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Tribunal condena a Colombia a indemnizar a víctimas de paramilitares

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El Estado colombiano debe cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil dólares) a 35 campesinos que fueron desplazados a la fuerza por grupos paramilitares en el año 1996, tras comprobarse que todo ocurrio sin una reacción oportuna de las autoridades.

Unas 280 familias fueron desplazadas de la hacienda Bellacruz (Foto: Archivo)

El Consejo de Estado colombiano condenó a la Nación a indemnizar a las víctimas de un desplazamiento forzado de campesinos ocurrido en 1996 en el norteño departamento de Cesar -perpetrado por grupos paramilitares-, debido a la indiferencia del Gobierno de entonces y la falta de protección y asistencia hacia las comunidades de la región.

El Estado deberá cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil dólares) a 35 personas afectadas, luego de comprobarse que, sin reacción oportuna de las autoridades, fueron sacadas a la fuerza por unos 40 paramilitares de la hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio de La Gloria.

De acuerdo al dictamen, en febrero de 1996, un grupo de 40 paramilitares asesinaron a decenas personas y obligaron a 280 familias a abandonar sus parcelas, ubicadas en una región donde se habían trazado, incluso, varias veredas reconocidas por la Secretaría de Gobernación.

Tras cumplirse el plazo, la banda armada ilegal destruyó las viviendas, arrasó con los cultivos de los jornaleros y los amenazaron de muerte si no abandonaban el lugar.

Tras analizar las pruebas testimoniales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que avaluó el caso, juzgó responsables del desalojo a los ministerios del Interior y Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional, por las “fallas en la protección de los campesinos que habitaban la zona”.

El fallo expone que, pese a existir una base militar cerca de la hacienda, “los uniformados no adoptaron las medidas para prevenir o contrarrestar la ofensiva del grupo paramilitar”, aun cuando los campesinos denunciaron la situación.

«Según el oficio remitido al proceso, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera que, a pesar de tratarse de un hecho previsible, no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la ofensiva» señala la sentencia.

Asimismo, el texto señala que las acciones ilegales fueron conocidas por el Estado, ya que el grupo paramilitar, “además de haber hecho pública la amenaza de apoderarse de los predios, atentó contra la vida e integridad de los campesinos”.

“En todo momento, las familias desplazadas se mantuvieron informando de los hechos a las autoridades civiles, militares y policiales que operaban en esas localidades -así como a los organismos e instituciones nacionales- y pidiéndoles protección efectiva para sus vidas y bienes», precisó el documento.

Por último, la sentencia considera que “todos estos elementos ameritaban medidas estatales serias que, de modo contundente y eficaz, hubieren impedido o confrotado la incursión paramilitar en la región”.

El caso de Bellacruz es emblemático en Colombia, en materia de violación a los derechos humanos. La hacienda era propiedad del exministro de Desarrollo y exembajador de Colombia ante Bélgica y la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, quien fue condenado como presunto autor intelectual del desplazamiento de los campesinos.

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Latinoamericanas

Viuda de Jovenel Moise pide a Trump desclasificar documentos del magnicidio

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Agencia EFE

Puerto Príncipe.-La viuda del asesinado presidente de Haití Jovenel Moise, Martine Moise, pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se desclasifiquen los documentos en EE.UU. acerca del magnicidio de su marido, en julio de 2021.

En un mensaje en la red social X, acompañado de una foto en la que aparecen los matrimonios Moise y Trump juntos, Martine Moise escribe: «Por favor, desclasifiquen todos los documentos del FBI (Oficina Federal de Investigación) y del Departamento de Estado relacionados con el asesinato de mi esposo».

La viuda recuerda que Jovenel Moise asumió la presidencia de Haití el 7 de febrero de 2017 tras ganar en las urnas y señala que «emprendió profundas reformas económicas para poner freno a miles de millones de dólares de corrupción embolsados por los oligarcas. Al igual que usted (en referencia a Trump), fue objeto de una campaña coordinada de difamación por sus ambiciosas y audaces reformas. También, al igual que usted, fue objeto de intentos de asesinato».

Jovenel Moise fue torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, 17 de ellos colombianos.

Los hombres fueron acusados de varios delitos, entre ellos asesinato, intento de golpe de Estado y participación en una organización criminal, en un caso con numerosas detenciones y objeto de una compleja investigación internacional.

Según datos verificados por la ONU, al menos 5.626 personas murieron en Haití en 2024 como consecuencia de las acciones de bandas criminales (un millar más que el año anterior), 2.213 resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas.

A mediados de enero, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el número de desplazados en Haití se ha triplicado en solo un año y ha superado el millón de personas, de los que más de la mitad son niños.

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Dicen que la RD deportó más de 31 mil haitianos en mes de enero

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Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Haití recibió en enero del año en curso a más de 31 mil ciudadanos deportados desde República Dominicana, informó hoy la prensa local.

Según el diario digital Haití libre, 31 mil 204 nacionales estaban en la nación vecina en situación migratoria irregular, y fueron detenidos en 266 operaciones de control.

En estos operativos participaron los agentes de migración,  miembros del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional Dominicana y el Ministerio Público.

HAITI DENUNCIA IRREGULARIDADES EN PROCESOS

El pasado año el Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) denunció las irregularidades que comete República Dominicana, en un plan de expulsión contra los ciudadanos de esta nación caribeña.

Entre ellas están la flagrante violación del protocolo de acuerdo sobre repatriaciones firmado en 1999, que prohíbe las expulsiones nocturnas y exige la comunicación previa de las listas de esas personas a las autoridades haitianas.

Sin ningún respeto a estas disposiciones, y muchas personas se vieron privadas de regresar con sus pertenencias personales o documentos de identidad.

ABUSO FÍSICO, TRAUMA Y MENORES NO ACOMPAÑADOS

«Además, hubo informes de abuso físico, trauma y menores no acompañados. Incluso fue prohibida la entrada de representantes consulares haitianos a los centros de detención temporal «, lamentó el CPT en un comunicado divulgado por el diario Le National.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló que la República Dominicana irrespetó varias convenciones internacionales, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

La indignación del CPT tiene como telón de fondo la decisión del presidente dominicano, Luis Rodolfo Abinader de repatriar 10 mil haitianos semanalmente de manera masiva, hasta alcanzar la cifra de 500 mil.

rc/joe

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Latinoamericanas

saldrá de prisión Cosculluela tras entregar una fianza de 150,000 dólares

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Agencia EFE

Puerto Rico.-El artista urbano puertorriqueño Cosculluela prestó este miércoles una fianza de 150.000 dólares que le fijó el juez Juan Vera del Tribunal de Humacao y saldrá de prisión, tras ser encarcelado el jueves pasado cuando una jueza le revocó una probatoria por un caso de violencia machista y le radicó cargos criminales por matar a dos caballos y herir a dos jinetes.

De acuerdo a las autoridades judiciales, José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila del artista, tendrá un grillete las 24 horas del día, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades, antes de salir de la cárcel de Bayamón (en el norte de Puerto Rico), donde está preso.

Asimismo, se celebrarán dos vistas el 12 de febrero para determinar si se le revocará la probatoria y preliminar por los seis cargos que tiene por matar a dos equinos y herir a dos jinetes.

Cosculluela enfrenta dos cargos por violaciones por ‘Conducir un vehículo de motor imprudente o negligente con menosprecio a la seguridad que ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización o tratamiento’ y un cargo por ‘No detenerse en el accidente’, ambos bajo la Ley 22 de Tránsito.

Los restantes cargos son por ‘Destrucción de prueba’ del Código Penal, y dos cargos por ‘Maltrato de animales, causando lesión física severa o la muerte de un animal’ de Ley para el bienestar y protección de los animales, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Según la investigación, el 12 de mayo de 2024, Cosculluela, de 44 años, manejaba un vehículo por la carretera PR-908, en el barrio Tejas en Humacao, y al llegar al kilómetro 4.5, impactó a los dos caballos y sus jinetes.

Cosculluela, después de cometer estos hechos, abandonó la escena sin dejar información alguna.

El vehículo que manejaba fue hallado varios días después en el patio de una residencia en el municipio de Arroyo, en el sur de la isla caribeña.

El agente José Caraballo, supervisado por los sargentos Orlando Torres y Esteban Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, estuvo a cargo de la investigación, bajo la coordinación del teniente Josué Vázquez.

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