Nacionales
Tribunal enrostra fallas al Ministerio Público en el juicio sobre el caso Francina
SANTO DOMINGO. El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió una sentencia en la que critica la forma de recolección de pruebas y la investigación realizada por el Ministerio Público, con respecto a los cinco procesados por agresión contra de la ingeniera Francina Hungría, quien perdió la vistadurante un atraco en el que fue despojada de una yipeta.
Por el hecho sólo fue condenado a 30 años a José Miguel Vidal Féliz (Memín), y descargado Melvin Pérez (Bululo), con el voto disidente de la presidenta del tribunal, Sarah Veras.
El tribunal expuso que la imagen central que fuera extraída del único CD sobre los hechos, muestra a una de las personas corriendo antes de acercarse al vehículo de la víctima, vistiendo un poloshirt a ralas, cuyo color no se visualiza. «Las juzgadoras procedieron, además, a comparar las imágenes contenidas en la acusación, y corroboradas en la audiencia con la presencia de estos cuatro imputados con la imagen central extraída del CD, y resultó imposible identificar a cualquiera de ellos como la persona que refleja esta imagen».
Plantea que en cuanto a Pérez, «nos llamó la atención de ¿Por qué el Ministerio Público incluyó en su escrito de acusación la foto de los supraindicados imputados, más no del apodado Bululo».
Los jueces indican que al ser observado en el juicio oral el imputado, «tampoco encontramos ningún tipo de parecido con el individuo que aparece en la imagen central». Revelan que resulta procedente señalar que el Ministerio Público, en su turno de aportación de pruebas en el juicio, procedió a desistir de la presentación y reproducción de un tercer CD. En su fallo crítico, agregan que en el vídeo del vehículo hay un nacional haitiano que aporta algunos detalles de las personas, que no fue citado como testigo.
Asimismo, que detuvieron a cinco, y que existía una sexta persona que no logró ser identificada con claridad, pero que le decían «El Guardia». Establece que la descripción plasmada en la caja en que se encontraba guardada e identificada el arma de fuego no coincide con el numero serial la prueba material con la que se le atribuye a Pérez. Dice que al no existir constancia de un acta de inspección del lugar de los hechos o escena, de la recolección de la evidencia analizada fue imposible constar que el casquillo y proyectil analizados fueran efectivamente recolectados en la escena del crimen, lo que se traduce en dudas, en el sentido de si el proyectil fue el que impactó a Francina o fue encontrado en otro lugar.
Creen que existe la posibilidad que no guarde relación con el caso. Indican que las pruebas documentales incorporadas por el MP, consistieron en varios recortes de periódicos. Asimismo, que no pueden extraer de forma certera ningún tipo de vinculación de los coimputados con los hechos endilgados, sino más bien generar dudas sobre si esta arma pertenezca o no a uno de los imputados.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.