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TC ha reconocido nueve impugnaciones a la ley que creó la DNI
Santo Domingo, R.D.-Diferentes sectores naci0nales han señalado ambivalencias que contiene la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha sido motivo de controversias.
Por esa razón, en menos ocho meses, desde que el presidente Luis Abinader la conviertiera en la primera ley correspondiente a este año, el pleno del Tribunal Constitucional ha conocido, dejado en estado de fallo, al menos nueve impugnaciones a ese texto legislativo.
De los principales artículos de esa ley que han sido atacados en esas impugnaciones, el número nueve detalla las atribuciones que tiene la DNI, como “investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público; contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial”.
Además, señala que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones; aunque estas se harán según lo establecido en este artículo, se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.
Según los dispositivos querellantes, esas disposiciones de la nueva ley del DNI violan varios artículos de la Constitución, siendo uno de los más nombrados el número 40, específicamente en su numeral 15 el cual indica que a nadie “se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.
los querellantes
Entre los querellantes ante el Tribunal Constitucional figuran la Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumejid Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocie, Mercedes Núñez, Carmen Orozco Martínez y Edward Ureña Ureña
También, los opositores Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo y Generación de Servidores.
Van a someter una modificación
Este miércoles se dio a conocer que la comisión que estudia la Ley 01-24 llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a cinco de los 39 artículos que componen ese texto legislativo.
Según el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, Persio Maldonado, se presentarán cambios a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de esa ley, buscando la corrección de “ambigüedades” que habían sido identificadas por varios sectores de la sociedad civil.
cdp pide a abinader sopesar vigencia de la ley
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, pidió al presidente Luis Abinader que al recibir los cambios sugeridos a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la evalúe con mucho cuidado porque esta debe estar acorde a la realidad y no puede afectar la libertad de expresión de los ciudadanos ni el derecho a la reserva de las fuentes de los comunicadores.
«Nosotros consideramos que el presidente de la República, ya que se le ha entregado en el día de ayer, esa documentación debe sopesar esas propuestas que se han hecho y consensuado con diferentes sectores», manifestó Henríquez.
El presidente del gremio periodístico subrayó que esa entidad aboga para que se respete la libertad de prensa de cada periodista dominicano, ya que es la única garantía que tienen estos profesionales para defender la democracia, difundir sus pensamientos y hacer más sólida la libertad de prensa y expresión.
«Hay algunos articulados de esta ley que deben estar bien específicos. No podemos dejar en una ley nada a la interpretación», dijo Henríquez.
Asimismo, apuntó que de esta manera se logrará mantener al pueblo bien informado con los datos confiables que puedan suministrar los periodistas durante su ejercicio en distintos medios nacionales y en las redes.
Aurelio Henríquez hizo referencia a la necesidad de revisar la ley 1-24 al ser cuestionado por Listín Diario sobre lo acordado por la Sociedad Dominicana de Diarios y el gobierno, que convinieron revisar varios artículos cuestionados por las ambigüedades que presentan.
En ese encuentro, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad de Diarios informó que se llegó a un acuerdo para someter al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio de esa ley, que satisfaga las inquietudes de los diferentes sectores de la sociedad.
El presidente del Colegio de Periodistas ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la que dio a conocer un convenio entre el gremio de los comunicadores y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), con el que buscan beneficiar a periodistas, comunicadores y técnicos de los medios de comunicación.
un convenio
Esta alianza establece que el UTEL otorgará una beca integral por cada 20 matrículas y le dará la oportunidad a profesionales de la comunicación que estén efectivas y activas de los beneficiarios al convenio, para que puedan cursar licenciaturas, maestrías y doctorados bajo la modalidad virtual.
Alessandra Díaz, líder de relaciones y cooperación internacional, indicó que tienen disponibles más de 20 licenciaturas, más de 20 maestrías y cuatro doctorados.
«Vamos ampliar el convenio que tenemos con ellos para brindarles más facilidades, mayores oportunidades para que los que son miembros del CDP accedan ahora no solo a las capacitaciones continuas, sino también a los programas profesionales», expresó Díaz.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.