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TC ha reconocido nueve impugnaciones a la ley que creó la DNI

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Santo Domingo, R.D.-Diferentes sectores naci0nales han señalado ambivalencias que contiene la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha sido motivo de controversias.

Por esa razón, en menos ocho meses, desde que el presidente Luis Abinader la conviertiera en la primera ley correspondiente a este año, el pleno del Tribunal Constitucional ha conocido, dejado en estado de fallo, al menos nueve impugnaciones a ese texto legislativo.

De los principales artículos de esa ley que han sido atacados en esas impugnaciones, el número nueve detalla las atribuciones que tiene la DNI, como “investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público; contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial”.

Además, señala que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones; aunque estas se harán según lo establecido en este artículo, se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.

Según los dispositivos querellantes, esas disposiciones de la nueva ley del DNI violan varios artículos de la Constitución, siendo uno de los más nombrados el número 40, específicamente en su numeral 15 el cual indica que a nadie “se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.

los querellantes

Entre los querellantes ante el Tribunal Constitucional figuran la Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumejid Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocie, Mercedes Núñez, Carmen Orozco Martínez y Edward Ureña Ureña

También, los opositores Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo y Generación de Servidores.

Van a someter una modificación

Este miércoles se dio a conocer que la comisión que estudia la Ley 01-24 llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a cinco de los 39 artículos que componen ese texto legislativo.

Según el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, Persio Maldonado, se presentarán cambios a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de esa ley, buscando la corrección de “ambigüedades” que habían sido identificadas por varios sectores de la sociedad civil.

cdp pide a abinader sopesar vigencia de la ley

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, pidió al presidente Luis Abinader que al recibir los cambios sugeridos a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la evalúe con mucho cuidado porque esta debe estar acorde a la realidad y no puede afectar la libertad de expresión de los ciudadanos ni el derecho a la reserva de las fuentes de los comunicadores.

«Nosotros consideramos que el presidente de la República, ya que se le ha entregado en el día de ayer, esa documentación debe sopesar esas propuestas que se han hecho y consensuado con diferentes sectores», manifestó Henríquez.

El presidente del gremio periodístico subrayó que esa entidad aboga para que se respete la libertad de prensa de cada periodista dominicano, ya que es la única garantía que tienen estos profesionales para defender la democracia, difundir sus pensamientos y hacer más sólida la libertad de prensa y expresión.

«Hay algunos articulados de esta ley que deben estar bien específicos. No podemos dejar en una ley nada a la interpretación», dijo Henríquez.

Asimismo, apuntó que de esta manera se logrará mantener al pueblo bien informado con los datos confiables que puedan suministrar los periodistas durante su ejercicio en distintos medios nacionales y en las redes.

Aurelio Henríquez hizo referencia a la necesidad de revisar la ley 1-24 al ser cuestionado por Listín Diario sobre lo acordado por la Sociedad Dominicana de Diarios y el gobierno, que convinieron revisar varios artículos cuestionados por las ambigüedades que presentan.

En ese encuentro, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad de Diarios informó que se llegó a un acuerdo para someter al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio de esa ley, que satisfaga las inquietudes de los diferentes sectores de la sociedad.

El presidente del Colegio de Periodistas ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la que dio a conocer un convenio entre el gremio de los comunicadores y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), con el que buscan beneficiar a periodistas, comunicadores y técnicos de los medios de comunicación.

un convenio

Esta alianza establece que el UTEL otorgará una beca integral por cada 20 matrículas y le dará la oportunidad a profesionales de la comunicación que estén efectivas y activas de los beneficiarios al convenio, para que puedan cursar licenciaturas, maestrías y doctorados bajo la modalidad virtual.

Alessandra Díaz, líder de relaciones y cooperación internacional, indicó que tienen disponibles más de 20 licenciaturas, más de 20 maestrías y cuatro doctorados.

«Vamos ampliar el convenio que tenemos con ellos para brindarles más facilidades, mayores oportunidades para que los que son miembros del CDP accedan ahora no solo a las capacitaciones continuas, sino también a los programas profesionales», expresó Díaz.

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Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández

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Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.

Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.

La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.

De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.

De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.

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Incautan 1,295 paquetes de drogas en costas de Pedernales

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Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por  agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.

En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.

El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.

Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.

Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.

Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).

Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.

El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.

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Rechazan traslado de proceso de Donni Santana a otra jurisdicción

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Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.

Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.

Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.

El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.

En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.

Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.

La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.

Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.

Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.

Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.

En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.

Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.

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