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Tribunal niega indulto a exjefe de división de sobornos de Odebrecht que operó en RD

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Hilberto Mascarenhas en 2017. (DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

El tribunal reporta que los abogados del imputado solicitaron que prevaleciera el voto obtenido en dicha sentencia, a fin de considerar únicamente la pena efectivamente impuesta en cosa juzgada, a los efectos de aplicar el indulto decretado por el entonces presidente de Brasil, Miguel Temer, en la Navidad de 2017, en beneficio de aquellos condenados por crímenes cometidos sin violencia o amenaza, como corrupción o lavado de dinero.

Mascarenhas fue identificado por el Ministerio Público brasileño como el responsable del sector de sobornos de Odebrecht, llamado Departamento o División de Operaciones Estructuradas, que fue trasladado desde Brasil a la República Dominicana. Esta oficina fue creada para permitir a la empresa hacer pagos no registrados.

En las declaraciones que dio el exdirectivo en diciembre de 2016, como parte de un acuerdo con la justicia brasileña, indicó que las operaciones de dicho departamento se mudaron a la República Dominicana por razones de seguridad y porque contaban con el apoyo de la estructura que tenía la empresa Odebrecht en el país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó que Odebrecht repartió sobornos por aproximadamente US$788 millones en 12 países de Latinoamérica y África a cambio de contratos. En la República Dominicana la empresa admitió que pagó US$92 millones a funcionarios e intermediarios entre 2001-2014. La mayoría de esos pagos se hizo con fondos de la División de Operaciones Estructuradas.

Por los sobornos, en el país están siendo procesados en juicio de fondo los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón. Otros ocho fueron beneficiados con el archivo definitivo de sus expedientes, decisión que está bajo investigación por la Procuraduría.

“Identificamos que para bien de la familia sería mejor que se hiciese una instalación de dos oficinas donde podríamos operar”, dijo Mascarenhas en 2016. “La República Dominicana era un país que tenía un sistema de comunicación muy bueno, no tenía problemas de internet, funcionaba bien, teníamos una operación allá que podríamos dar apoyo”.

Aseguró que el traslado de la División lo decidió el entonces presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado inicialmente -en 2016 a 19 años y cuatro meses de prisión, y a finales de ese mismo año, él y otros 76 exejecutivos de la empresa firmaron un acuerdo de colaboración con las autoridades brasileñas que hizo posible reducir sus condenas.

“Nosotros trabajábamos de lunes a viernes en la República (Dominicana) y pasábamos el fin de semana en Miami en donde estarían nuestras familias, principalmente quien tenía niños pequeños estudiando”, dijo Mascarenhas al Ministerio Público brasileño.

El Tribunal Regional informa que la jueza federal Cláudia Cristina Cristofani argumentó que, dado que aún no se han cumplido los requisitos establecidos en el convenio de colaboración por parte de Mascarenhas, este no puede acudir a los tribunales pidiendo beneficios que no podrán ser otorgados o pretenda relativizar las obligaciones asumidas.

diariolibre.com

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Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.

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Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil  a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.

Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.

“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.

La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”

Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.

La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.

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Postergan para la próxima semana juicio de Operación 13.

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El juicio contra los imputados en el fraude de mas de 500 millones de pesos en un sorteo de la Lotería Nacional en el mes de mayo del 2021, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 13 de este mes de febrero.

La audiencia de este lunes, la tercera virtual consecutiva por razones de salud de una de las juezas, se realizó solo para recesar, según el abogado Plutarco Jáquez porque, según explicó, la ley estipula que luego de leerse la acusación, el juicio no debe detenerse por más de diez días porque se cae y hay que empezar de cero.

Solo a diez de los once imputados en el fraude se les conoce el juicio de fondo porque uno está prófugo.

Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente presentado por el Ministerio Público, que ha nombrado el caso como Operación 13 por ser el bolo del fraude.

Jáquez es el abogado de Valentina Rosario Cruz, Rafael Mesa, Jonathan Brea y Carlos Berigüete.

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Proyecto Bachilleres Bilingües ya no va, dice el Inafocam

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Por no iniciarse en el tiempo previsto y por no estar contemplado en el Plan Operativo Anual del 2022,  fue suspendido el proyecto de capacitación de bachilleres bilingües productivos, según lo informó el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De acuerdo con la entidad, para adjudicar el proyecto a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el «desvío de RD$598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del instituto», previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.

El Inafocam alegó que la gestión que encabeza Francisco Ramírez encontró varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo tres meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.

“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, establece una nota de prensa del instituto.

Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.

La entidad dijo que la formación bilingüe sigue siendo una prioridad para la actual administración, poniendo como ejemplo que actualmente la empresa PTS cuenta con varios proyectos en ejecución y que solamente en diciembre pasado le fueron pagados a su propietario Juan Valdez, la suma de 17,534,050 millones de pesos por diplomados y seminarios impartidos.

Garantizó que la enseñanza del idioma inglés se realizará, pero siempre de acuerdo con el cumplimiento a las leyes, normas, ordenanzas y protocolos de transparencia y calidad.

En los tribunales

La Contraloría General de la República y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas cuestionaron el proceso de selección utilizado en un contrato entre el Inafocam y Valdez Professional Training Systems (PTS). El acuerdo está en los tribunales.

Juan Valdez, gerente de PTS, dijo al programa El Informe con Alicia Ortega que haría valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al contralor de la República.

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