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Juecen rechazan recurso de la defensa de exministro Díaz Rúa

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Santo Domingo, RD.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocen el caso Odebrecht rechazaron ayer dos recursos de oposición de la defensa del imputado Víctor Diaz Rúa y admitieron pruebas sobre empresa del encartado.

El tribunal presidido por Gisell Méndez, e integra­do por Tania Yunes y Ji­sell Naranjo, rechazó por separados los recursos in­terpuestos por los aboga­dos de Díaz Rúa, docto­res Miguel Valerio, Ramón Núñez y Laura Rodríguez.

Con la oposición la ba­rra de la defensa buscaba que el tribunal excluyera un informe financiero so­bre la Constructora Sola­ris, S.A.S, propiedad del imputado Díaz Rúa. El tri­bunal recesó la audiencia para continuar con el in­terrogatorio de la testigo a cargo del Ministerio Públi­co el próximo jueves a las 9:00 de la mañana.

Los jueces tomaron la decisión, tras acoger dos recursos oposición pre­sentados por los fiscales de la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Admi­nistrativa (Pepca), contra la decisión que excluía la incorporación de nuevas pruebas sobre informa­ción financiera de las em­presas de Díaz Rúa.

Mientras que los fiscales  de la Pepca, incorporaron al tribunal además, alrede­dor de diez informes finan­cieros que están conteni­dos con pruebas anexas en varios CD que registran las transacciones.

“De lo que ha pasado hoy (ayer), lo más importan­te a rescatar es que los pro­cesos penales se ganan con pruebas, y lo que ha he­cho el Ministerio Público es concentrarse en incorpo­rar pruebas en contra de los acusados del presente pro­ceso”, enfatizó Wilson Ca­macho, director de la Pepca.

Testigo revela

Mientras que la perita con­table Jisell Paulino Cáceres declaró en el tribunal que Díaz Rúa manejó durante 17 años, a título personal, aproximadamente 400 mi­llones de pesos y 30 millo­nes de dólares.

La testigo número 11 de la acusación, quien realizó los informes financieros de Díaz Rúa, dijo que el imputa­do manejó este dinero en di­versos productos financieros como cuentas de ahorro, co­rrientes, préstamos, tarjetas de crédito, certificados finan­cieros y otros.

La testigo, analista de la Unidad de Investigaciones Criminales del órgano acusa­dor, sostuvo que estos datos los plasmó en el informe que realizó con datos remitidos de entidades bancarias. Este informe fue incorporado al juicio como prueba a cargo.

De su lado, Díaz Rúa de­claró que la testigo está ha­ciendo un mal cálculo en cuanto a la cantidad de dine­ro que manejó, ya que se es­tá poniendo las cuentas del Partido de la Liberación Do­minicana (PLD), cuentas del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantari­llados (INAPA).

 JUICIO

“Arroz con mango”.

“Hay un arroz con man­go que no se sabe de dónde sale esa cantidad de 400 millones de pe­sos”, dijo Díaz Rúa, tras aclarar que la cuenta de los dólares son unos cer­tificados, que cuando se cancelan van a una cuenta, “pero no te en­tregan el dinero, toma el dinero que se necesi­ta y vuelve y abre otro certificado, pero que la testigo en su informe lo que hacía era que lo su­maba”.

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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