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TC ordena al Congreso legislar contra la usura
Santo Domingo, R.D.-Trasd declarar inconstitucional la derogacion de las sanciones contra la usura, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Congreso Nacional crear un nuevo marco legal que penalice esta práctica, ajustándose al ordenamiento monetario y financiero vigente.
La sentencia, que contó con la mayoría requerida de los magistrados encabezados por el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, determinó que el Estado dominicano no puede dejar el delito de usura sin castigo legal, ya que los tratados internacionales obligan a su prohibición.
No obstante, el fallo no fue unánime, pues se emitieron votos salvados de los magistrados Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Ayuso, quienes coinciden con la decisión, pero no con todos los argumentos de la fundamentación.
“Este colegiado acoge la acción directa que le ocupa y exhorta al Congreso a legislar a los fines de regular la prohibición de la usura de conformidad con el ordenamiento monetario y financiero vigente”, aduce la sentencia del TC marcada con el número TC/0235/26.
El tribunal sostiene que es incontrovertido que una de las atribuciones dadas por la norma sustantiva al Poder Legislativo es la de dictar las leyes que considere necesarias para el bienestar de la ciudadanía.
A su vez, posee la facultad de derogar aquellas normas que estime que ya no se adaptan a la realidad social o que carecen de pertinencia normativa en el ordenamiento.
Actualmente, las instituciones financieras están reguladas tanto por el Código Penal como por la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02 para evitar prácticas abusivas, basándose en los principios constitucionales de libre competencia.
La decisión surge a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Hermes Guerrero Báez contra el numeral 1 del artículo 91 de la Ley núm. 183-02 (Código Monetario y Financiero). Guerrero Báez interpuso la acción debido a que dicha ley derogó la Orden Ejecutiva 312 de 1919, la cual regulaba el interés legal y tipifica el delito de usura.
El accionante argumentó que, al eliminar esta normativa, el Estado dominicano dejó de cumplir con su obligación de prohibir la usura, vulnerando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a intereses abusivos. Aunque la Procuraduría General de la República solicitó declarar la acción como «inadmisible» por una supuesta falta de claridad, el Tribunal rechazó este argumento y validó la legitimidad de Guerrero Báez para accionar en defensa de la Carta Magna.
Por su parte, la Cámara de Diputados no presentó argumentos de fondo, dejando la decisión a la «sabia interpretación» del órgano constitucional.
El tribunal explicó que, desde la reforma de 2010, los tratados internacionales de derechos humanos —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos— integran el bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía constitucional.
«La referida derogación de la normativa que regulaba el delito de usura resulta inconvencional y, consecuentemente, inconstitucional», dictaminó el alto tribunal.
La decisión contó además con el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, quien se opuso a la decisión mayoritaria. Con este fallo, el Estado dominicano se ve obligado a retomar la persecución legal de los préstamos con intereses usurarios, una práctica que, aunque regulada administrativamente para la banca formal, carecía de consecuencias penales claras para el sector informal y otros prestamistas desde hace más de 20 años.
Ángel Gabriel Capellán deberá cumplir tres meses en Najayo-Hombres, mientras un segundo imputado recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida; la defensa anunció que recurrirá la decisión
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y maltratos físicos y psicológicos contra 14 menores de edad.
El tribunal dispuso que Capellán cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
En el mismo proceso figura Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, a quien el magistrado impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio nacional.
El juez acogió parcialmente la solicitud presentada por el Ministerio Público, que había solicitado tres meses de prisión preventiva contra los dos imputados.
Ministerio Público presentó 40 elementos de prueba
Para sustentar su petición, el órgano acusador presentó ante el tribunal 40 elementos de prueba que, según sostiene, relacionan a los investigados con hechos de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y presuntos maltratos físicos y psicológicos.
Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran declaraciones ofrecidas por menores que fueron rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), localizada en Bajos de Haina.
Debido a la condición de menores de edad de las presuntas víctimas, sus testimonios fueron obtenidos mediante Cámara Gesell, mecanismo utilizado para reducir su exposición durante el proceso judicial y preservar sus declaraciones como anticipo de prueba.
Fundación habría operado sin autorización para recibir menores
Capellán dirigía la Fundación Restaurando Vida, entidad que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, no disponía de la autorización correspondiente para funcionar como hogar de acogida de niños y adolescentes.
El órgano persecutor sostiene que en las instalaciones convivían menores junto a otras personas en situación de vulnerabilidad.
Las autoridades investigan además las circunstancias en que la organización recibía niños y adolescentes, así como la captación de fondos y donaciones vinculadas con sus actividades.
Estos señalamientos forman parte de la investigación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial.
Denuncia de un menor originó la investigación
El caso comenzó a ser investigado después de que uno de los menores presuntamente escapara de las instalaciones y acudiera a un destacamento policial para denunciar las condiciones en que se encontraba.
La denuncia motivó actuaciones de las autoridades que posteriormente condujeron a allanamientos, al rescate de los menores que permanecían en la fundación y a las detenciones de Capellán y Muñoz Rodríguez.
Como parte de las diligencias, una de las presuntas víctimas fue sometida a una evaluación médico-legal.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el examen documentó lesiones en distintas partes del cuerpo y quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en ambas manos.
Una evaluación psicológica forense también habría determinado que el menor no asistía a la escuela y que presuntamente realizaba trabajos de carpintería relacionados con la construcción de una vivienda.
El Ministerio Público sostiene además que el adolescente habría sido sometido reiteradamente a castigos físicos.
Defensa anuncia apelación
Tras concluir la audiencia, Manuel Soto, abogado de Ángel Gabriel Capellán, anunció que recurrirá la decisión que envió a su representado a prisión preventiva.
El jurista sostuvo que Capellán es inocente de las imputaciones formuladas y explicó que espera recibir formalmente la resolución judicial para presentar el recurso de apelación.
El proceso continuará ahora con las investigaciones del Ministerio Público mientras se cumplen las medidas de coerción impuestas.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada posteriormente por los tribunales a partir de las pruebas y argumentos presentados por las partes.
Mientras avanza el expediente, las autoridades mantienen bajo protección a los menores involucrados, cuyas identidades deben permanecer reservadas conforme a las normas destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.
Gustavo Mejía-Ricart Risk, de 23 años, continúa hospitalizado luego de ser sometido a una cirugía de emergencia por varias heridas de arma blanca; la Policía informó del arresto de un hombre señalado como presunto agresor
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, muestra una evolución favorable luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia tras resultar gravemente herido durante un intento de asalto ocurrido en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional.
Mejía-Ricart Risk recibió varias heridas de arma blanca en el abdomen que comprometieron algunos órganos, situación que obligó al personal médico a practicarle una cirugía de emergencia.
Su madre, Katherine Risk, informó que, pese a la gravedad que inicialmente presentó, el joven ha respondido favorablemente al tratamiento y continúa bajo vigilancia médica mientras avanza su proceso de recuperación.
La familia ha recibido numerosas expresiones de solidaridad desde que se conoció públicamente el ataque, incluyendo mensajes de personas que no mantienen vínculos personales con el joven.
Risk agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas y destacó la fortaleza mostrada por su hijo durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica.
Ataque ocurrió próximo a la residencia del joven
El hecho se produjo cuando Mejía-Ricart Risk se dirigía hacia el lobby de la torre donde reside, después de estacionar su vehículo en las inmediaciones.
De acuerdo con las informaciones preliminares de las autoridades, el agresor presuntamente siguió al joven a bordo de una motocicleta y posteriormente intentó despojarlo de sus pertenencias.
Durante el incidente, la víctima habría ofrecido resistencia y recibió varias heridas de arma blanca.
El atacante posteriormente escapó del lugar sin lograr concretar el robo, según la versión ofrecida sobre el caso.
Policía arresta a un sospechoso
La Policía Nacional informó este martes que, mediante un operativo realizado conjuntamente con el Ministerio Público, fue detenido Johnny González, de 41 años, señalado por las autoridades como presunto responsable de la agresión.
Durante las actuaciones relacionadas con el arresto fueron ocupados un cuchillo, una motocicleta, prendas de vestir y otros objetos que las autoridades investigan para determinar su posible vinculación con el hecho.
González fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes, mientras las investigaciones continúan.
Su arresto y señalamiento como sospechoso no constituyen una declaración de culpabilidad, responsabilidad que deberá ser determinada por los tribunales conforme a las pruebas que sean presentadas durante el proceso.
Estudiante de Derecho
Gustavo Mejía-Ricart Risk es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y también desarrolla actividades laborales junto a su familia.
Su madre consideró que el episodio sufrido por su hijo debe trascender el caso particular y servir para llamar la atención sobre la violencia y la inseguridad que pueden enfrentar los ciudadanos.
La familia expresó además su confianza en que las autoridades desarrollen las investigaciones correspondientes y que el proceso judicial permita esclarecer completamente las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades conforme a la ley.
Mientras avanzan las investigaciones, la principal atención de sus familiares permanece concentrada en la recuperación de Gustavo, quien continúa bajo cuidado médico y presenta una evolución favorable después de la cirugía de emergencia.
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Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro y pasajeros viajarán gratis por el resto del día
La Empresa Metropolitana de Transporte informó que sus técnicos corrigieron la avería registrada en la Subestación de Tracción García Saleta y ofreció disculpas a los usuarios afectados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Línea 2 del Metro de Santo Domingo retomó sus operaciones habituales la noche de este martes, luego de que los equipos técnicos solucionaran la falla eléctrica que había obligado a interrumpir temporalmente el servicio en varias estaciones.
La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) comunicó que la avería fue corregida en la Subestación de Tracción García Saleta, instalación donde se había producido el inconveniente que afectó el suministro de energía necesario para la circulación de los trenes.
Concluidos los trabajos técnicos y realizadas las verificaciones correspondientes, la institución autorizó la normalización de las operaciones en toda la Línea 2.
Servicio será gratuito por el resto de la jornada
Como compensación por los inconvenientes ocasionados a los pasajeros durante la interrupción, la EMT anunció que los usuarios podrán utilizar gratuitamente el Metro durante el resto de la jornada de este martes 15 de septiembre.
La medida fue presentada por la institución como un gesto de agradecimiento a los ciudadanos por la paciencia y comprensión mostradas mientras los técnicos trabajaban para solucionar la avería.
Falla había obligado a dividir las operaciones
El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde, cuando una falla en la Subestación García Saleta provocó una pérdida de energía en la catenaria.
Por razones de seguridad, el servicio quedó temporalmente suspendido entre las estaciones Pedro Bonó y Ramón Cáceres.
Mientras se desarrollaban las labores de reparación, la Línea 2 operó mediante dos servicios parciales: uno entre Pablo Adón y Pedro Bonó, y otro desde Ramón Cáceres hasta Concepción Bona.
La situación afectó a pasajeros que utilizaban el sistema durante las primeras horas de la noche, coincidiendo con el desplazamiento de numerosos ciudadanos al concluir sus jornadas laborales.
EMT ofrece disculpas a los pasajeros
Tras solucionar la avería, la Empresa Metropolitana de Transporte ofreció disculpas por las dificultades generadas y agradeció la comprensión de los usuarios.
Con la recuperación del suministro eléctrico en la subestación afectada, los trenes volvieron a circular normalmente por toda la Línea 2, quedando sin efecto el esquema provisional que había sido implementado durante la emergencia.
La institución indicó que sus equipos técnicos completaron los trabajos necesarios para garantizar la operación segura del sistema.