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TC ha reconocido nueve impugnaciones a la ley que creó la DNI
Santo Domingo, R.D.-Diferentes sectores naci0nales han señalado ambivalencias que contiene la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha sido motivo de controversias.
Por esa razón, en menos ocho meses, desde que el presidente Luis Abinader la conviertiera en la primera ley correspondiente a este año, el pleno del Tribunal Constitucional ha conocido, dejado en estado de fallo, al menos nueve impugnaciones a ese texto legislativo.
De los principales artículos de esa ley que han sido atacados en esas impugnaciones, el número nueve detalla las atribuciones que tiene la DNI, como “investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público; contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial”.
Además, señala que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones; aunque estas se harán según lo establecido en este artículo, se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.
Según los dispositivos querellantes, esas disposiciones de la nueva ley del DNI violan varios artículos de la Constitución, siendo uno de los más nombrados el número 40, específicamente en su numeral 15 el cual indica que a nadie “se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.
los querellantes
Entre los querellantes ante el Tribunal Constitucional figuran la Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumejid Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocie, Mercedes Núñez, Carmen Orozco Martínez y Edward Ureña Ureña
También, los opositores Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo y Generación de Servidores.
Van a someter una modificación
Este miércoles se dio a conocer que la comisión que estudia la Ley 01-24 llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a cinco de los 39 artículos que componen ese texto legislativo.
Según el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, Persio Maldonado, se presentarán cambios a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de esa ley, buscando la corrección de “ambigüedades” que habían sido identificadas por varios sectores de la sociedad civil.
cdp pide a abinader sopesar vigencia de la ley
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, pidió al presidente Luis Abinader que al recibir los cambios sugeridos a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la evalúe con mucho cuidado porque esta debe estar acorde a la realidad y no puede afectar la libertad de expresión de los ciudadanos ni el derecho a la reserva de las fuentes de los comunicadores.
«Nosotros consideramos que el presidente de la República, ya que se le ha entregado en el día de ayer, esa documentación debe sopesar esas propuestas que se han hecho y consensuado con diferentes sectores», manifestó Henríquez.
El presidente del gremio periodístico subrayó que esa entidad aboga para que se respete la libertad de prensa de cada periodista dominicano, ya que es la única garantía que tienen estos profesionales para defender la democracia, difundir sus pensamientos y hacer más sólida la libertad de prensa y expresión.
«Hay algunos articulados de esta ley que deben estar bien específicos. No podemos dejar en una ley nada a la interpretación», dijo Henríquez.
Asimismo, apuntó que de esta manera se logrará mantener al pueblo bien informado con los datos confiables que puedan suministrar los periodistas durante su ejercicio en distintos medios nacionales y en las redes.
Aurelio Henríquez hizo referencia a la necesidad de revisar la ley 1-24 al ser cuestionado por Listín Diario sobre lo acordado por la Sociedad Dominicana de Diarios y el gobierno, que convinieron revisar varios artículos cuestionados por las ambigüedades que presentan.
En ese encuentro, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad de Diarios informó que se llegó a un acuerdo para someter al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio de esa ley, que satisfaga las inquietudes de los diferentes sectores de la sociedad.
El presidente del Colegio de Periodistas ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la que dio a conocer un convenio entre el gremio de los comunicadores y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), con el que buscan beneficiar a periodistas, comunicadores y técnicos de los medios de comunicación.
un convenio
Esta alianza establece que el UTEL otorgará una beca integral por cada 20 matrículas y le dará la oportunidad a profesionales de la comunicación que estén efectivas y activas de los beneficiarios al convenio, para que puedan cursar licenciaturas, maestrías y doctorados bajo la modalidad virtual.
Alessandra Díaz, líder de relaciones y cooperación internacional, indicó que tienen disponibles más de 20 licenciaturas, más de 20 maestrías y cuatro doctorados.
«Vamos ampliar el convenio que tenemos con ellos para brindarles más facilidades, mayores oportunidades para que los que son miembros del CDP accedan ahora no solo a las capacitaciones continuas, sino también a los programas profesionales», expresó Díaz.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.