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Se extingue acción penal de querellantes en caso Calamar
Santo Domingo, R.D.-Fue declarada la extinción penal de varios de los querellados en el caso Calamar por parte de la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entre cuyos beneficiarios están José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
declaró la extinción de la acción penal de varios de los querellantes que depositaron acusaciones particulares contra acusados en el caso Calamar por supuestamente estafar al Estado dominicano, donde figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo.
La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que los abogados de las partes querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 25 de agosto.
De acuerdo al abogado Carlos Escalante, quien representa a Angel Lockward, dijo que se archivaron tres casos que incluían a más de noventa querellantes, en total figuran unos 262 querellantes que interpusieron acciones particulares a la acusación presentada por el ministerio público.
“La decisión se tomó porque las acciones penales fueron «mal promovidas», declarando la extinción de la acción penal en estos casos, y uno de los casos archivados incluía a ochenta y cinco de estos querellantes.
Asimismo, la jueza dictaminó el desistimiento tácito conforme al artículo 134 del Codigo Procesal Penal al no presentarse, ni presentar querellantes ni poder especial los representados por el abogado Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota, dos abogados que habían promovido diversos aplazamientos incluyendo certificados médicos de ambos en la misma audiencia.
El tribunal además ordenó el desglose de dos querellados que están en grave estado de enfermedad, Andrés Moya de 86 años, que padece cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, quien tiene cáncer de próstata.
Escalante sostuvo que habían planteado diversas inadmisibilidades puesto que los querellantes no tenían derechos registrados en la parcela objeto de pago por parte del Estado y que además esos querellantes nunca firmaron contratos con el Estado de manera que no pudieron ser “engañados por nadie”.
Manifestó que la audiencia se centró en cuestiones de la técnica procesal seguida inicialmente por él y apoyada por Carlos Balcacer, las demás barras apoyaron diversos planteamientos que pudieron ser refutados por la nutrida barra de los querellantes.
La querella particular incluye a Amauri Peguero Cabrera, Ana Linda Fernandez de Paola, Andrés Guerrero, Belkis Antonia Tejada Martínez, Bethania Altagracias Rivas Martínez, tercero civilmente demandado, BXT Dominicana, Emir José Fernandez de Paolam, Enilda Ortiz Rodriguez, Eylin Arisbel Bautista Pérez, Felix Benjamin Lima Castillo, Grupo Amerinova, Grupo Bibefe.
También Humberto Alberto Santana Díaz, José Agustin Mota Núñez, Juana Lidia Cedano, Luis Antonio Peguero Cabrera, Merido de Jesús Torres Espinal, Natalia Cesarina Beltré, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, Pedro María de la Altagracia Veras, Prominex Multiservicios, Rafael Antonio del Rosario Castro, entre otros.
Cabe destacar que esa misma jueza conoce el juicio preliminar seguido en contra de los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros implicados en el sonado caso.
Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.
El caso ha generado una fuerte atención pública debido a que el Ministerio Público acusa a los implicados de desviar millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) busca en el tribunal establecer responsabilidades de los implicados en la de la presunta red de corrupción y los beneficiarios finales de los recursos sustraídos.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.