La organización asegura que ha documentado más de cien casos de muertes que atribuye a presuntas actuaciones policiales irregulares y reclama una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Santo Domingo, República Dominicana. – La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su respaldo a la querella interpuesta contra el director general de la Policía Nacional, relacionada con denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones de derechos fundamentales durante operativos realizados por agentes de esa institución.

La acción judicial fue presentada ante la Procuraduría General de la República por los abogados Iván Cáceres y Cándido Simón, quienes solicitan que se investiguen las circunstancias en que han fallecido ciudadanos señalados por las autoridades como presuntos vinculados a actividades delictivas.

La organización defensora de los derechos humanos informó que se encuentra recopilando documentos, testimonios y otros elementos relacionados con las muertes denunciadas, con el objetivo de incorporarse al proceso judicial en calidad de interviniente voluntaria.

Organización denuncia más de cien casos en dos meses

De acuerdo con las declaraciones atribuidas al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la entidad dispone de registros sobre más de cien muertes ocurridas durante los últimos dos meses, las cuales considera posibles ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, esta cifra corresponde a las denuncias formuladas por la organización y no constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre la naturaleza de los fallecimientos ni sobre la responsabilidad de los agentes o mandos policiales.

La Comisión sostiene que las circunstancias de estos hechos ameritan investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes que permitan establecer si se produjo un uso ilegítimo de la fuerza y si existen responsabilidades individuales o institucionales.

Reclaman esclarecimiento y garantías para las familias

La entidad también anunció que dará acompañamiento a los familiares de las presuntas víctimas mediante un comité encargado de reunir información y dar seguimiento a las actuaciones de las autoridades competentes.

Las denuncias plantean interrogantes sobre los protocolos utilizados por la Policía Nacional durante sus intervenciones, especialmente cuando estas concluyen con la muerte de personas bajo circunstancias que deben ser esclarecidas.

En el ordenamiento jurídico dominicano, el derecho a la vida está protegido por el artículo 37 de la Constitución, mientras que el artículo 38 reconoce la dignidad humana como fundamento del Estado y de los derechos fundamentales.

En ese contexto, el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad debe responder a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sin que la persecución de la delincuencia pueda justificar actuaciones contrarias a las garantías constitucionales.

Corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades

La presentación de una querella no supone la comprobación de los hechos denunciados ni establece automáticamente responsabilidad penal contra el director de la Policía Nacional.

Corresponderá al Ministerio Público examinar las denuncias, verificar los elementos probatorios y determinar si existen fundamentos jurídicos para impulsar las acciones penales correspondientes.

La controversia reabre el debate nacional sobre los límites de la actuación policial, la obligación estatal de proteger la vida y la necesidad de garantizar que las investigaciones relacionadas con muertes durante operativos se desarrollen con independencia y respeto al debido proceso.

Comisión exige actuación de la Procuraduría

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Procuraduría General de la República a investigar las denuncias y tramitar la querella conforme a los procedimientos legales.

Asimismo, advirtió que podría recurrir a otras vías institucionales si considera que las autoridades no ofrecen el seguimiento correspondiente a los hechos denunciados.

La organización ya había acudido a instancias internacionales. El 8 de octubre de 2026 se informó que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que solicitó investigar las muertes registradas durante intervenciones policiales en el país.

El caso coloca nuevamente en la agenda nacional la necesidad de conciliar la lucha contra la criminalidad con el respeto a los derechos fundamentales, así como garantizar investigaciones efectivas cuando una intervención policial termina con la muerte de un ciudadano

El presidente salvadoreño afirmó que su país financia el 90 % de la operación militar y aseguró que el despliegue busca recuperar a sus compatriotas y enfrentar a las organizaciones criminales que mantienen aterrorizada a la población haitiana.

Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó este jueves las versiones que presentan el despliegue de tropas salvadoreñas en Haití como una posible invasión y aseguró que la presencia militar de su país responde a un objetivo específico: rescatar a cuatro técnicos de aviación secuestrados por organizaciones criminales.

En un mensaje difundido a través de la red social X, el mandatario explicó que las operaciones continuarán mientras sea necesario para procurar el regreso de sus compatriotas, quienes desaparecieron el pasado 18 de octubre tras un ataque armado contra un vehículo en el que se desplazaban en las proximidades de Puerto Príncipe.

Bukele insistió en que El Salvador no pretende ocupar territorio haitiano, intervenir en sus asuntos políticos ni aprovechar sus recursos naturales. Por el contrario, sostuvo que la movilización militar constituye una respuesta al secuestro de personal salvadoreño que participaba en labores vinculadas a la misión internacional de seguridad.

El gobernante afirmó que la operación ha sido financiada en aproximadamente un 90 % con recursos del Estado salvadoreño, mientras que otros países han facilitado asistencia logística limitada.

Despliegue militar en medio de la crisis haitiana

La movilización de efectivos salvadoreños se produce en momentos en que Haití enfrenta una profunda crisis de seguridad, marcada por el dominio territorial de bandas armadas, desplazamientos masivos de población y graves dificultades para el funcionamiento de las instituciones públicas.

De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el operativo, El Salvador ha reforzado progresivamente su presencia militar con la finalidad de localizar a los cuatro técnicos desaparecidos y presionar a los grupos responsables de su presunta retención.

El mandatario aseguró que su gobierno no busca beneficios económicos ni compensaciones por la participación en estas acciones.

Asimismo, comparó la situación haitiana con los años de violencia que experimentó El Salvador debido al accionar de las pandillas, señalando que su país conoce las consecuencias sociales del crimen organizado y el temor que genera entre los ciudadanos.

Operación plantea interrogantes internacionales

Aunque Bukele ha reiterado que la misión no representa una invasión, el incremento de tropas extranjeras en territorio haitiano también plantea interrogantes sobre el alcance de las operaciones, su coordinación con las autoridades nacionales y las garantías de protección para la población civil.

Informaciones de agencias internacionales indican que todavía existen aspectos pendientes de aclaración sobre la estructura de mando y la integración de los nuevos contingentes con la fuerza multinacional respaldada por las Naciones Unidas.

El Gobierno haitiano ha manifestado que la localización de los técnicos constituye una prioridad y ha mantenido contactos con las autoridades salvadoreñas para coordinar las acciones de seguridad.

Bukele promete retirar sus soldados al concluir la misión

El presidente salvadoreño aseguró que las tropas regresarán a su país cuando finalice la operación y expresó su esperanza de que la población haitiana interprete la intervención como un gesto de solidaridad frente a la violencia criminal.

Sin embargo, la crisis haitiana continúa representando un desafío para la comunidad internacional, especialmente por la capacidad de las bandas armadas para mantener el control de importantes zonas urbanas y obstaculizar la recuperación de la estabilidad institucional.

Mientras avanzan las operaciones, sigue sin confirmarse públicamente el paradero de los cuatro técnicos salvadoreños, cuyo rescate constituye el principal objetivo declarado por Bukele.

La evolución de este despliegue militar será determinante para establecer si las acciones contribuyen a debilitar las estructuras criminales o si generan nuevas tensiones en un país que enfrenta una prolongada emergencia política, social y humanitaria.

La interrogante central es hasta dónde puede extenderse una operación de rescate militar sin comprometer la soberanía haitiana ni agravar los riesgos para su población civil.

El Ministerio de Educación instruyó a las autoridades escolares a verificar las condiciones de seguridad de los planteles antes de recibir a los estudiantes, luego del levantamiento de las alertas amarillas por parte del COE.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció la reanudación de las actividades docentes a partir de este jueves 29 de octubre en los centros educativos donde las clases permanecían suspendidas de manera preventiva debido a las intensas lluvias que afectaron distintas provincias del país.

La disposición fue adoptada luego de que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) levantara las alertas amarillas que mantenía en varias demarcaciones, ante la mejoría de las condiciones meteorológicas.

Mediante un comunicado, la institución educativa informó que el retorno a las aulas deberá realizarse de manera coordinada y tomando en consideración las condiciones particulares de cada plantel, con el propósito de preservar la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Ordenan inspeccionar los centros educativos

El Minerd instruyó a los directores regionales, distritales y de centros escolares a organizar el reinicio de las actividades académicas, verificando previamente que las instalaciones se encuentren en condiciones adecuadas para recibir a la comunidad educativa.

La medida busca evitar que estudiantes y profesores sean expuestos a situaciones de peligro en escuelas que pudieran haber resultado afectadas por inundaciones, filtraciones, acumulación de agua u otros daños asociados a las precipitaciones.

Las autoridades educativas deberán prestar especial atención a los planteles ubicados en comunidades vulnerables, donde las condiciones del terreno y las vías de acceso podrían representar dificultades para el desplazamiento de los estudiantes.

Suspensión de clases buscaba proteger a los estudiantes

Durante los últimos días, el Ministerio de Educación había dispuesto la suspensión preventiva de la docencia en centros educativos de zonas consideradas de alto riesgo, debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incidió sobre el territorio nacional.

La decisión respondió a las recomendaciones de los organismos de protección civil y a los informes sobre las condiciones meteorológicas que afectaron distintas regiones.

Las autoridades señalaron que estas medidas tuvieron como finalidad prevenir accidentes y proteger a la comunidad educativa ante posibles inundaciones, desbordamientos de ríos y otras situaciones de emergencia.

Con la reducción de los niveles de alerta, el Ministerio consideró oportuno disponer la reanudación de las clases en los centros que reúnen las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Mantendrán vigilancia ante posibles nuevas lluvias

El Ministerio de Educación informó que, mediante su Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos, continuará dando seguimiento a las condiciones meteorológicas en coordinación con el COE y los demás organismos de protección civil.

El monitoreo permitirá identificar oportunamente cualquier situación que pudiera comprometer la seguridad de estudiantes, profesores y empleados administrativos.

Asimismo, las autoridades educativas deberán mantenerse atentas a las informaciones oficiales y adoptar las medidas preventivas que resulten necesarias ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.

Con esta disposición, el Ministerio de Educación procura restablecer la normalidad del calendario escolar, garantizando que el regreso a las aulas se produzca bajo condiciones de seguridad para toda la comunidad educativa.