Nacionales
Furgones de Santo Domingo Este son reemplazados por Tribunales inteligentes.
Santo Domingo, R.D.-Este 27 de octubre se iniciará la primera Ciudad Judicial de Santo Domingo Este con la prestación de servicios a usuarios y abogados mediante orientación personalizada, fortaleciendo la operatividad del sistema judicial.
Con su apertura, cambia la cara de la justicia en esa jurisdicción, que pasa de funcionar en un furgón a operar en tribunales inteligentes y espacios dignos.
Además, contará con áreas de conexión para audiencias virtuales, un salón de capacitación y una zona de autogestión.
El proceso completo de habilitación por fases culminará el 13 de febrero de 2026, dentro del eje estratégico “100% Acceso”.
Molina destacó que la entrada en operación de esta moderna edificación, que albergará oficinas y tribunales de esa jurisdicción, representa una etapa crucial en la transformación del Poder Judicial, impulsada durante los últimos seis años con planificación, propósito y una profunda vocación de servicio.
El presidente del Poder Judicial resaltó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este es el resultado tangible de una visión institucional que concibe la justicia como un bien público esencial, construida para servir mejor, ofrecer respuestas más ágiles y fortalecer la confianza ciudadana, garantizando que cada usuario sienta que la justicia le pertenece.
Fases del traslado y habilitación
27 de octubre de 2025: Apertura de la fase cero o de preparación, con la habilitación del Espacio de Formación y Asistencia Digital y el Centro de Citaciones y Notificaciones.
17 de noviembre de 2025: Inicio de las operaciones de la jurisdicción Civil y Comercial, y ampliación del servicio secretarial y los salones de audiencia.
28 de noviembre de 2025: Incorporación de la jurisdicción Laboral, ampliando los servicios disponibles.
8 de diciembre de 2025: Integración de los servicios de mediación y del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción.
19 de enero de 2026: Habilitación de las oficinas y tribunales de la jurisdicción Penal, al igual que el Centro de Entrevistas.
13 de febrero de 2026: Activación de los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, en las áreas Civil y Penal, completando así la puesta en marcha total de la Ciudad Judicial.
La institución invirtió más de un millón de pesos en la formación del personal, incluyendo secretarios, abogados ayudantes y jueces, como parte del proceso de transformación del sistema de justicia en esa jurisdicción. Esta obra es considerada un símbolo del progreso institucional y del compromiso con una justicia moderna, accesible y al día, que también se extenderá hacia Santo Domingo Oeste y Norte.
Justicia eficiente y moderna
El magistrado Molina enfatizó que “la justicia eficiente no se define solo por la rapidez de las decisiones, sino por su capacidad de generar certeza, confianza y bienestar social”.
Cada proceso, dijo, debe tramitarse con orden y cada expediente resolverse a tiempo, fortaleciendo la legitimidad democrática del Estado y reafirmando el valor del trabajo judicial.
“El recorrido que hoy realizamos nos permite apreciar cómo la justicia dominicana avanza hacia un modelo integral y contemporáneo. Aquí confluyen las jurisdicciones civil, penal, laboral, comercial y de familia, junto con los servicios de atención ciudadana y gestión digital. Todo converge en una misma visión: ofrecer un servicio articulado, transparente y eficaz”.
El presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) indicó además que el país cuenta actualmente con más del 80% de los tribunales al día, y una Suprema Corte de Justicia que mantiene todos sus expedientes dentro de los plazos procesales razonables, logros alcanzados gracias a un esfuerzo institucional colectivo con el propósito de garantizar una justicia que inspire confianza.
Durante el recorrido por las instalaciones, Molina estuvo acompañado por jueces de la Suprema Corte de Justicia y periodistas de la fuente judicial.
Situación del Ministerio Público y la Defensoría Pública
Mientras tanto, los espacios asignados al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de la Defensoría Pública aún no están equipados ni cuentan con inmuebles habilitados.
El director nacional de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, informó recientemente que se trabaja en el proceso de licitación para equipar las áreas correspondientes y se preparan concursos para integrar nuevos defensores en esa jurisdicción.
En cuanto al Ministerio Público, aún se desconoce el cronograma para equipar sus espacios en la nueva Ciudad Judicial.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.