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Tribunal ordena a Fiscalía devolver 200 vehículos incautados a Unatrafin

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El tribunal rechazó introducir al juicio la calificación jurídica de lavado de activo, entre otras

SANTO DOMINGO. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó a la Fiscalía devolver unos 200 vehículos a la Unión Nacional de Trabajadores y Afines (Unatrafin), los cuales están en poder de la entidad por el proceso penal que se le sigue al empresario del transporte, Arsenio Quevedo y otros acusados de sicariato en perjuicio de choferes del transporte público.

El Tribunal acogió el incidente planteado por la barra de la defensa, en el entendido de que los secuestros de los inmuebles se hicieron basado en la investigación por lavado de activos que hacía el Ministerio Público, informó el abogado Plutarco Jáquez.

Antes de acoger la solicitud de los procesados, el tribunal rechazó introducir al juicio de fondo la calificación jurídica de lavado de activos, venta y tráfico ilegal de combustible, desfalco contra el Estado y falsificación de documentos, como solicitó el órgano persecutor, ya que los mismos fueron rechazados por la jueza que emitió el auto de apertura a juicio.

La audiencia donde se debate la acusación formulada por el Ministerio Público contra Quevedo así como del exregidor por Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís, Danilo Octavio Reynoso y Amauris Martínez Cabrera, continúa el próximo 3 de julio.

Kenya Romero Severino, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción, excluyó las calificaciones jurídicas por entender que “no se encuentran sostenidaa en oferta probatoria suficiente, que permita en otro estadio procesal configurar el tipo penal, al circunscribirse a la mera imputación, no sostenida en fardo probatorio al respecto”.

Romero había ordenado a la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, devolver varios bienes e inmuebles incautados durante el proceso investigativo por no corresponderse con la acusación. Quevedo, quien es expresidente de Unatrafin, está acusado de complicidad en el asesinato de los transportistas Mateo Nieves de Jesús, Overnys Guerrero y Ángel Javier, en tanto que los demás imputados son señalados como autores materiales de los hechos.

Por este caso permanece prófugo Félix Lora de Jesús, quien es señalado como un sicario asalariado, que, junto a los demás imputados, hicieron uso de una práctica criminal, que se ha materializado en todo el territorio nacional desde finales del año 2008.

Porte ilegal de armas

La acusación del Ministerio Público contra los señalados de integrar una banda de sicarios para el asesinato de choferes del transporte público de pasajeros incluye el porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal e intento de asesinato. Entre los elementos de pruebas a cargo figuran rastreos de llamadas telefónicas, videos, fotografía, documentos y testimonios de varias personas.

diariolibre.com

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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.

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Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero,  que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».

Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de  criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.

Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.

Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.

La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.

Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.

La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.

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La abogada María del Pilar Zuleta, parte del equipo de defensa de Donald Guerrero. (FUENTE EXTERNA)

La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.

María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.

«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.

Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.

«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.

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Tres querellas han sido presentadas en contra de Médico por abuso sexual.

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San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como  Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.

La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía  “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.

Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.

De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.

“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.

“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.

De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.

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Ponen plazo a defensa de Jean Alain para que presente su estrategia organizada

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SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz,  procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.

“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.

Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

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