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Se extingue acción penal de querellantes en caso Calamar
Santo Domingo, R.D.-Fue declarada la extinción penal de varios de los querellados en el caso Calamar por parte de la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entre cuyos beneficiarios están José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
declaró la extinción de la acción penal de varios de los querellantes que depositaron acusaciones particulares contra acusados en el caso Calamar por supuestamente estafar al Estado dominicano, donde figuran los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo.
La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que los abogados de las partes querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 25 de agosto.
De acuerdo al abogado Carlos Escalante, quien representa a Angel Lockward, dijo que se archivaron tres casos que incluían a más de noventa querellantes, en total figuran unos 262 querellantes que interpusieron acciones particulares a la acusación presentada por el ministerio público.
“La decisión se tomó porque las acciones penales fueron «mal promovidas», declarando la extinción de la acción penal en estos casos, y uno de los casos archivados incluía a ochenta y cinco de estos querellantes.
Asimismo, la jueza dictaminó el desistimiento tácito conforme al artículo 134 del Codigo Procesal Penal al no presentarse, ni presentar querellantes ni poder especial los representados por el abogado Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota, dos abogados que habían promovido diversos aplazamientos incluyendo certificados médicos de ambos en la misma audiencia.
El tribunal además ordenó el desglose de dos querellados que están en grave estado de enfermedad, Andrés Moya de 86 años, que padece cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, quien tiene cáncer de próstata.
Escalante sostuvo que habían planteado diversas inadmisibilidades puesto que los querellantes no tenían derechos registrados en la parcela objeto de pago por parte del Estado y que además esos querellantes nunca firmaron contratos con el Estado de manera que no pudieron ser “engañados por nadie”.
Manifestó que la audiencia se centró en cuestiones de la técnica procesal seguida inicialmente por él y apoyada por Carlos Balcacer, las demás barras apoyaron diversos planteamientos que pudieron ser refutados por la nutrida barra de los querellantes.
La querella particular incluye a Amauri Peguero Cabrera, Ana Linda Fernandez de Paola, Andrés Guerrero, Belkis Antonia Tejada Martínez, Bethania Altagracias Rivas Martínez, tercero civilmente demandado, BXT Dominicana, Emir José Fernandez de Paolam, Enilda Ortiz Rodriguez, Eylin Arisbel Bautista Pérez, Felix Benjamin Lima Castillo, Grupo Amerinova, Grupo Bibefe.
También Humberto Alberto Santana Díaz, José Agustin Mota Núñez, Juana Lidia Cedano, Luis Antonio Peguero Cabrera, Merido de Jesús Torres Espinal, Natalia Cesarina Beltré, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, Pedro María de la Altagracia Veras, Prominex Multiservicios, Rafael Antonio del Rosario Castro, entre otros.
Cabe destacar que esa misma jueza conoce el juicio preliminar seguido en contra de los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros implicados en el sonado caso.
Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, respectivamente.
El caso ha generado una fuerte atención pública debido a que el Ministerio Público acusa a los implicados de desviar millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) busca en el tribunal establecer responsabilidades de los implicados en la de la presunta red de corrupción y los beneficiarios finales de los recursos sustraídos.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/aplazan-coercion-contra-mujer-acusada-de-asfixiar-a-su-hija-5e5f222a.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.