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Ray Guevara advierte que el Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones.
Santo Domingo.-Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, afirmó en la XXVIII Edición del World Law Congress que se realiza en la ciudad de Nueva York, que esta alta corte ha realizado un ejercicio responsable de independencia, gracias al esfuerzo y sentido de responsabilidad de los jueces que hasta ahora lo han conformado.
«Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional», expuso en el evento que reúne a más de 200 líderes mundiales.
Durante su intervención, titulada «La independencia del juez constitucional» como panelista en la mesa sobre «independencia judicial», en la que compartió con juristas y académicos de varios países, Ray Guevara aseguró que el TC «no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados».
El magistrado destacó que, en el caso dominicano, los poderes públicos, de manera general, han sido respetuosos del Tribunal Constitucional, y que espera que así continúe.
Asimismo, Ray Guevara precisó que la independencia del juez constitucional estará garantizada por su sometimiento a la Constitución, ya que ni el Tribunal Constitucional ni ningún magistrado están por encima de la Carta Magna, a la que definió como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes.
Sostuvo que el peligro mayor sigue residiendo en la denominada tendencia a la tiranía de los poderes organizados de las autoridades públicas del Estado.
«La justicia constitucional implica que el poder de aquellos que gobiernan se encuentra limitado por la Constitución, la norma, sus principios, sus valores y, por ende, se han previsto procedimientos y se han creado organismos para dar contenido a tal limitación», dijo en el evento internacional, según refiere una nota de prensa del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas hasta hoy por el TC, han generado una jurisprudencia en favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta Alta Corte.
Añadió que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias. Consideró que estos hechos deben ser condenados.
Ray Guevara también explicó que en la República Dominicana está establecido lo que denomina el poder jurisdiccional, el cual está integrado por el Tribunal Constitucional, en la cúspide de la pirámide institucional, cuya misión es garantizar la supremacía de la Constitución; la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios que solucionan los conflictos entre particulares, entre estos y la administración y las cuestiones de orden público, y el Tribunal Superior Electoral que resuelve los conflictos políticos y electorales.
Además, destacó que una característica de la República Dominicana es que todos los jueces de las distintas jurisdicciones que conforman el poder jurisdiccional son jueces constitucionales.
Sobre el evento
La XXVIII Edición del World Law Congress, cuyo objetivo es debatir sobre el Estado de derecho, y cómo este afecta a las naciones, se realiza con la participación de más de 200 líderes mundiales, incluidos jefes de Estado, autoridades, jueces, legisladores, académicos, abogados, activistas, estudiantes y profesionales afines.
El magistrado compartió en la mesa Independencia judicial con Pascal Pichonnaz, presidente del Instituto de Derecho Europeo; Angelika Nussberger, exvicepresidenta de la Corte Europea de Derechos Humanos; Carmen Corral Ponce, vicepresidenta Corte Constitucional del Ecuador y Gonçalo Almeida Ribeiro, vicepresidente de la Corte Constitucional de Portugal.
También compartió con Shimon Shetreet, profesor Greenlatt de Derecho Internacional y Público de Israel; Sophie Turenne, catedrática en Derecho de la Unión Europea y directora de Estudios en Derecho de la Universidad Murray Edwards, Reino Unido; Giuseppe Ferrari, profesor en Derecho Constitucional en la Universidad Bocconi de Italia, y exvicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparativo, y Zheng Tang, profesor de Derecho y decano de la Universidad de Wuhan, China, en la Academia de Derecho Internacional y Gobernanza Global.
Nacionales
PLD, parte de la cúpula de la partidocracia, afirma que sentencia del TC puede atentar contra sistema de partidos
Santo Domingo. – Los partidos tradicionales dominicanos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado su preocupación y rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que en un proceso eleccionario se podrá presentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial y municipal que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
En un comunicado, el secretario general de la organización política, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político.
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El dirigente morado aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Según Pujols, esos puntos también son compartidos por otras organizaciones políticas y sociales, con las que ya se han “adelantado encuentros para tratar el tema”.
“Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestra más alta preocupación por la sentencia TC/0788/24, así como la voluntad de construir junto a los actores del sistema de partidos una salida prudente que proteja el sistema de partidos y la democracia dominicana”, expresó.
En ese sentido, destacó que es crucial emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para esas candidaturas.
“Esta sentencia podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país”, argumentó.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.