Los demandantes sostienen que la Constitución de Kenia limita el despliegue de policías para operaciones dentro del territorio nacional
Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema
Nairobi, Kenia.-El Tribunal Superior de Nairobi ordenó hoy el bloqueo temporal del despliegue de policías de Kenia en Haití como parte de la misión multinacional aprobada hace una semana por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El tribunal emitió ese dictamen después de que el pasado viernes el partido Thirdway Alliance (Alianza Tercera Vía) interpusiera una demanda contra el presidente del país, William Ruto, y otros responsables del Gobierno para frenar la movilización de los agentes kenianos.
«Se emite una orden cautelar que impide a los demandados desplegar a agentes de policía en Haití o cualquier otro país hasta el 24 de octubre de 2023», afirmó el juez Enock Chacha Mwita.
Los demandantes sostienen, entre otros argumentos, que la Constitución de Kenia limita el despliegue de policías para operaciones dentro del territorio nacional.
La orden se dictó después de que este domingo el ministro keniano del Interior, Kithure Kindiki, afirmara que el Paramento tendrá la última palabra sobre los planes del Gobierno de desplegar a unos 1.000 agentes de policía para combatir a las bandas criminales en Haití.
«El artículo 240 de la Constitución exige que el Parlamento apruebe el despliegue de fuerzas de seguridad en cualquier misión de mantenimiento de la paz en países extranjeros», aseguró Kindiki.
El líder de la oposición de Kenia, el ex primer ministro Raila Odinga, afirmó el pasado jueves que «no es una medida correcta» la decisión de su país de liderar la misión multinacional para Haití.
Odinga expuso sus críticas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el pasado día 2 el despliegue por un año (prorrogable) de la fuerza multinacional, con trece votos a favor, dos abstenciones (Rusia y China) y ningún voto en contra.
Kenia se ofreció a liderar con unos mil policías, un dispositivo que el propio Gobierno haitiano pidió hace un año y que contó con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres.
Varios países caribeños han mostrado su disposición para participar con un número indeterminado de agentes en la misión -incluyendo Jamaica, Barbados y Bahamas-, mientras las naciones latinoamericanas no se han ofrecido para enviar efectivos de momento.
Estados Unidos, que se encargó de redactar el borrador de la resolución junto con Ecuador, aportará dos partidas de 100 millones de dólares (unos 95 millones de euros) cada una, procedentes del Departamento de Estado y del de Defensa, siempre que el Congreso lo apruebe, destinadas a necesidades logísticas de la misión.
Haití está inmerso en una profunda crisis marcada por la violencia extrema, con grupos armados que controlan la capital, Puerto Príncipe, y otras partes de su territorio y son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes.
Kenia envió el pasado agosto una delegación al país caribeño para realizar una primera evaluación de la situación sobre el terreno.
La ONU ha reiterado que la eventual misión no se asemejaría a una fuerza de paz o de interposición, como suele ser habitual, sino que sería una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la Policía haitiana.
Washington, (EFE).- El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, nominado por el presidente, Donald Trump, para ocupar el cargo de manera permanente, defendió este miércoles la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los papeles del caso de Jeffrey Epstein, durante su sesión de confirmación ante el Senado.
Ante las críticas de senadores demócratas sobre la censura de algunos documentos, Blanche reconoció que si bien hubo problemas en la publicación de miles de pruebas contra el fallecido delincuente sexual, estos fueron abordados y corregidos.
«Se realizaron grandes esfuerzos en aplicar las censuras adecuadas, se cometieron errores y, por tanto, aproximadamente el 1 % de las censuras tuvieron que corregirse después de que publicáramos los archivos de Epstein», indicó el que fuera abogado personal de Trump.
El fiscal general interino insistió ante el Comité Judicial del Senado que «eso no justifica los errores» pero sí demuestra que se intentó subsanarlos.
Subrayó que «no hay investigaciones cerradas» y que, aunque no existen de momento pruebas nuevas, revisarán la nueva información que surja.
«Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos», prometió Blanche, quien agregó que «jamás» dejarán de escuchar a las víctimas.
También insistió en que los papeles del caso Epstein fueron publicados gracias al compromiso de la Administración Trump con la transparencia.
La polémica sobre el caso del financiero y examigo de Trump, estalló después de que el Departamento de Justicia informara hace un año que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.
Aunque en un principio se mostró furioso con quienes pedían la publicación de todos los documentos, el mandatario rectificó y firmó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso.
Primero como fiscal general adjunto y luego como titular interino tras la salida de Pam Bondi en abril, Blanche ha estado involucrado en la gestión del caso y la publicación de estos papeles, en los que el mandatario aparece mencionado más de mil veces.
También fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.
Blanche también fue interrogado sobre el polémico fondo multimillonario para compensar a sus aliados de Trump que fueron investigados durante el Gobierno de su predecesor, Joe Biden.
«El fondo para investigar el uso partidista de las instituciones ha muerto. No va a seguir adelante», aseguró el fiscal general interino.
Tras la sesión de este miércoles, el Comité Judicial del Senado deliberará si recomendar su candidatura para un voto en el pleno.
Estados Unidos vive este miércoles el peor día de la ola de calor con más de 113 millones de personas en riesgo «mayor» o «extremo», especialmente en el norte y el noreste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).
La autoridad meteorológica advirtió en su último boletín de «calor y humedad anómalos» en el norte y medio oeste de EE.UU., que se extenderá hacia el noreste en los próximos días y dejará temperaturas de entre 32 y 38 grados centígrados.
Además, emitió este miércoles un aviso de calor «mayor» que afecta a las 113,8 millones de personas que residen en una amplia franja de terreno desde las Dakotas hasta Virginia, incluyendo a metrópolis como Chicago o Nueva York. Puntos aislados de California y Florida también están afectados.
Esta alerta advierte de potenciales riesgos para personas que carecen de refrigeración o hidratación, así como para los sistemas de salud y las industrias, según la página web del NWS.
Casi dos millones de personas, en las Dakotas, viven esta jornada bajo aviso «extremo«, que extiende el peligro a las infraestructuras y durante la noche.
El organismo prevé que las condiciones de calor abandone los núcleos más poblados a partir del jueves, día en que ambos avisos afectarán a 95 millones de habitantes, mientras que esa cifra se reducirá a 66 millones el viernes y a 33 millones el sábado, principalmente en el sureste del país.
La ola de calor comenzó el fin de semana del 4 de julio y desde entonces se han registrado una treintena de fallecidos por las altas temperaturas, 25 de ellos en el estado de Nueva Jersey.
Aparte del calor, regiones de Texas, Nuevo México y Montana se encuentran hoy bajo alerta por inundaciones, a causa de fuertes tormentas.
En Texas, el NWS advierte de «acumulaciones totales de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros), con la posibilidad de superar las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas zonas durante los próximos días«, con riesgo de «peligrosas inundaciones repentinas».
Un total de 27 jóvenes murieron en julio del año pasado en este estado por una inundación que afectó a un campamento privado para niñas en la localidad de Fort Myers.
Estados Unidos.-La Corte Suprema de Estados Unidos consideró este martes ilegal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, para limitar la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense como hijos de padres indocumentados o con visados temporales, un derecho que la corte considera consagrado en la Constitución.
El dictamen reconoce que «los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'» por lo que «son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda».
La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro de la nación.
El juez Brett Kavanaugh disintió en parte al no compartir la concepción maximalista de la cláusula de ciudadanía al tiempo que no respalda el decreto de Trump que eliminaría de facto la ciudadanía por nacimiento.
Otros tres jueces considerados conservadores disintieron del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento «totalmente» automática.
Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025 y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antimigratorias.
La orden, que afectaría a unos 255,000 niños al año, quedaanulada con la decisión de hoy del Supremo, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye «que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento».
Trump acudió el pasado mes de abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal.
El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda se ha malinterpretado y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga el derecho de ciudadanía de manera automática cuando en su suelo, un argumento falso, puesto que una treintena de países en todo el mundo también reconocen ese derecho.
Trump ha asegurado que la Decimocuarta Enmienda, que se aprobó tras la Guerra Civil para corregir el fallo «Dred Scott contra Sanford» de 1857 y garantizar ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, solo pretendía otorgar la ciudadanía «a hijos de esclavos».