadas se mantuvieron informando de los hechos a las autoridades civiles, militares y policiales que operaban en esas localidades -así como a los organismos e instituciones nacionales- y pidiéndoles protección efectiva para sus vidas y bienes», precisó el documento.
Por último, la sentencia considera que “todos estos elementos ameritaban medidas estatales serias que, de modo contundente y eficaz, hubieren impedido o confrotado la incursión paramilitar en la región”.
El caso de Bellacruz es emblemático en Colombia, en materia de violación a los derechos humanos. La hacienda era propiedad del exministro de Desarrollo y exembajador de Colombia ante Bélgica y la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, quien fue condenado como presunto autor intelectual del desplazamiento de los campesinos.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.