Nacionales
Tribunal Constitucional revoca orden de cedulación de 28 haitianos
SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) revocó una sentencia de amparo que ordena a la Junta Central Electoral la entrega de la cédula de identidad y electoral a 28 descendientes de haitianos indocumentados.
La acción constitucional beneficiaba a Simón Rodríguez Dose, July Chauvette, Zenia Stelance Yan, Charle Luis Yene, Andrecita Luis Yene, Mónica Paul Sánchez, Ramona Pie Lima, Enita Yacinthe, Yuli Yendedillen Joseph, Yohany Betsaida Josep Rosario, Musnal Xinel Franzua y Gloria Berique Delva.
También a Emilia Pierre Balan, Wilfrido Polinice, Wilfrido Metellus Joseph, Luismena Messene Louis, Isidro Berique Delma, Franklin Jean San Luis, Reyes Antonio Polique Pérez, Shalin Charles Deni, Jonas Desvallons Joissant, Kensly Desvallons Joissant, Piter Desvallons Joissant, Elena Pierre, Osman Polinice y Ana Rosa Amador Cristevil.
La alta corte ordenó que la Dirección General de Migración otorgue, en un plazo de 10 días, un permiso especial de estadía temporal en el país a Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel, hasta que el «Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país», determine las condiciones de regularización de este género de casos.
En su sentencia TC/0028/14, establece que resulta necesario para la entrega de la cédula de identidad y electoral saber si sus padres (o alguno de ellos) eran dominicanos al momento de la inscripción en el registro hecho en la Oficialía Civil (situación que es la que se está investigando) o si se encontraban en el país como un extranjero transeúnte.
En consecuencia, considera que no es posible expedir una cédula de identidad y electoral a sus respectivos nombres hasta tanto no terminen las investigaciones en curso.
El TC dispuso que la JCE proceda a someter los originales de los certificados de declaración de nacimiento al tribunal competente en un plazo no mayor de 45 días para que éste determine su validez o nulidad.
«En el presente caso, conviene destacar que la situación de los recurridos no es homogénea, por lo que para analizar las pretensiones objeto de amparo, es necesario agruparlos, tomando en cuenta la documentación que tiene cada uno de ellos. En este sentido, plantea que constan en el expediente copias de actas de nacimiento de Anyelina Jean Polemin y Maribel Saint Louis Noel, en las cuales se establece que sus padres poseían como documento, al momento de la declaración de los nacimientos, «fichas». La sentencia cuenta con los votos disidentes de Ana Isabel Bonilla y Katia Jiménez.
Amparo
El 29 de mayo de 2012, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís ordenó a la JCE autorizar al Director General de Cédulas y a las juntas electorales de los municipios de San Pedro de Macorís, Consuelo, Quisqueya, San José de los Llanos y Ramón Santana a entregar las cédulas de identidad y electoral correspondientes a cada uno de los demandantes. La JCE interpuso un recurso de revisión.
Nacionales
Un modelo plenamente digital prevalecerá en el Poder Judicial con cierre de edificio de Cortes del DN.
Santo Domingo, R.D.-Sin incluir el área penal, el Poder Judicial se enfoca en estos momentos en dejar atrás la centralidad de lo físico para entrar a un modelo de justicia plenamente digital«, con el cierre del edificio que alberga las Cortes y las Salas del Tribunal Superior Administrativo (TSA) del Distrito Nacional, informó este jueves el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Los jueces de las Cortes y de las Salas del TSA, ubicados en el viejo edificio son trasladados al de Registro Inmobiliario y el personal de las secretarías de los tribunales son movidos al de la Suprema Corte de Justicia, los dos también ubicado en el Centro de los Héroes, en La Feria.
La mudanza, que se inició el pasado lunes, se realiza luego de que un estudio en el 2021 detectara riesgos de colapso en un posible sismo. Se programa clausurar completamente el viejo edificio antes del 30 de mayo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina informó que el «modelo de justicia plenamente digital» ya se han habilitado «más de 180 salas» para operar en línea, en un trabajo gradual que se ha venido realizando desde que se empezó a implementar la Ley 339-22.
No obstante, esa normativa, que regula el uso de medios digitales excluye las audiencias penales para esta modalidad, aunque los asuntos administrativos de esa área serán también de manera digital.
Durante una audiencia solemne de juramentación de casi 1,700 abogados, Molina expresó que esa medida implica el inicio una nueva etapa en su historia institucional y se reafirma el compromiso con una justicia al día, centrada en las personas, ágil, eficiente y confiable.
Las 180 salas hacen posible que la ciudadanía pueda presentar actos jurídicos, participar en una audiencia o recibir una decisión judicial sin necesidad de desplazarse ni esperar largas horas.
Asimismo, puntualizó que, gracias a herramientas como la firma digital, el expediente electrónico y las audiencias virtuales, se han reducido barreras, acercado los tribunales a la ciudadanía, fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas mediante sistemas trazables y auditables en tiempo real.
Medidas para el cierre del edificio
Según una comunicación de prensa del Poder Judicial, la continuidad del servicio es posible gracias al uso intensivo de las tecnologías digitales y las herramientas que ofrece el portal de Acceso Digital, el uso del Sistema de Gestión de Casos y las Política de Teletrabajo de este poder del Estado, que permite modelos de trabajo remoto e híbrido.
Migración a lo digital
Se recuerda que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) en su sesión extraordinaria núm. 02-2025 de 11 de abril de 2025, adoptó una serie de medidas que permitirán finalizar el proceso de migrar de lo presencial a lo digital en los servicios que se prestan a la ciudadanía en el edificio de las Cortes del Distrito Nacional.
Juramentación de 1,698 abogados
La Suprema Corte de Justicia juramentó 1,698 abogados a los que llamó a no sólo comprender los códigos y las jurisprudencias sino también a que sean instrumentos de construcción social que ponga a las personas en primer lugar.
En una audiencia solemne, el presidente de la alta corte también dejó posesionadas las Comisiones Consultivas Regionales del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.
Santo Domingo, R.D.-Muy enfurecidos los familiares del menor Ángel José Mercedes (9 años) reaccionaron contra Jesús Alberto Camacho Decena, acusado del rapto, violación y asesinato del niño el pasado viernes 18 de abril y trataron de emprenderla a golpes contra el agresor.
Los familiares lanzaron objetos y golpes e intentaron detener el vehículo en el que los agentes policiales trasladaban al hombre al que se le otorgó medida de coerción consistente en tres meses de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
Previo al conocimiento de la medida de coerción los familiares se manifestaron en el edificio judicial de San Cristóbal. Cuando concluyó el conocimiento, persiguieron el vehículo del confeso asesino por las calles.
El pasado Viernes Santo 18 de abril, Ángel fue reportado desaparecido por su familia en el sector Villa Fundación de esta demarcación.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, la madre del menor presentó formal denuncia luego de que el niño saliera de su vivienda y no regresara.
Como parte del proceso investigativo, obtuvieron imágenes captadas por cámaras de seguridad de un establecimiento de comida rápida, ubicado en la calle Constitución esquina carretera La Toma, donde se observó al niño acompañado por un hombre de tez india, delgado, vestido con ropa deportiva azul y montado en una motocicleta marca Bajaj, color negro.
Mediante labores de inteligencia se logró identificar a Jesús, quien fue localizado y detenido mientras se encontraba en la calle Principal próximo al balneario Paraíso Doña Santa Cuper, en el sector Hato Damas.
Prisión preventiva
Tras ser detenido, la Policía Nacional informó que Jesús Alberto Camacho Decena, de 31 años, confesó haber raptado al menor tras ganarse su confianza brindándole alimentos, llevándolo posteriormente a un río ubicado entre los sectores Asise y Montaño, donde cometió el hecho criminal.
Mientras que, la Oficina de Atención Permanente de la provincia dictó tres meses de prisión preventiva a Camacho Decena, acusado de raptar, abusar sexualmente y asesinar al infante.
La medida impuesta deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo.-El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana respondió al comunicado emitido este jueves 24 de abril por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, sobre el trato a los inmigrantes haitianos indocumentados que son deportados y afirmó que el país respeta los derechos humanos.
A la vez reafirmó el derecho de la República Dominicana como estado soberano independiente a aplicar sus propias leyes migratorias.
«República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente», cita el comunicado emitido desde el Mirex.
El Gobierno dijo que las repatriaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, «con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos».
La información precisa que RD continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
Al mismo tiempo, reitera su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
«Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio», resalta el Gobierno.
Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
Las personas que no cumplen los requisitos son atendidos en emergencia y luego detenidos por agentes de Migración, que procede con su deportación.
En el primer día, las autoridades deportaron a 135 migrantes haitianos, en el grupo había 48 embarazadas y 39 mujeres recién paridas.
La medida ha sido criticada por organismos internacionales y el gobierno haitiano, que consideran, que vulnera derechos humanos.
Amnistía y secretario de la ONU se pronuncian
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, también criticó la medida.
«(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria, entre ellas mujeres a punto de dar a luz, y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», afirmó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.