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Tribunal deja en libertad alcalde de SFM y le impone RD$5 MM de garantía económica
El juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación la provincia Duarte dispuso esta madrugada la puesta en libertad del alcalde de San Francisco de Macorís, Feliz Manuel Rodríguez Grullón, la gerente financiera Fior Daliza Genao Hernández, y el encargado de nóminas del cabildo acusados de malversar unos 100 millones de pesos.
El magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía tomó la decisión de dejar en libertad al grupo, luego de imponer como medida de coerción el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos al alcalde; 500 mil pesos a la gerente financiera y 200 mil pesos al encargado de nóminas, así como la presentación periódica de seis meses e impedimento de salida del país.
El tribunal adoptó la decisión tras acoger un pedimento presentado por la defensa de los imputados, encabezada por el ex procurador general de la República Radhamés Jiménez Peña, Pedro Balbuena, Ramón Emilio Núñez y Alberto Vásquez. El caso fue conocido por la Corte de Apelación debido a que el alcalde tiene jurisdicción privilegiada.
En su decisión, el juez declaró regular la orden de arresto dictada en contra de los funcionarios edilicios, por considerar que la misma fue emanada por una autoridad judicial competente.
El magistrado justificó la puesta en libertad al destacar que el alcalde Rodríguez Grullón y los demás implicados han mostrado un comportamiento durante el proceso de investigación y han mostrado que cuentan con arraigo social y familiar, garantizan que los mismos acudirán a los requerimientos que le hagan los tribunales.
La decisión fue tomada después de un proceso de casi tres horas de deliberación por parte del juez, concluyendo con el conocimiento de la vista de la medida pasada las 3:00 de esta madrugada.
Saluda decisión
De su lado el alcalde Rodríguez Grullón proclamó su inocencia y se mostró complacido con la decisión agradeciendo a Dios por haberle dado la fortaleza de comparecer a esta audiencia donde fue requerido y ponderó el trabajo “formidable” de sus abogados.
´´Estoy plenamente interesado en que se esclarezca este hecho que yo mismo denuncie en el mes de octubre del 2011´´, indicó que espera continuar trabajando con su pueblo de San Francisco de Macorís dentro de los planes que tiene previsto para el presente año.
Otros tres alcaldes sometidos por corrupción
Además de este caso que se le conoce al alcalde de San Francisco de Macorís, diferentes tribunales han impuesto medidas de coerción a otros alcaldes y empleados de alcaldías.
Esos casos están el del alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames, quien guarda prisión preventiva acusado de malversar unos RD$30 millones y el ministerio público pidió que se le conozca juicio de fondo.
Otros a los que se les ha dispuesto juicio de fondo en su contra son el alcalde y exalcalde del municipio Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez (Canoa) y Eddy Ramón Morfe de la Cruz, respectivamente acusados malversar más de RD$185 millones durante el período 2004 -2010. Estos son
En tanto que el alcalde del municipio Las Terrenas, José Mercedes Martínez Emeterio, acusado de malversar unos RD$15 millones cumple arresto domiciliario
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.