Nacionales
Ray Guevara advierte que el Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones.
Santo Domingo.-Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, afirmó en la XXVIII Edición del World Law Congress que se realiza en la ciudad de Nueva York, que esta alta corte ha realizado un ejercicio responsable de independencia, gracias al esfuerzo y sentido de responsabilidad de los jueces que hasta ahora lo han conformado.
«Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional», expuso en el evento que reúne a más de 200 líderes mundiales.
Durante su intervención, titulada «La independencia del juez constitucional» como panelista en la mesa sobre «independencia judicial», en la que compartió con juristas y académicos de varios países, Ray Guevara aseguró que el TC «no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados».
El magistrado destacó que, en el caso dominicano, los poderes públicos, de manera general, han sido respetuosos del Tribunal Constitucional, y que espera que así continúe.
Asimismo, Ray Guevara precisó que la independencia del juez constitucional estará garantizada por su sometimiento a la Constitución, ya que ni el Tribunal Constitucional ni ningún magistrado están por encima de la Carta Magna, a la que definió como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes.
Sostuvo que el peligro mayor sigue residiendo en la denominada tendencia a la tiranía de los poderes organizados de las autoridades públicas del Estado.
«La justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación», dijo en el evento internacional, según refiere una nota de prensa del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas hasta hoy por el TC, han generado una jurisprudencia en favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta Alta Corte.
Añadió que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias. Consideró que estos hechos deben ser condenados.
Ray Guevara también explicó que en la República Dominicana está establecido lo que denomina el poder jurisdiccional, el cual está integrado por el Tribunal Constitucional, en la cúspide de la pirámide institucional, cuya misión es garantizar la supremacía de la Constitución; la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios que solucionan los conflictos entre particulares, entre estos y la administración y las cuestiones de orden público, y el Tribunal Superior Electoral que resuelve los conflictos políticos y electorales.
Además, destacó que una característica de la República Dominicana es que todos los jueces de las distintas jurisdicciones que conforman el poder jurisdiccional son jueces constitucionales.
Sobre el evento
La XXVIII Edición del World Law Congress, cuyo objetivo es debatir sobre el Estado de derecho, y cómo este afecta a las naciones, se realiza con la participación de más de 200 líderes mundiales, incluidos jefes de Estado, autoridades, jueces, legisladores, académicos, abogados, activistas, estudiantes y profesionales afines.
El magistrado compartió en la mesa Independencia judicial con Pascal Pichonnaz, presidente del Instituto de Derecho Europeo; Angelika Nussberger, exvicepresidenta de la Corte Europea de Derechos Humanos; Carmen Corral Ponce, vicepresidenta Corte Constitucional del Ecuador y Gonçalo Almeida Ribeiro, vicepresidente de la Corte Constitucional de Portugal.
También compartió con Shimon Shetreet, profesor Greenlatt de Derecho Internacional y Público de Israel; Sophie Turenne, catedrática en Derecho de la Unión Europea y directora de Estudios en Derecho de la Universidad Murray Edwards, Reino Unido; Giuseppe Ferrari, profesor en Derecho Constitucional en la Universidad Bocconi de Italia, y exvicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparativo, y Zheng Tang, profesor de Derecho y decano de la Universidad de Wuhan, China, en la Academia de Derecho Internacional y Gobernanza Global.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.