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Sobre caso de precandidatos Tribunal Constitucional pide opinión de JCE.
SANTO DOMINGO.-La Junta Central Electoral tiene un plazo hasta el 8 de diciembre para que emita su opinión en torno a la disposición de la Ley Electoral que habla si una persona que ha optado por una candidatura en un partido político puede presentarse a la misma posición por un partido diferente.
El Tribunal Constitucional tomó la decisión al respecto frente a los recursos sometidos a esa alta corte tras el expresidente Leonel Fernández presentar su candidatura por otra organización política.
La puesta en causa al órgano electoral es en torno a un recurso directo de inconstitucionalidad interpuesto por Daniel Beltré Acosta contra el artículo de la Ley de Partidos que establece “que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral».
Esa parte de la ley ha generado discusión en torno a si quien participa en un proceso interno de un partido puede ostentar esa misma candidatura por otra agrupación, pues utiliza de manera indistinta el término precandidato y candidato.
En adición, el recurso establece que de cualquier manera esa disposición violenta el derecho a ser elegido de los ciudadanos.
También se alega la inconstitucionalidad de la parte de la ley sobre régimen electoral que establece que “las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza, en el mismo proceso electoral”.
En tal virtud, el pasado 8 de noviembre el Tribunal Constitucional envió una carta a la Junta en la que otorgaba un plazo de 30 días para que emitiera su opinión al respecto.
“Solicítole su opinión sobre la presente acción, la cual deberá ser remitida a este Tribunal Constitucional, de conformidad con la ley, en un plazo de treinta días, a partir de la recepción de esta comunicación”, indica la misiva firmada por su presidente Milton Ray Guevara.
Decisión vinculante
La decisión que tome el Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio para la Junta Central Electora, por lo que será la sentencia que emita al respecto que determinará si podrán ser admitidas las candidaturas de ciudadanos que participaron en procesos internos de partidos distintos a los que los postulan.
El pasado viernes, el Partido Reformista Social Cristiano, llevó la propuesta de candidatura presidencial de Leonel Fernández para los comicios del 15 de mayo de 2020, pero la aceptación o rechazo definitivo de la misma será determinado por la decisión que tome el Tribunal Constitucional.
La Ley de Régimen Electoral establece que el plazo límite para presentar candidaturas es el 3 de marzo, pero indica que la Junta debe comunicar la aceptación o no de las mismas cinco días después de ser presentadas.
En condiciones normales, la Junta debería resolutar sobre la candidatura de Leonel Fernández el próximo miércoles, pero ese plazo podría quedar en suspenso por la puesta en causa de la Junta en el recurso de inconstitucionalidad a los aspectos de la ley, decisivo para determinar si esta se acepta o no. Igual suerte correrán candidaturas a cargos congresionales y municipales que enfrenten la misma situación que el expresidente Fernández.
La Junta ha planteado que los partidos sugieran una empresa para realizar una auditoría forense al voto automatizado, además insiste en el uso de este método y que se proceda al conteo manual de las votaciones.
Pactos. El expresidente Leonel Fernández es respaldado por los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, de Unidad Nacional, Fuerza Nacional Progresista y de los Trabajadores Dominicanos-La Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, hay un debate legal sobre si podría presentarse como candidato presidencial, por haber participado en las primarias abiertas del PLD, en medio de las interpretaciones de juristas a varios artículos de las leyes de Partidos y de Régimen Electoral, mientras se alega que esas normas no están por encima de la Constitución.
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Abogado anuncia amparo contra director del Intrant por circulación de vehículos pesados en carril izquierdo
La acción busca exigir el cumplimiento de la Ley 63-17 y de la Resolución 003-2026, que dispone que camiones, patanas y vehículos de carga circulen por el carril derecho
SANTO DOMINGO.– El abogado Julio de la Rosa Tiburcio anunció que interpondrá una acción de amparo de cumplimiento contra el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, alegando falta de ejecución de las disposiciones que regulan la circulación de vehículos pesados por las carreteras y autopistas de República Dominicana.
La iniciativa procura que las autoridades hagan cumplir las disposiciones de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de la Resolución núm. 003-2026, del 10 de febrero de 2026, que restringe el desplazamiento de camiones, patanas y otros vehículos de carga por el carril izquierdo.
De acuerdo con lo anunciado por el jurista, la acción judicial será presentada en las próximas horas con el propósito de obtener una decisión que obligue al organismo regulador a ejecutar efectivamente las medidas establecidas para este tipo de vehículos.
Vehículos pesados deben mantenerse en el carril derecho
La normativa establece como regla que los vehículos pesados y destinados al transporte de carga deben desplazarse por el carril derecho de las vías.
El uso del carril izquierdo queda reservado para las situaciones excepcionales contempladas por las disposiciones de tránsito, particularmente cuando resulte necesario realizar determinadas maniobras y estas puedan ejecutarse en condiciones de seguridad.
Para efectuar un rebase, además, el conductor debe contar con suficiente visibilidad y espacio para realizar la maniobra y posteriormente retornar al carril derecho sin generar peligro de colisión.
Las restricciones adquieren especial relevancia en pendientes, curvas, áreas con visibilidad reducida y lugares donde existan señales o demarcaciones que prohíban adelantar.
Multas de RD$10,000
La violación de las disposiciones contempladas para la circulación de estos vehículos conlleva, según la información suministrada, una multa de RD$10,000, equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado, además de la correspondiente acumulación de puntos en la licencia de conducir.
La supervisión y aplicación de las medidas corresponde conjuntamente a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Intrant y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
La anunciada acción de amparo coloca ahora el debate no solamente sobre el comportamiento de los conductores de vehículos pesados, sino también sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito.
Una disposición con antecedentes
Las reglas relativas a la circulación de vehículos pesados por las vías dominicanas tienen antecedentes anteriores a la resolución emitida este año.
En julio de 2020, el entonces presidente Danilo Medina emitió el Decreto 258-20, que estableció lineamientos relacionados con la circulación y movilidad de vehículos de carga, disposiciones que posteriormente han servido de referencia para la regulación de este tipo de transporte.
La Resolución 003-2026 reforzó las restricciones al establecer expresamente la obligación de que los vehículos pesados permanezcan en el carril derecho, salvo las excepciones contempladas.
Seguridad vial vuelve al centro del debate
La eventual presentación del amparo podría llevar ante los tribunales la discusión sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas para ordenar la circulación de vehículos pesados.
El accionante pretende que el tribunal determine si las autoridades responsables han cumplido adecuadamente con las obligaciones establecidas en la legislación y en la resolución administrativa.
La controversia se produce en momentos en que la seguridad vial, el cumplimiento de las normas de tránsito y la fiscalización de los vehículos pesados continúan siendo asuntos de interés público en República Dominicana.
El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana y pondrá a prueba protocolos de evacuación, coordinación institucional y un sistema de alertas mediante mensajes a teléfonos celulares
SANTO DOMINGO.– República Dominicana realizará este martes 8 de septiembre el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, un ejercicio de alcance nacional dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante la eventual ocurrencia de un movimiento sísmico de gran magnitud.
La jornada está programada para comenzar a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de instituciones públicas y privadas, centros educativos, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos de diferentes puntos del territorio nacional.
El objetivo principal es que la población conozca cómo actuar ante un terremoto y pueda aplicar protocolos previamente establecidos, reduciendo la improvisación en una situación real de emergencia.
Sirenas y mensajes a celulares
El inicio del ejercicio será anunciado mediante sirenas, silbatos y altavoces. Además, las autoridades tienen previsto probar un sistema de mensajería instantánea destinado a enviar alertas a los teléfonos celulares durante situaciones de emergencia.
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de alerta y comunicación con la ciudadanía y comprobar su funcionamiento dentro de un escenario simulado.
Durante el ejercicio también serán evaluados los protocolos de activación, comunicación y coordinación de las instituciones que forman parte del sistema nacional de respuesta ante emergencias.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, destacó que los terremotos ocurren sin previo aviso, por lo que la organización y el conocimiento de las medidas de autoprotección resultan esenciales para reducir las consecuencias de estos fenómenos.
Según explicó, el ejercicio no se limitará a comprobar la capacidad para evacuar viviendas, comunidades o edificaciones, sino que permitirá evaluar integralmente los protocolos de actuación y la comunicación entre las instituciones.
Llamado al sector privado
Las autoridades también han puesto especial atención en la participación de las empresas y edificaciones privadas.
El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, exhortó a propietarios y responsables de edificaciones privadas a solicitar evaluaciones de vulnerabilidad de sus estructuras.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el ejercicio, estas revisiones son realizadas gratuitamente.
¿Qué hacer durante un terremoto?
La Defensa Civil recomienda contar previamente con un plan familiar de emergencia y practicar los procedimientos que deben seguirse ante un movimiento sísmico.
Durante un terremoto, la principal recomendación es mantener la calma, agacharse y protegerse la cabeza, buscando un lugar seguro.
Si resulta necesario abandonar una edificación, las autoridades recomiendan utilizar las escaleras y no los ascensores.
Quienes se encuentren dentro de edificaciones deben mantenerse alejados de ventanas, lámparas, armarios, libreros, estantes y otros objetos susceptibles de desprenderse o caer.
En lugares con grandes concentraciones de personas se recomienda evitar correr desesperadamente hacia las salidas, debido al riesgo de provocar caídas, aglomeraciones o avalanchas humanas.
Precauciones en calles y vehículos
Las personas que se encuentren en espacios abiertos deberán alejarse de postes eléctricos, edificios, árboles y muros.
En caso de estar conduciendo, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer en su interior, evitando estacionarse debajo o encima de puentes, elevados o pasos a desnivel.
Si el movimiento ocurre mientras se viaja en transporte colectivo, el conductor deberá detenerse en una zona segura y los pasajeros permanecer sentados hasta que las condiciones permitan continuar.
Prepararse antes de que ocurra una emergencia
El simulacro de este martes busca medir no solamente la capacidad de reacción de las autoridades, sino también el nivel de preparación de ciudadanos, familias, empresas e instituciones.
Las autoridades insisten en que, debido a que los terremotos no pueden predecirse con suficiente anticipación para realizar una evacuación preventiva, conocer los protocolos y practicarlos puede marcar una diferencia importante cuando ocurre una emergencia real.
Las personas e instituciones interesadas en participar pueden registrarse a través del portal oficial del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Cinco países europeos avanzan hacia la creación de un centro de retorno fuera de la Unión Europea, mientras República Dominicana mantiene una política de deportaciones y refuerza los mecanismos de control migratorio
SANTO DOMINGO.– El endurecimiento de las políticas destinadas a enfrentar la migración irregular continúa ganando espacio tanto en Europa como en República Dominicana, aunque bajo modelos y circunstancias diferentes.
Mientras cinco países europeos trabajan para establecer fuera de la Unión Europea un centro destinado a recibir migrantes que ya no cuentan con autorización legal para permanecer en territorio comunitario, República Dominicana mantiene una política de interdicción, procesamiento, deportación y repatriación de extranjeros en situación migratoria irregular.
Europa busca trasladar migrantes a terceros países
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia han expresado su intención de alcanzar un acuerdo con un país ajeno a la Unión Europea para establecer un denominado “centro de retorno”.
De concretarse la iniciativa, las personas sobre las cuales exista una decisión de retorno podrían ser trasladadas a instalaciones ubicadas en un tercer país que haya aceptado recibirlas.
Dinamarca espera que los primeros traslados puedan comenzar durante 2027, aunque todavía no se ha identificado públicamente el país con el que se realizan las negociaciones.
La iniciativa se produce después de una reforma de la política europea de retornos. El esquema contempla que los acuerdos respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Los menores no acompañados están excluidos de los traslados a estos centros.
Las disposiciones europeas también establecen garantías contra las expulsiones colectivas y disponen que, para menores no acompañados y familias con niños, la detención debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
República Dominicana mantiene política restrictiva
En República Dominicana, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha adoptado igualmente una posición restrictiva frente a la permanencia irregular de extranjeros, aunque mediante un sistema diferente al que proyectan los países europeos.
Las autoridades dominicanas realizan directamente operativos de interdicción, depuración y devolución, principalmente hacia Haití.
La política migratoria fue reforzada a partir de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno en abril de 2025, entre ellas el incremento del personal destinado a la vigilancia fronteriza, la ampliación de la verja perimetral, la incorporación de nuevos agentes migratorios y mayores controles en los mercados binacionales.
También fueron planteadas medidas dirigidas a endurecer las consecuencias contra el tráfico ilícito de migrantes y quienes faciliten la permanencia irregular.
Más de 250 mil extranjeros procesados en 2026
La dimensión de las operaciones migratorias queda reflejada en las estadísticas atribuidas a la Dirección General de Migración.
De acuerdo con los datos recogidos en la información suministrada, durante 2026 habían sido deportados o repatriados 250,429 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 186,139 correspondían a deportaciones y 64,290 a repatriaciones.
Los extranjeros detenidos durante los operativos son trasladados a centros de procesamiento para fines de registro y depuración. Haina, Dajabón, Elías Piña y Santiago figuran entre los puntos que concentran estos procedimientos.
Inteligencia artificial llega al control migratorio
Uno de los elementos novedosos de la estrategia dominicana es la incorporación de nuevas tecnologías.
Migración prepara en Dajabón un sistema de registro biométrico y reconocimiento facial apoyado en herramientas de inteligencia artificial, destinado a controlar el movimiento de personas durante los mercados binacionales.
La incorporación de estas herramientas agrega una nueva dimensión al debate migratorio, debido a que el uso de sistemas biométricos y de inteligencia artificial también plantea cuestiones relacionadas con privacidad, protección de datos, proporcionalidad y derechos fundamentales.
Menores reciben tratamiento diferenciado
Otro componente de la política dominicana está relacionado con los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos migratorios.
La Dirección General de Migración sostiene que aplica un tratamiento diferenciado a los menores y que trabaja conjuntamente con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y Unicef en protocolos de identificación, atención y protección.
Dentro de esas medidas se contempla la existencia de espacios seguros separados de las áreas generales de retención, así como atención psicosocial, servicios sanitarios, espacios recreativos y asistencia médica.
Dos realidades distintas con una tendencia común
Europa y República Dominicana enfrentan fenómenos migratorios con características diferentes. Sin embargo, las políticas que actualmente desarrollan presentan un elemento común: incrementar la capacidad del Estado para retornar a las personas que carecen de autorización legal para permanecer en su territorio.
La diferencia estará también en la manera en que esas políticas logren conciliar el control de las fronteras y el cumplimiento de las leyes migratorias con las garantías del debido proceso, la dignidad humana, la protección de los menores y los demás derechos fundamentales.
En Europa, el próximo paso será determinar qué tercer país aceptará albergar el centro de retorno proyectado por los cinco gobiernos. En República Dominicana, mientras tanto, el desafío continuará siendo administrar una presión migratoria particularmente compleja sin abandonar las garantías jurídicas que deben acompañar la actuación del Estado.