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Se extingue acción penal de querellantes en caso Calamar
Santo Domingo, R.D.-Fue declarada la extinción penal de varios de los querellados en el caso Calamar por parte de la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entre cuyos beneficiarios están José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
declaró la extinción de la acción penal de varios de los querellantes que depositaron acusaciones particulares contra acusados en el caso Calamar por supuestamente estafar al Estado dominicano, donde figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo.
La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que los abogados de las partes querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 25 de agosto.
De acuerdo al abogado Carlos Escalante, quien representa a Angel Lockward, dijo que se archivaron tres casos que incluían a más de noventa querellantes, en total figuran unos 262 querellantes que interpusieron acciones particulares a la acusación presentada por el ministerio público.
“La decisión se tomó porque las acciones penales fueron «mal promovidas», declarando la extinción de la acción penal en estos casos, y uno de los casos archivados incluía a ochenta y cinco de estos querellantes.
Asimismo, la jueza dictaminó el desistimiento tácito conforme al artículo 134 del Codigo Procesal Penal al no presentarse, ni presentar querellantes ni poder especial los representados por el abogado Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota, dos abogados que habían promovido diversos aplazamientos incluyendo certificados médicos de ambos en la misma audiencia.
El tribunal además ordenó el desglose de dos querellados que están en grave estado de enfermedad, Andrés Moya de 86 años, que padece cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, quien tiene cáncer de próstata.
Escalante sostuvo que habían planteado diversas inadmisibilidades puesto que los querellantes no tenían derechos registrados en la parcela objeto de pago por parte del Estado y que además esos querellantes nunca firmaron contratos con el Estado de manera que no pudieron ser “engañados por nadie”.
Manifestó que la audiencia se centró en cuestiones de la técnica procesal seguida inicialmente por él y apoyada por Carlos Balcacer, las demás barras apoyaron diversos planteamientos que pudieron ser refutados por la nutrida barra de los querellantes.
La querella particular incluye a Amauri Peguero Cabrera, Ana Linda Fernandez de Paola, Andrés Guerrero, Belkis Antonia Tejada Martínez, Bethania Altagracias Rivas Martínez, tercero civilmente demandado, BXT Dominicana, Emir José Fernandez de Paolam, Enilda Ortiz Rodriguez, Eylin Arisbel Bautista Pérez, Felix Benjamin Lima Castillo, Grupo Amerinova, Grupo Bibefe.
También Humberto Alberto Santana Díaz, José Agustin Mota Núñez, Juana Lidia Cedano, Luis Antonio Peguero Cabrera, Merido de Jesús Torres Espinal, Natalia Cesarina Beltré, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, Pedro María de la Altagracia Veras, Prominex Multiservicios, Rafael Antonio del Rosario Castro, entre otros.
Cabe destacar que esa misma jueza conoce el juicio preliminar seguido en contra de los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros implicados en el sonado caso.
Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.
El caso ha generado una fuerte atención pública debido a que el Ministerio Público acusa a los implicados de desviar millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) busca en el tribunal establecer responsabilidades de los implicados en la de la presunta red de corrupción y los beneficiarios finales de los recursos sustraídos.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.