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Tribunal ordena a Fiscalía devolver 200 vehículos incautados a Unatrafin
El tribunal rechazó introducir al juicio la calificación jurídica de lavado de activo, entre otras
SANTO DOMINGO. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó a la Fiscalía devolver unos 200 vehículos a la Unión Nacional de Trabajadores y Afines (Unatrafin), los cuales están en poder de la entidad por el proceso penal que se le sigue al empresario del transporte, Arsenio Quevedo y otros acusados de sicariato en perjuicio de choferes del transporte público.
El Tribunal acogió el incidente planteado por la barra de la defensa, en el entendido de que los secuestros de los inmuebles se hicieron basado en la investigación por lavado de activos que hacía el Ministerio Público, informó el abogado Plutarco Jáquez.
Antes de acoger la solicitud de los procesados, el tribunal rechazó introducir al juicio de fondo la calificación jurídica de lavado de activos, venta y tráfico ilegal de combustible, desfalco contra el Estado y falsificación de documentos, como solicitó el órgano persecutor, ya que los mismos fueron rechazados por la jueza que emitió el auto de apertura a juicio.
La audiencia donde se debate la acusación formulada por el Ministerio Público contra Quevedo así como del exregidor por Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís, Danilo Octavio Reynoso y Amauris Martínez Cabrera, continúa el próximo 3 de julio.
Kenya Romero Severino, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción, excluyó las calificaciones jurídicas por entender que “no se encuentran sostenidaa en oferta probatoria suficiente, que permita en otro estadio procesal configurar el tipo penal, al circunscribirse a la mera imputación, no sostenida en fardo probatorio al respecto”.
Romero había ordenado a la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, devolver varios bienes e inmuebles incautados durante el proceso investigativo por no corresponderse con la acusación. Quevedo, quien es expresidente de Unatrafin, está acusado de complicidad en el asesinato de los transportistas Mateo Nieves de Jesús, Overnys Guerrero y Ángel Javier, en tanto que los demás imputados son señalados como autores materiales de los hechos.
Por este caso permanece prófugo Félix Lora de Jesús, quien es señalado como un sicario asalariado, que, junto a los demás imputados, hicieron uso de una práctica criminal, que se ha materializado en todo el territorio nacional desde finales del año 2008.
La acusación del Ministerio Público contra los señalados de integrar una banda de sicarios para el asesinato de choferes del transporte público de pasajeros incluye el porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal e intento de asesinato. Entre los elementos de pruebas a cargo figuran rastreos de llamadas telefónicas, videos, fotografía, documentos y testimonios de varias personas.
diariolibre.com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.