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Condena suspendida a miembros de la red de César “El Abusador”

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Santo Domingo, RD.-Franchesca Pontentini,  jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo arribado por el Ministerio Público con los implicados en el caso de César Emilio Peralta (César “El Abusador”), estableciendo penas suspendidas que van desde los tres hasta los siete años de prisión.

La magistrada tomó la decisión al acoger el acuerdo presentado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional y diez de los miembros de la red criminal de César “El Abusador”.

En el caso el tribunal condenó a Heriberto de la Cruz Pérez a siete años de prisión; José Bernabé Quiterio a seis años; a Marisol Mercedes Franco, pareja sentimental de Peralta, así como a Yadher Rafael Jaquez Araujo, Alan Gilbert Bueno Alcequiez, Rodolfo Cedeño Ureña, Lidio Peña Mota, Rafael Reyes y Natanael Castro Cordero (a) Nato, el tribunal le impuso cinco años de prisión suspendida y tres años en la misma condición a Johanny Paniagua Peña de Rombley, quienes aceptaron su culpabilidad y arribaron a un acuerdo con el Ministerio Público.

En este proceso fueron disueltas 15 razones sociales vinculadas a la red criminal, siendo estas: Kaprich Dance Club, París Auto Detailing (Paris Bar and Lounge), De Niño Siempre Frías, Praga Auto Detailing (Praga Bar Disco), D’Jovanny Bar Disco, Koss Louge (Play Room RD Bar And Lounge), Génesis SRL, Inversiones Cedeño Ureña SRL, Inkoutyn Five SRL (La Koura Club), Damisel Ropas, Accesorios y Más, SA, Suplinka SRL, VIP ROOM SRL, Flow Gallery Lounge SRL, FLW & Asociados y UNLIMITED DANCE Discote (Aqua Club).

Además, se decomisó a favor y provecho del Estado dominicano 11 inmuebles de lujos torres y sectores de alto nivel económico del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como 12 vehículos (nueve de ellos jeeps y carros de marcas como Lexus, Mercedes Benz y Toyota, y tres motocicletas), tres armas de fuego de uso no apto para civiles, pertrechos militares, cápsulas para armas de fuego tipo pistola 9MM y escopetas calibre 12.

Se impusieron multas de 200 salarios mínimos a los imputados, calculando en 18 millones de pesos dominicanos.

A la imputada Johanny Paniagua, una multa de 10 salarios mínimos del sector público, ascendiendo a unos 100 mil pesos dominicanos.

De igual manera, se decomisaron más de 1 millón de pesos dominicanos, 100 mil dólares americanos y canadienses y todos los activos inmovilizados por las órdenes judiciales, emitidas por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, así como aparatos electrónicos de última generación, prendas de lujo como anillos de oro con piedras blancas y diamantes, relojes, etc.

Entre las reglas impuestas, está el no uso de armas de fuego, prestar servicios de utilidad pública y presentarse de manera periódica ante el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional que evaluará el cumplimiento de la sentencia.

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Sigue todavia el debate y los intentos por acabar con la cesantia laboral.

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Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.

El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.

Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.

Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.

Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.

El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.

Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.

Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.

“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.

Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.

Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.

Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.

Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.

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Autoridades Identifican piloto y copiloto fallecidos en accidente de avión en La Romana

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Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.

De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.

Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar

La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

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Imputados en Operacion XL526 en espera de medida de coerción.

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Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes  alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.

Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.

El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal. 

El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.

Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.

La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

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