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TC ordena al Congreso legislar contra la usura
Santo Domingo, R.D.-Trasd declarar inconstitucional la derogacion de las sanciones contra la usura, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Congreso Nacional crear un nuevo marco legal que penalice esta práctica, ajustándose al ordenamiento monetario y financiero vigente.
La sentencia, que contó con la mayoría requerida de los magistrados encabezados por el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, determinó que el Estado dominicano no puede dejar el delito de usura sin castigo legal, ya que los tratados internacionales obligan a su prohibición.
No obstante, el fallo no fue unánime, pues se emitieron votos salvados de los magistrados Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Ayuso, quienes coinciden con la decisión, pero no con todos los argumentos de la fundamentación.
“Este colegiado acoge la acción directa que le ocupa y exhorta al Congreso a legislar a los fines de regular la prohibición de la usura de conformidad con el ordenamiento monetario y financiero vigente”, aduce la sentencia del TC marcada con el número TC/0235/26.
El tribunal sostiene que es incontrovertido que una de las atribuciones dadas por la norma sustantiva al Poder Legislativo es la de dictar las leyes que considere necesarias para el bienestar de la ciudadanía.
A su vez, posee la facultad de derogar aquellas normas que estime que ya no se adaptan a la realidad social o que carecen de pertinencia normativa en el ordenamiento.
Actualmente, las instituciones financieras están reguladas tanto por el Código Penal como por la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02 para evitar prácticas abusivas, basándose en los principios constitucionales de libre competencia.
La decisión surge a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Hermes Guerrero Báez contra el numeral 1 del artículo 91 de la Ley núm. 183-02 (Código Monetario y Financiero). Guerrero Báez interpuso la acción debido a que dicha ley derogó la Orden Ejecutiva 312 de 1919, la cual regulaba el interés legal y tipifica el delito de usura.
El accionante argumentó que, al eliminar esta normativa, el Estado dominicano dejó de cumplir con su obligación de prohibir la usura, vulnerando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a intereses abusivos. Aunque la Procuraduría General de la República solicitó declarar la acción como «inadmisible» por una supuesta falta de claridad, el Tribunal rechazó este argumento y validó la legitimidad de Guerrero Báez para accionar en defensa de la Carta Magna.
Por su parte, la Cámara de Diputados no presentó argumentos de fondo, dejando la decisión a la «sabia interpretación» del órgano constitucional.
El tribunal explicó que, desde la reforma de 2010, los tratados internacionales de derechos humanos —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos— integran el bloque de constitucionalidad y tienen jerarquía constitucional.
«La referida derogación de la normativa que regulaba el delito de usura resulta inconvencional y, consecuentemente, inconstitucional», dictaminó el alto tribunal.
La decisión contó además con el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, quien se opuso a la decisión mayoritaria. Con este fallo, el Estado dominicano se ve obligado a retomar la persecución legal de los préstamos con intereses usurarios, una práctica que, aunque regulada administrativamente para la banca formal, carecía de consecuencias penales claras para el sector informal y otros prestamistas desde hace más de 20 años.
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Aunque no comparten plenamente decisión de la JCE sobre encuestas, podria tratarse de un acto de buena fe.
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de Participacion Ciudadana, Leydi Blanco, sostuvo que la reciente restricción de la Junta Central Electoral (JCE) con respecto a las publicaciones de encuestas políticas puede identificarse como un acto de «buena fe» hacia la ciudadanía, pero eso no quiere decir que se trate de una decisión legal.
«Yo puedo entender esa buena fe de la Junta Central Electoral de no utilizar las encuestas como instrumentos clientelares y proselitistas antes que un proceso electoral; sin embargo, eso no quiere decir que la decisión sea legal, legítima», advirtió.
Explicó que aun cuando tal vez el ciudadano pueda estar cansado de las campañas a «destiempo» de los aspirantes políticos, el artículo 128 de la ley establece que antes de los ocho días del proceso electoral no se puede seguir realizando estas encuestas.
De su lado, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, explicó que, aunque puede comprender y respetar la decisión del órgano electoral, esta herramienta continuará usándose, ya sea para el trabajo de campaña electoral, consumo interno, para saber y tomar la temperatura de cómo anda el país o lo que siente la población con ciertas figuras políticas.
«Yo pienso que las encuestas reflejan lo que se siente el día de hoy; en base a ellas hay que trabajar y punto. Yo respeto mucho lo que ha dictaminado la Junta Central Electoral», manifestó.
El abogado Manuel Fermín explicó que el Tribunal Constitucional ha dado varias decisiones que refieren que la libertad de empresa, trabajo o de expresión no hacen referencia a libertades absolutas y pueden ser reguladas siempre y cuando se resguarde el núcleo esencial del derecho.
“Es un tema de discusión, yo no digo que sea un tema fácil. Ahora, lo que hay que entender es el alcance del poder reglamentario. La JCE ha entendido que en este momento esas encuestas están haciendo daño en lo que puede ser quizás la manipulación, por ejemplo, de la ciudadanía con encuestas que pueden ser posicionamiento y no encuestas que reflejen realmente lo que es el escenario electoral actual”, aseveró.
A su juicio, todo responde a un ejercicio de la protesta reglamentaria que se ajusta a lo que constitucional y legalmente establecen en este caso la constitución y la ley 20-23.
Santo Domingo, R.D.-Héctor Porcella, director de la Junta de Aviación Civil (JAC), anunció que a partir de este 30 de mayo el espacio aéreo y la conectividad con Haití serán reabiertos tras más de dos años de restricciones entre las dos naciones que comparten isla.
“Ya la Junta de Aviación Civil se juntó e hizo una reunión con todos los organismos de Estado que tienen que incidir en la reapertura de los vuelos de Haití hacia la República Dominicana; emitimos una resolución que a partir del 30 de mayo quedará oficialmente abierto el espacio aéreo y la conectividad aérea con la República hermana de Haití”, indicó.
Entre estos protocolos está un formulario que tendrán que llenar todos los pasajeros que vienen desde Haití, coordinar la cantidad que entrará en el país, revisar sus documentos personales y otros controles de monitoreo para seguir con detenimiento la apertura de conectividad aérea.
“Ya está todo coordinado con las diferentes instituciones del Estado para darle apertura a los vuelos de Haití, pero con una coordinación ordenada y gradual. Hay que cumplir con unos protocolos que ya se coordinaron con todas las agencias del Estado y asegurar que todos los pasajeros que vengan de Haití sean bien depurados; tienen un formulario sanitario que es importante y en eso estamos”, subrayó.
De acuerdo a sus declaraciones, la iniciativa fue tomada con decisiones e instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, y en conversaciones con el gobierno de Haití para reabrir el espacio aéreo e impulsar la conectividad a través de instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), se hizo la resolución.
En su momento, Porcella indicó al Listín que el proceso no había sido abandonado, pero sí replanteado.
De esta forma, en la última reunión de la JAC aprobaron la resolución para iniciar el proceso.
Aclaró que para apoyar la conectividad aérea, los vuelos privados y vuelos chárter también estarán abiertos y continuarán con los vuelos humanitarios de emergencia bajo la modalidad y el protocolo establecido por el MIREX.
Como las operaciones aéreas de pasajeros y cargas serán a través del Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien, el funcionario explicó que, según el resultado de los protocolos establecidos, se evaluará si continuarán o no ampliando las rutas a los diferentes aeropuertos de Haití.
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Aunque los primeros 30 días permiso digital de viaje para un menor de edad sera gratis, pero luego costará RD$6,300.
Santo Domingo, R.D.-Fue puesto en funcionamiento este jueves por el Gobierno el proceso que les permitirá la entrega, de manera digital del permiso a los menores de edad para viajar fuera del país.
Aunque no especificaron el tiempo que tardarían los padres en recibir el documento que deben presentar en el aeropuerto, las autoridades gubernamentales aseguraron la agilidad que permitiría el nuevo procedimiento.
Paliza indicó que han logrado establecer un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios para colocar un tope de RD$3,000 al costo por la asesoría legal.
Además, la Dirección General de Migración (DGM) informó que el documento digital estará exento de costo para los usuarios durante los primeros 30 días. No obstante, sería únicamente “para los padres dominicanos”.
“Para permitir al solicitante adaptarse a esta nueva modalidad de servicio digital. Hemos dado un gran paso muy presente en la ruta hacia la modernización de los servicios”, dijo el director de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.
Según explicó ante el presidente Luis Abinader, Migración tardaba hasta dos semanas en algunos meses del año para entregarle la autorización a los padres.
Sin embargo, con el nuevo sistema que estará en la página web de esa entidad, “una madre podrá autorizar a su hijo desde cualquier dispositivo tecnológico, quedando registrado en nuestro sistema y vinculado al pasaporte”.
“Un permiso de salida de menores más rápido, más transparente y pensado para facilitar la vida de la familia. No significa reducir controles, significa procesos más accesibles y seguros para los usuarios”, manifestó Ballester.
Migración tardaba hasta dos semanas en algunos meses del año para entregarle la autorización a los padres.Fuente externa
Participación “sin costo”
El presidente Luis Abinader, quien encabezó la actividad, agradeció el acompañamiento que realizó la empresa Bloomberg Filantropía para la transformación digital desarrollada en Migración.
“Menos burocracia”
Abinader, según expresó, considera que este tipo de iniciativas públicas son fundamentales para la ciudadanía.
“Esto es hacer que una madre pierda menos tiempo en un trámite, que una familia tenga menos preocupaciones, que un padre pueda resolver una gestión sin dejar el trabajo o recorrer varias oficinas”, resaltó.
De acuerdo con su exposición, el Poder Ejecutivo está consciente de que “detrás de cada servicio público hay personas reales con necesidades reales”.
“Estamos respetando su tiempo, su tranquilidad y su dignidad, porque cada minuto que un ciudadano pierde en burocracia es tiempo que le quitamos a su familia, que le quitamos a su trabajo, a sus proyectos y a sus sueños”, destacó.