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Tribunal Constitucional a la vanguardia del rescate de institucionalidad y estado derecho.
Por Elba García
En derecho constitucional ha sacado la cara por lo que parece ser el total rescabrajamiento del sistema de justicia, particularmente de la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público, ambos sumergidos en un nivel de descrédito que muy difícilmente puedan recuperarse a menos que se produzca una profunda reestructuración de ambos órganos.
El Tribunal Constitucional ha mostrado en sus ultimas sentencias que se ha convertido en una especie de salvador de la poca credibilidad que le queda al Estado, todo como consecuencia del manejo dado por los partidos políticos al sistema de justicia del país.
La Suprema Corte de Justicia, que, por ser el tribunal más importante, ha sido la más impactada por las ambiciones de los políticos para promover impunidad para su gente, lo cual ha provocado una especie de generalización de la corrupción y las cosas mal hechas, al margen de la ley.
El Gobierno de Leonel Fernández procuró colocar a un presidente de la Suprema Corte de Justicia a fin con sus intereses políticos y en consecuencia permitió que muchos de sus funcionarios que acumularon grandes fortunas a través de la sustracción de fondos públicos fueran favorecidos con decisiones que enviaban a archivo definitivo los casos en que estaban involucrados.
Esa situación no dejó muy bien parado a Mariano Germán, miembro de una familia de activistas peledeístas, pero éste no fue reemplazado del puesto hasta que Danilo Medina decidió colocar a uno de los suyos al frente del más alto tribunal del país.
El favorecido es otro miembro del Comité Central del PLD, Luis Henry Molina, cuya escogencia sorprendió a todo el mundo por sus vínculos con el Gobierno, produciéndose el primer problema con el juicio de fondo del caso Odebrecht, ya que ha sido acusado de dirigir en el año 2016 la campaña a la reelección del senador Tommy Galán.
Galán es la causa que genera que el proceso en contra de los imputados de haber sido sobornados por la multinacional de la construcción sea ventilado en una jurisdicción especial o privilegiada, ya que es senador de la República por la provincia de San Cristóbal.
La no inhibición del presidente de la Suprema, ha revelado que el pleno del alto tribunal no respeta sus propias reglas, dado que permitió que para rechazar la recusación otros jueces que también estaban en la misma condición deliberaran cuando la ley no lo permite
Sin embargo, pese a las evidencias, el presidente de la SCJ se negó a inhibirse frente a los vínculos que lo unen al legislador en contra de quien se han presentado una serie de evidencias de que fue sobornado por Odebrecht.
De igual modo, el Ministerio Público en un nivel de descrédito que raya en lo peor, sobre todo porque lo ha planteado La República, que ese órgano del Estado tiene un problema de ineptitud, negligencia y complicidad que lo convierte en inoperante.
En realidad, no hay forma de que el Ministerio Público por su incapacidad y sus altos niveles de complicidad pueda cumplir con su rol de perseguir el delito y el crimen en la República Dominicana.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha sido como la tabla de salvación de la sociedad dominicana, no porque se vea así por una simple y manoseada percepción, sino porque sus sentencias hablan por sí solas.
En los últimos meses el Tribunal Constitucional ha evacuado una serie de sentencias que fortalecen la libertad de expresión y difusión del pensamiento, los derechos fundamentales de los ciudadanos y lo mismo ha ocurrido en lo que respecta al ámbito electoral.
Por sus decisiones en el caso del Tribunal Constitucional se impone que se recurra a la expresión que dice por sus hechos lo conoceréis, ya que las sentencias de esta alta corte la ubican como un supra tribunal que administra justicia para bien de la institucionalidad, los derechos fundamentales de los ciudadanos y el estado de derecho en sentido general.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.